(CNN Español) – La justicia en Colombia condenó este miércoles al asesino de la niña Yuliana Samboní a 51 años y 10 meses de prisión. Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 39 años de una familia prominente de Bogotá, fue encontrado culpable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado, según dijo la jueza del caso este miércoles.
Uribe Noguera no tendrá ninguna clase de beneficio por tratarse de una víctima menor de edad: ni disminución de la pena, ni prisión domiciliaria u otros.
El caso de Yuliana estremeció a la sociedad colombiana, por lo que varios sectores han expresado su inconformidad con la pena, pues inicialmente se había solicitado la mayor pena en Colombia: 60 años de prisión.
La Fiscalía anunció este miércoles que apelará la condena emitida este miércoles al considerar que “la pena debería corresponder al máximo legal, esto es, sesenta años”.
Este recurso, que también fue presentado por el abogado de las víctimas, deberá ser sustentado entre los próximos cinco días ante el Tribunal Superior de Bogotá, autoridad encargada de decidir si mantiene o aumenta el número de años que deberá cumplir el condenado en la cárcel.
El padre de Yuliana, Juvencio Samboní, dijo tras escuchar la sentencia que estaba decepcionado de que no le hubieran dado la pena máxima. “Esperábamos justicia, y justicia a medias no sirve”, dijo este miércoles.
¿Por qué no le impusieron la mayor pena?
Según Felipe Tenorio, abogado penalista y profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad del Rosario en Bogotá, el tema de la dosificación punitiva en Colombia (con el que se determinan las penas) es un tema complejo.
“En Colombia no es como en Estados Unidos que vemos que a alguien lo condenan a 4 cadenas perpetuas y 20 años más. Aquí no se suman los delitos, simplemente hay reglas específicas para establecer cómo se determina una pena cuando hay varios delitos, pero no se suman. La regla es que se toma el más grave y al más grave se le aumenta hasta la mitad de esa pena por los demás”, afirma.
Tenorio dice que en el caso de Uribe es difícil saber cuál de los delitos es más grave, y que no se sabrá sino hasta conocer la sentencia, pero explica que, por ejemplo, en Colombia si alguien roba una casa y en pleno robo comete un homicidio, por el homicidio podría recibir, por ejemplo, 20 años, de acuerdo a las circunstancias del caso, y por el robo hasta otros 10.
Sin embargo, el abogado dice que en el caso de Uribe Noguera la dosificación de las penas no tuvo que ver con la condena inferior al máximo, sino un mecanismo que se llama quántum punitivo, que estipula que hay penas mínimas y máximas y que los jueces determinan por condiciones objetivas.
Explica que una vez establecido el hecho, se debe establecer la pena y para ello se les pide a las partes que identifiquen al sujeto: si tiene antecedentes, familia u otras características puntuales que puedan dar elementos de juicio. Uribe Noguera no tenía antecedentes, pero no se puede afirmar que esa haya sido la razón de que no se impusiera la pena máxima.
Tenorio dice que en su opinión y conocimiento del tema pudo haber habido una reducción por la aceptación de responsabilidad.
“Si se acepta la responsabilidad en la imputación, que no fue el caso de Uribe Noguera, que primero se declaró inocente y luego culpable, podría haber tenido una reducción del 50%. Si no se acepta en la imputación y luego se convoca a una nueva audiencia donde acepta responsabilidad, accede a una reducción de hasta el 25%”, afirma.
Otra pregunta que ha surgido tras la sentencia es si Uribe Noguera podría recibir rebaja de pena por realizar trabajos y estudiar en prisión, aunque la jueza le negó los beneficios.
“Consideramos que si trabaja y estudia, que es el único derecho que tiene, va a poder salir en 37 años”, le dijo este miércoles a CNN en Español Miguel Ramírez, abogado penalista.
Sin embargo, Tenorio dice que no lo ve viable, “por más que estudie”, y cita los esfuerzos políticos de la senadora Gilma Jiménez, y posteriormente de su hija cuando ella falleció, de impulsar un referendo para aprobar que se castigue con cadena perpetua a abusadores y asesinos de niños.
En 2008 la iniciativa que presentó la senadora no pasó en Congreso. En diciembre de 2016, su hija Johana presentó ante la Registraduría Nacional de Colombia una iniciativa para recoger firmas para el referendo.
“Es un asunto de contexto político con lo del Gilma Jiménez y el referendo de cadena perpetua para los violadores de niños. Hay presión de la opinión pública por inclinarse a dar argumentos a favor de este tema”, afirma.
Tenorio cita el caso de Luis Garavito, un criminal colombiano conocido como ‘La Bestia’, sentenciado en 1999 a 40 años por el asesinato de 100 menores de edad, y quien en 2006 obtuvo una reducción a 24 años por informarles a las autoridades el paradero de los cuerpos de algunos niños.
Ese mismo año el periodista Guillermo Prieto La Rotta publicó una entrevista con Garavito desde la cárcel de la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar en la que el comunicador afirmaba que ‘La Bestia’ podría recibir rebajas en su tiempo en prisión por las horas de estudio acumuladas y por su buena conducta.
La posibilidad de que este asesino de niños estuviera libre de nuevo aterró y alertó a la sociedad colombiana.
Para hacer efectiva esa reducción el sentenciado tendría que presentar un recurso, hecho que no ha sucedido, pero que deja a muchos preocupados. Tenorio dice con ese antecedente del repudio que recibió esa posibilidad, y de las iniciativas para que este tipo de crímenes tengan las penas más severas, no cree que un juez esté dispuesto a estudiar darle beneficios ni por estudiar ni por buen comportamiento.
“Somos un país carcelero y la opinión pública se inclina a dar argumentos a favor de ese tema”, añade.
Según el abogado penalista Jaime Lombana, citado por la Revista Semana en una nota publicada este jueves, la pena de Uribe Noguera podría reducirse hasta 35 años de prisión. Tenorio dice que Lombana asegura que esta situación se podría dar teniendo en cuenta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que en 2016, en un caso particular, aceptó que a un sentenciado se le tomaran en cuenta las horas de estudio y trabajo para reducir su condena. Sin embargo, explica Tenorio, este caso particular no podría primar sobre lo estipulado por el Código de Infancia y Adolescencia.
Sobre si la Fiscalía o la familia de Yuliana pueda lograr que se le imponga una pena mayor, Tenorio dice que es incierto.
“No sabría decirte por la envergadura del caso. Un juez podría aplicar el derecho para dar ejemplo a la sociedad, una pena ejemplificante. Que eso tenga contexto jurídico, no creo, me parece que los beneficios de aceptar la responsabilidad son objetivos”, finaliza.