(CNN) – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está apuntando a las famosas ciudades santuario con operaciones reforzadas, con la intención de presionar a esas jurisdicciones para cooperar con los agentes de inmigración federales, según le dijo a CNN un alto funcionario estadounidense de inmigración que conoce directamente las acciones del ICE.
Una “ciudad santuario” es un término amplio que se refiere a estados, ciudades y/o condados que tienen políticas diseñadas para limitar la cooperación o participación en la ejecución de operaciones federales de inmigración. Más de 100 jurisdicciones en Estados Unidos –entre las que se encuentran ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago– se identifican como tal.
Los funcionarios de alto rango de la ICE han discutido, durante reuniones internas, hacer más redadas en estos lugares, informó la fuente. Esta semana, un juez federal de Texas parece haber confirmado esa estrategia. El magistrado estadounidense Andrew Austin reveló este lunes, durante una audiencia de inmigración, que a mediados de febrero se efectuó una incursión en el área metropolitana de Austin como retaliación por la reciente decisión de una alguacil local de limitar la cooperación de su departamento con el ICE.
“Han surgido preguntas sobre si Austin es un objetivo (para la ICE). Tuvimos una reunión informativa… de que podríamos esperar una gran operación, con agentes llegando de otros lugares. Iba a ocurrir una operación específica y en esa reunión se nos relacionó que el resultado de la nueva política de la alguacil sería que esto iba a ocurrir”, afirmó el juez Austin en un audio de la diligencia proporcionado por el tribunal. Los comentarios del magistrado ocurrieron después de que él cuestionara a un agente del ICE por una reciente detención que no estaba relacionada.
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El juez Austin también señaló que en una reunión de finales de enero, oficiales locales del ICE le señalaron a él y a otro juez federal que se estaba preparando una operación inmigratoria, como respuesta directa a la decisión de la alguacil Sally Hernández de adoptar la política de ciudad santuario en el condado de Travis. A principios de este año, Hernández anunció que a partir de febrero su departamento ya no cumpliría con los arrestos del ICE a menos que el individuo fuera detenido por asesinato, agresión sexual o tráfico de seres humanos, o se hubiera emitido una orden judicial. Una orden de detención es una solicitud de arresto del ICE por 48 horas en las cárceles locales contra personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, hasta que los agentes federales puedan llegar y asumir el caso.
Se trata de un cambio significativo en la política de inmigración del condado que ha puesto a la recién elegida alguacil demócrata en problemas con funcionarios locales y estatales, incluyendo al Senado de Texas que recientemente aprobó un proyecto de ley para retener el financiamiento estatal de las ciudades santuario. Así como al gobernador del estado Greg Abbott, quien recortó 1,5 millones de dólares en fondos para el condado.
Días después de que la alguacil Hernández promulgara la nueva medida, una serie de redadas contra inmigrantes indocumentados provocó 51 arrestos, alimentando la especulación de que la ciudad estaba siendo un blanco intencional. Y los comentarios del juez ante el tribunal han avivado aún más esas llamas.
“Lo que entiendo, lo que se nos dijo, es que una de las razones de que eso haya pasado se debía a que las reuniones entre el director de la oficina de campo (del ICE) y la alguacil no resultaron muy bien”, señaló también el juez Austin durante la audiencia. Intentamos contactar al magistrado, pero se negó a hacer más comentarios.
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La alguacil Hernández también se rehusó a dar declaraciones al respecto porque ella no estaba presente durante la reunión entre los jueces y los agentes de inmigración. Sin embargo, el ICE negó categóricamente cualquier sugerencia de que las operaciones planeadas estuvieran específicamente dirigidas al condado de la alguacil.
“Los rumores y reportes de que las recientes operaciones del ICE están apuntando directamente al condado de Travis, en Texas, aparte de las operaciones normales, son inexactas”, se lee en una comunicado emitido por la entidad. Sin embargo, la declaración agregó que “se requiere más actividad operacional del ICE para conducir grandes detenciones en cualquier jurisdicción que no honre las órdenes inmigratorias de detención del ICE”.
