(CNN Español) – En Uruguay se prohibieron los piquetes y cierres de caminos, calles y carreteras que se usan comúnmente para realizar piquetes y protestas.
La medida fue oficializada el pasado 20 de marzo por el Consejo de Ministros de Uruguay, presidido por el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez. El mandatario firmó un decreto que prohíbe estas medidas pues pretende “garantizar el derecho a la libre circulación, al orden público y la tranquilidad”, afirma el documento.
El decreto señala que “el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.
La ley en Uruguay atribuye a la Policía Nacional las “tareas de observación, información, prevención, disuasión y, excepcionalmente, represión, cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la República”, según dice la Ley 18.315.
La medida tomada por el gobierno establece que, por lo tanto, dicho organismo será el encargado de restablecer el orden en el caso de darse situaciones que vulneren los derechos mencionados.
El decreto afirma que los piquetes y cierres de rutas “alteran el orden y la tranquilidad públicas, perjudicando el transporte de personas y mercaderías”.
Ya se han levantado voces en contra del decreto desde el sector sindical. Dos de los gremios con más peso de Uruguay, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), emitieron sendos documentos rechazando la medida.
COFE en un comunicado emitido el 24 de marzo, expresa que repudia y se opone a “cualquier intento de coartar la libertad de los trabajadores de manifestarse libremente en defensa de sus derechos”.
“Nuestro sindicato entiende que el Poder Ejecutivo ha venido promulgando varios decretos que tienden a criminalizar la protesta además de imponer condiciones a los trabajadores organizados que no deberían estar en el espíritu de un gobierno progresista”, afirma la confederación.
Por otro lado, la Fenapes se expresó el 27 de marzo, también a través de un comunicado, en el que afirma que “los docentes rechazamos que se limite el derecho a la protesta de cualquier colectivo que denuncie una injusticia”. Además, avisa que el sindicato desarrollará “todas las acciones jurídicas y de lucha hasta lograr la derogación de dicho decreto”.
Desde el Ministerio del Interior se defendió a la medida firmada por el Consejo de Ministros. El doctor Charles Carrera, director general de la Secretaría del Ministerio, publicó una columna el mismo día que se dio a conocer el comunicado de la Fenapes en la que expresa que “gobernar es tener que poner límites, tener derechos es también tener obligaciones, hoy solo vivimos el paradigma de los derechos y nos olvidamos que existen obligaciones, debo ejercer mis derechos sin atacar los derechos del otro”.