(CNN Español) – En medio de la conmoción institucional en Venezuela por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, muchos se preguntan si la medida de esa corte es válida y legal.
¿Cómo entender una decisión de esa naturaleza en un Estado cuya separación de poderes ha sido tan cuestionada? Consultamos a expertos constitucionalistas para descifrar la legalidad y pertinencia del fallo.
“Fractura a la Constitución”
“No existe ningún artículo de la constitución [venezolana] que le permita al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional asumir las competencias de la Asamblea Nacional. (El TSJ) asumió las competencias no solo Legislativas, asumió las competencias de control político”.
Esta es la lectura que da Cecilia Sosa, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia a la sentencia del TSJ emitida este miércoles en el que despoja a la Asamblea Nacional de mayoría opositora de todos sus poderes por la persistencia de lo que consideran el desacato del parlamento.
En entrevista con CNN en Español, la doctora Sosa explica que el dictamen “es algo que verdaderamente fractura, rompe, destruye la Constitución y el estado de derecho en Venezuela”.
La sentencia número 156 de la Sala Constitucional surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos referente a la creación de empresas mixtas sin la debida aprobación de la Asamblea Nacional.
Según el dictamen del TSJ, en la situación actual de desacato se debe replantear la interpretación de esta norma.
Por ello, el despojo de funciones de la Asamblea Nacional garantiza, según el Supremo, “que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el estado de derecho”.
¿Desacato o o concentración de poderes?
Moisés Naím, exministro de Fomento de Venezuela, dice que la inexistencia de un artículo en la constitución que contemple la adjudicación de funciones entre poderes es de poca importancia para el gobierno de Nicolás Maduro.
“La parte legal y los formalismos legales nunca le han importado al gobierno. Cuando el gobierno ha querido hacer algo en los últimos 17 años, lo ha hecho”, dijo Naím a CNN en Español.
Pero, ¿cómo es que algo relacionado al Ministerio de Hidrocarburos lleva al TSJ a asumir todos los poderes de la Asamblea?
La doctora Sosa indica que “lo que el Ejecutivo no quiere es que la Asamblea Nacional ejerza las funciones de control, y utilizando y amparándose en el pretendido desacato (…) precisamente por eso dicen ahora: ‘como ustedes siguen desacatando la sentencia de una manera genérica, entonces yo asumo todas las funciones de la Asamblea Nacional’. Precisamente la pregunta plantea la falta de Estado de Derecho que hay en Venezuela”.
Sosa añade que ahora se está concentrando “a través de la Sala Constitucional, todo el poder en una sola persona: en el presidente de la República”.
Una visión que difiere a la de los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro.
El diputado Diosdado Cabello celebró la sentencia del Supremo y ratificó que el “Tribunal Supremo de Justicia asumirá las competencias parlamantarias mientras persista la situación de desacato de la Asamblea Nacional”.
¿Es o no es un golpe de Estado?
Una de las primeras reacciones ante la sentencia provino del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien en un acto simbólico rompió una copia de la sentencia del TSJ, calificó el texto de “basura” y dijo que se trataba de un “golpe de Estado”.
Tanto Sosa como Naím concuerdan.
“Si por golpe de Estado se entiende que el presidente, el jefe, el caudillo del país logra concentrar todo el poder y ahí se hace solo y únicamente lo que el dice, donde quienes tienen otras maneras de ver las cosas, quienes tienen otras opiniones, quienes representan a otra parte, no tienen derecho a tener ninguna influencia”, dijo Naím a CNN en Español.
“(Borges) tiene razón, sí es un golpe de Estado, porque (es) suprimir un poder del Estado a través de una sentencia que además es nula en pleno derecho”, dice Sosa y añade que “cuando (Borges) dice que esto es un golpe de Estado, porque para que la Sala Constitucional se haya atrevido a dictar esta decisión, es porque detrás el Alto Mando la ha respaldado, (al) Alto Mando Militar me estoy refiriendo concretamente para que no haya duda y si no lo respaldaron tendrían que aclararlo”.
CNN en Español contactó al Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela pero no ha recibido respuesta.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a través de un comunicado denunció un “auto golpe de Estado” en Venezuela.
“Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, dice dicho comunicado.
Naím indica que “lo que estamos viendo hoy sencillamente es que la máscara que se les ha venido cayendo desde hace ya un tiempo, la máscara de democracia, el maquillaje de democracia que habían tenido desde hace tiempo y ya lo están perdiendo por completo”.
Un año de impasses
El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional han sostenido desde enero de 2016 una batalla de poderes.
El 11 de enero de 2016, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declaró a la directiva de la AN –en ese entonces liderada por Henry Ramos Allup– y a los diputados impugnados en desacato.
En ese entonces, el Tribunal Supremo ordenó desincorporar a tres diputados opositores y uno oficialista juramentados el 5 de enero de 2016. Según el Supremo, existieron supuestas irregularidades en la elección de los parlamentarios, algo que generó un enfrentamiento de poderes entre oposición y oficialismo.
A pesar de esta suspensión, la directiva de la Asamblea Nacional juramentó a los diputados opositores el 28 de julio de 2015, lo que constituyó una “violación flagrante del orden público constitucional”, según el TSJ.
El 5 de septiembre de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos los actos de la Asamblea Nacional.
El 23 de octubre de 2016, durante una sesión extraordinaria la AN aprobó un acuerdo que declara “la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la existencia de un golpe de Estado, cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela”.
El 27 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional inicia un proceso para evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro para determinar si incurrió en abandono de cargo.
El 9 de diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro pide despedir a la Asamblea Nacional porque, según el mandatario, no ha tenido quorum y en un año (en 2016) han faltado 34 días.
El 13 de diciembre de 2016, la Asamblea Nacional aprueba un acuerdo para responsabilizar al presidente Nicolás Maduro por la “grave ruptura del orden constitucional y democrático, violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas de la nación”.
El 5 de enero de 2017, la Asamblea Nacional nombra a un nuevo presidente, Julio Borges.
El 9 de enero de 2017, la AN declara abandono de cargo por parte de Nicolás Maduro.
El 11 de enero de 2017, en entrevista con CNN en Español, el presidente Maduro dice que la AN es “la institución más desprestigiada y repudiada de Venezuela”.