(CNN Español) – El Congreso de Perú quiere imponer mano dura contra la corrupción: el Legislativo aprobó de manera unánime este miércoles un proyecto para condenar severamente los delitos cometidos por los funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de su función. La idea es que estos casos no prescriban, es decir, evitar que los términos penales expiren. La adhesión al proyecto fue total, pues los 111 legisladores votaron a favor y no hubo abstención.
Ahora, para hacerse realidad, la iniciativa debe reformar la Constitución y pasar otra votación (que deberá realizarse entre el próximo 27 de julio y el 15 de diciembre) con más de 87 votos favorables por parte de los parlamentarios. Sin embargo, la presidente del Congreso, Luz Salgado, explicó que con la primera aprobación, el Parlamento dio una señal de su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, como lo reportó la agencia de noticias peruana, Andina.
“Aquí el delito no prescribe y (el implicado) va tener que ser perseguido hasta que cumpla una sanción”, insistió Salgado durante una conferencia de prensa este miércoles. Y agregó que con este hecho se terminó la impunidad en las denuncias contra funcionarios o servidores que no eran castigados.
La medida, de acuerdo al documento oficial publicado en el portal del Congreso, prevé que el plazo de la prescripción de la acción penal se duplique cuando se trate de delitos cometidos contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado. Y eso aplicaría tanto a servidores o funcionarios públicos como a particulares. Además, en los casos más graves, la acción penal nunca expiraría.
El Código Penal de Perú establece que el funcionario o servidor público que defraude al estado al concertar con los interesados en “contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial”, tendrán una pena entre 3 y 15 años. Y la prescripción para los delitos en ese país, hasta que se apruebe esta la reforma contra la corrupción, tiene un tiempo igual al máximo de la pena, como lo estipula también el Código Penal.
Esta decisión se tomó dos días antes de las marchas contra la corrupción que se organizan en Perú para protestar por el escándalo de los sobornos que Odebrecht habría pagado a funcionario públicos y para exigir justicia.
El presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski saludó al Congreso en su cuenta de Twitter por la decisión que tomó a favor de prevenir y castigar la corrupción:
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres, se refirió a la aprobación de la propuesta como “histórica”, pues tras 17 años y 52 intentos legislativos el pleno de los parlamentarios estuvo de acuerdo con la medida. “Tuvieron que pasar muchas legislaturas, en el pasado se presentaron propuestas pero al momento de votar nunca se aprobaron. Hoy se aprobó esta medida trascendental por unanimidad, se trata de un mensaje claro contra la corrupción”, le declaró a Andina. También reveló que las figuras jurídicas de colusión, peculado doloso y culposo y la asociación para delinquir, entre otras, estarán presentes en la futura ley.
Además, este viernes se presentaron otros proyectos anticorrupción durante el foro público Pacto Ético Ciudadano Contra la Corrupción y la Impunidad. Allí el legislador Dammert Ego Aguirre sostuvo que presentó un proyecto de ley para prohibirles a los funcionarios públicos, representantes de elección popular, receptores de subvenciones públicas especiales y otros de contar con una cuenta “offshore”, pues “constituyen paraísos fiscales que permiten evadir pago de tributos al erario fiscal nacional”. Añadió que el objetivo es crear medidas contra la corrupción que pueda estar derivada en la tenencia de bienes y capital en paraísos fiscales.
Para la representante ayacuchana Tania Pariona, la lucha contra la corrupción también pasa por incluir a la ciudadanía organizada, según dijo en el mismo foro el viernes. En ese sentido señaló que su proyecto de ley busca la creación, funcionamiento y reconocimiento de las veedurías ciudadanas y comités de vigilancia para prevenir, identificar y denunciar actos de corrupción.