Nota del editor: José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch. Tamara Taraciuk Broner es una investigadora experta en asuntos de las Américas en la misma ONG. Las opiniones en este artículo son de su propia responsabilidad.
(CNN) – Decenas de miles de venezolanos que han llegado a un punto de ruptura por la crisis humanitaria y política del país, salieron a las calles de todo el país el miércoles pasado. Exigieron que el gobierno dejara entrar la ayuda en Venezuela para ayudar a muchas personas que están desesperadas por comida y medicina. Exigieron que el gobierno llevara a cabo elecciones, liberara prisioneros políticos y restableciera la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional.
La dura reacción del gobierno venezolano (complementada con una descomunal demostración de fuerza) fue una repetición enormemente irresponsable de su respuesta a las anteriores protestas. La respuesta del gobierno a éstas es una prueba más de la necesidad de una fuerte presión internacional, especialmente de parte de otros Estados de la región, para impulsar el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela y una demostración del potencial costo de un fracaso a la hora de actuar.
Antes de la manifestación el presidente Nicolás Maduro, invocando su eslogan de “defensa de la paz”, acusó a la oposición de participar en actos de “violencia, conspiración, golpe de Estado e intervencionismo”. Anunció que multiplicaría el número de milicias progubernamentales y las armaría. Todo esto sucedió en medio de tensiones explosivas, en un país donde las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente las manifestaciones antigubernamentales, a veces con la colaboración de grupos progubernamentales armados.
El gobierno organizó una contra marcha en el centro de Caracas, precisamente hacia donde se dirigían los manifestantes de la oposición. Las fuerzas de seguridad usaron la fuerza y el gas lacrimógeno contra los manifestantes antigubernamentales (las imágenes disponibles muestran paralelismos dramáticos con el estallido de enfrentamientos a principios del 2014 que condujo a una ola de arrestos y abusos arbitrarios contra manifestantes contrarios al gobierno y transeúntes).
Los periodistas que cubrían las protestas aseguraron que las fuerzas de seguridad los acosaban. El gobierno sacó la señal de dos canales de cable que informaban sobre las protestas. Más de 500 personas fueron detenidas en todo el país el 19 de abril y la mayoría de ellas aún están detenidas. Más de mil han sido detenidas en protestas contra el gobierno desde comienzos de abril, informó vía Twitter la ONG el Foro Penal Venezolano, un grupo local que brinda apoyo legal a los detenidos.
Tres personas murieron el 19 de abril, lo que llevó a 22 el número de muertos en el mes en protestas e incidentes relacionados. Carlos Moreno, un muchacho de 17 años que, según los medios de comunicación, no participó en las manifestaciones, murió luego de recibir un disparo en la cabeza en Caracas. Los civiles armados en el estado de Táchira le dispararon a Paola Andreína Ramírez, una estudiante universitaria de 23 años, matándola, un ataque que un espectador capturó en video y publicó en Twitter. Un francotirador en el estado de Miranda mató al sargento San Clemente Barrios Neomar, un miembro de la Guardia Nacional. La fiscalía dijo que estaba investigando los casos y que había identificado quién le había disparado a Ramírez.
Cuando terminaron las manifestaciones, Diosdado Cabello, diputado oficialista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien también presidió la Asamblea Nacional, dijo en su programa de televisión semanal que “no querría estar en la piel de esos delincuentes que están llamando a desestabilizar (el país)”, según medios locales. También mostró un folleto con el título de “Manual del Revolucionario Combatiente” y fotografías de líderes de la oposición con sus domicilios, diciéndole a la audiencia que sabían “dónde viven, hacia dónde van”. En un país donde la impunidad es la norma y donde el gobierno se ha aprovechado repetidamente de la falta de independencia judicial para procesar y encarcelar arbitrariamente a los opositores políticos, estas amenazas implícitas deben tomarse muy en serio.
A pesar de las muertes y el ambiente de amenaza, muchos venezolanos (aunque menos que el miércoles) volvieron a las calles el jueves para impulsar el cambio en su país. Hubo más gases lacrimógenos y más arrestos, aseguraron grupos locales. El jueves por la noche, al menos 12 personas murieron durante incidentes de saqueo en dos zonas de escasos recursos en Caracas. Once personas fueron asesinadas o electrocutadas en El Valle, según la Procuraduría General de la República (PGR). Después de que fuerzas de seguridad y civiles armados con vínculos con el gobierno ingresaron a El Valle, se repitieron los disparos y el hospital infantil y de maternidad de la zona tuvo que ser evacuado después de que el gas lacrimógeno ingresara al edificio, según algunos residentes.
El sábado, los venezolanos organizaron una manifestación para honrar a las personas que habían muerto durante las manifestaciones de abril.
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Incluso antes de estas protestas más recientes, los ojos de la región ya estaban en Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA) está debatiendo actualmente el cumplimiento por parte de Venezuela de la Carta Democrática Interamericana. En las últimas semanas, el secretario general, el uruguayo Luis Almagro, y los principales Estados miembros de la OEA han expresado su seria preocupación por la crisis humanitaria que afronta Venezuela, ya que los suministros de alimentos y medicamentos básicos son muy escasos.
La comunidad internacional también ha criticado la detención arbitraria de Leopoldo López, un líder de la oposición condenado a casi 14 años de prisión, la decisión de la Contraloría de inhabilitar por 15 años a Henrique Capriles Radonski, otro líder de la oposición y gobernador del estado de Miranda. Un fallo del Tribunal Supremo que efectivamente le quitó todas sus funciones a la Asamblea Nacional. La presión internacional se mantuvo incluso después de que el tribunal revirtiera parcialmente su sentencia en respuesta a una solicitud del presidente.
Aquellos dispuestos a criticar las acciones del gobierno venezolano deberían llevar su desaprobación un paso más allá. Los líderes latinoamericanos deberían convocar inmediatamente una reunión de alto nivel para abordar la crisis venezolana y presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que le dé la bienvenida a los monitores independientes cuando se organicen las próximas elecciones en el país. Deberían exigirle que libere a los presos políticos, restablezca la independencia del Poder Judicial y de la Asamblea Nacional y, sobre todo, permita la llegada de una ayuda humanitaria lo bastantemente suficiente para que alivie el sufrimiento del pueblo venezolano.