Nota del editor: Danny Cevallos es un analista legal de CNN, abogado criminalista y socio de Cevallos y Wong, que trabaja en Pensilvania y las Islas Vírgenes estadounidenses. Síguelo en Twitter: @CevallosLaw. Las opiniones expresadas en este comentario son de su propia responsabilidad.
(CNN) – En los próximos días, la orden del presidente Trump de atacar con misiles de crucero Tomahawk la base aérea siria de Shayrat será tanto elogiada como criticada. También podría ser calificada de ilegal.
En justicia, la autoridad de un presidente para atacar con misiles de crucero a otro país sin consultar al Congreso se ha convertido, en la era contemporánea, en un área nebulosa del derecho constitucional. Es cierto que bajo el Artículo I, Sección 8, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, imponer los impuestos y decretar el gasto para la defensa, así como ordenar las provisiones de las fuerzas armadas.
En el aspecto ejecutivo, sin embargo, la Constitución nombra simultáneamente al presidente como “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de Estados Unidos”, quien debe, en la medida de sus posibilidades, “preservar, proteger y defender la Constitución” del país.
Más allá de la Constitución, la legislación federal e incluso el derecho internacional pueden definir el poder del ejecutivo. La Resolución sobre las Potencias de Guerra (1973) limita los poderes constitucionales del presidente como comandante en jefe de participar en “hostilidades” sólo cuando hay: (1) una declaración de guerra, (2) una autorización estatutaria específica, o (3) Una emergencia nacional creada por un ataque contra Estados Unidos, o sus militares.
Si bien una razón “humanitaria” para los ataques parece ciertamente un objetivo moral loable, esto podría no ser una razón válida para atacar bajo la ley nacional. A nivel internacional, la Carta de las Naciones Unidas parece prohibir explícitamente toda intervención militar extranjera sin la autorización del Consejo de Seguridad, a menos que se tome en legítima defensa. Sin embargo, el presidente tiene una manera fácil de superar estas limitaciones legales.
Él puede hacer lo que quiera. Si insiste en que tiene la autoridad, entonces el Congreso lo respaldará, o al menos no discutirá con él. Los tribunales probablemente se mantendrán al margen.
¿Cómo puede ordenar ataques aéreos en aparente desafío a la Constitución, al derecho federal e internacional? Simple: los otros lo hicieron.
Otros presidentes han lanzado ataques contra naciones soberanas por razones humanitarias. Bill Clinton lo hizo en Kosovo, y justificó la intervención en Haití y Bosnia. Barack Obama inició una acción militar en Libia, y amenazó con hacerlo también en Siria.
Tanto Bill Clinton como Barack Obama adoptaron la posición de que la autorización del Congreso no es necesaria si la acción militar no se eleva al nivel de “guerra”. El gobierno de Clinton justificó el uso de la fuerza por parte del presidente en el extranjero sin la aprobación del Congreso, siempre y cuando existiera un “interés nacional convincente”. Probablemente no es coincidencia que el pasado jueves por la noche, un funcionario estadounidense insistiera en que el presidente Trump tiene el poder amparado por la Constitución para usar la fuerza en el extranjero con el fin de defender el interés nacional de Estados Unidos.
Es bastante sorprendente cuando se piensa en ello: disparar 59 misiles Tomahawk a una base militar en una nación soberana podría no ser un “acto de guerra”, constitucionalmente. Los artífices del texto constitucional no tenían misiles de crucero, por lo que no expresaron ninguna opinión sobre si utilizarlos para alcanzar objetivos en otros países a mil kilómetros de distancia constituía un acto de “guerra”. Pero los legisladores del siglo XVIII estaban definitivamente familiarizados con el concepto de una “guerra limitada”, campañas militares de duración supuestamente corta, pero más que una ofensiva única. Es difícil imaginar que hubiesen considerado que cualquier ataque, con misil o bala de cañón, no sea un acto de guerra que requiera una autorización del Congreso.
Algunos miembros del Congreso se han quejado en voz alta de que este ataque podría ser ilegal. Otros, como los demócratas, afirman que Trump debería haber pedido permiso primero. En última instancia, esas denuncias pueden ser más una forma que una sustancia. Como ha sostenido un estudioso, “el sistema político actual le da al presidente incentivos para extralimitarse, al Congreso incentivos del Congreso para asentir y a los tribunales incentivos para diferir” cuando se trata de acciones militares limitadas en el extranjero.
La historia nos ha demostrado que, a pesar de las voces críticas, el Congreso probablemente autorizará después del hecho, o simplemente no hará nada. Los tribunales tampoco quieren participar en ello. En el pasado, han desestimado los casos presentados por miembros del Congreso que afirmaron que el uso por parte del presidente de la fuerza militar en el extranjero violaba la ley federal y la Constitución.
A veces evaluar una acción a través de la lente de la ley parece trivial cuando nos enfrentamos con imágenes de niños siendo atacados con gas por su propio gobierno. Pero, aunque son horribles, esas acciones no son definitivamente un ataque contra Estados Unidos o sus tropas.
Aún así, no se puede esperar que Trump se adhiera a las limitaciones legales que los presidentes anteriores simplemente han ignorado, o convenientemente reinterpretado. La Constitución confiere al Congreso el poder exclusivo de declarar la guerra. Parece que en los tiempos modernos, el presidente tiene el poder de determinar lo que es el “interés nacional”, y cuando se requiere la ráfaga ocasional de misiles en el campo de aviación militar de una nación soberana.
Es posible que hayamos entrado en una era en la que una crisis humanitaria en el extranjero, junto con una historial de desafíos, autorice el desprecio de la ley federal y la Constitución, siempre y cuando no se trate de una “guerra”.