Este aumento en la “actividad operacional” dentro de las ciudades santuario es una de las maneras en las que el ICE presiona a las autoridades locales y que también hace parte de una estrategia mucho más amplia para obligar a la cooperación, de acuerdo con el funcionario de inmigración que accedió a hablar con nosotros bajo la condición de anonimato. Las autoridades en varias ciudades santuario comenzaron a quejarse de que podrían estar siendo un blanco intencional del ICE, después de que un en febrero conjunto de redadas por todo el país resultara en casi 700 detenciones. Sin embargo, el ICE describió estas operaciones como algo rutinario y aseguró que fueron planeadas desde el gobierno anterior, es decir la presidencia de Barack Obama.
No obstante, el alto funcionario señaló que las redadas ocurrieron de manera abrumadora en las jurisdicciones santuario. La fuente también aseguró que durante la reciente reunión entre el ICE y algunas organizaciones no gubernamentales, poco después de que la operación se efectuara, un alto funcionario de la ICE les dijo a los defensores de inmigrantes que si sus agentes no tenían acceso a las cárceles locales, a los funcionarios de la entidad no les quedaba otra opción más que realizar arrestos a gran escala en otros lugares públicos o hogares.
Una de las abogadas que estaba presente en esa reunión confirmó los comentarios y señaló que el mensaje era claro: cooperar o esperar más incursiones. También indicó que estaba sorprendida al descubrir por primera vez que grupos opositores a la inmigración ilegal y a favor de la ejecución de estas medidas, como el Centro para Estudios de Inmigración –que fue señalado por el Southern Poverty Law Center como un grupo de odio–, fueran invitados a participar. Las reuniones regulares entre el ICE y los grupos exclusivamente a favor de la inmigración se establecieron en 2003 por el gobierno de George W. Bush, con el objetivo de tener la contribución de la comunidad en las acciones de aplicación y otros asuntos.
El ICE ha negado que cualquier operación de ejecución se interprete como una retaliación contra las jurisdicciones santuario. También reiteró que las redadas son la continuación de las acciones normales que adelanta la agencia para mantener segura a la población de Estados Unidos.
“El ICE regularmente conduce operaciones inmigratorias con objetivos a lo largo del país para mejorar la seguridad pública y la seguridad nacional, así como para garantizar la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación”, aseguró la agencia en respuesta a estas acusaciones. “Nuestras acciones de ejecución no son aleatorias y se enfocan a infractores específicos, con base en la información de inteligencia previa”, insistió.
Aún así, lo que parece estar ocurriendo es que el gobierno de Trump empezó a intensificar la presión contra las ciudades santuario. Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó su primer reporte semanal en el que nombra las jurisdicciones que se niegan a retener y liberar inmigrantes que puedan se objeto de deportaciones. Junto con la lista nacional de lugares que entre el 28 de enero y el 3 de febrero no cumplieron regularmente las solicitudes de detención de personas acusadas o condenadas por un delito, el DHS también destacó los 10 condados que más declinaron órdenes de detención del ICE.
Travis, el condado de la alguacil Sally Hernández, está casi en la cima de la lista. Con base en el reporte, su jurisdicción ha declinado 128 órdenes de detención y ha liberado docenas de reclusos en el periodo de tiempo ya mencionado. Una estadística que ha intensificado las críticas en su contra por el cambio de política. La alguacil contestó asegurando que el informe cubre justo el periodo previo a la fecha en que entró a regir su decisión: 1 de febrero. Y añadió que desde entonces el número de solicitudes de detención declinadas ha disminuido.
El presidente Donald Trump ha sostenido que las ciudades santuario ponen en peligro la seguridad pública y la seguridad nacional, al amparar a los criminales y al no entregar las personas sospechosas y condenadas a las autoridades federales. Esto, también ha indicado el mandatario, a pesar de la necesidad de coordinación con las autoridades locales y de las operaciones reforzadas. Durante toda la campaña y desde que llegó a la Casa Blanca, Trump estableció como prioridad tomar duras medidas contra la inmigración ilegal y las ciudades santuario.
Sin embargo, los funcionarios en la mayoría de estas ciudades santuario han respondido con la decisión de permanecer firmes en su compromiso con las política de estos lugares. Aunque algunas ciudades, como Los Ángeles y Nueva York, recientemente adoptaron medidas adicionales para proteger los inmigrantes indocumentados que están en su jurisdicción, todo indica que deben prepararse para más redadas.