(CNN Español) – Costa Rica lleva dos semanas aplicando medidas más estrictas para evitar que en su territorio ingresen y permanezcan extranjeros con antecedentes judiciales. Hasta el pasado 2 de junio, la cuenta iba en 17 personas de otras nacionalidades detenidas por las autoridades en tan sólo 15 días, dentro del país y en los puertos de entrada. Y uno de los casos más sonados fue el de los tres mexicanos que llegaron en jet privado y resultaron capturados porque había una alerta de la Interpol en su contra.
Aunque el Ministerio de Seguridad de Costa Rica sólo reveló el apellido de uno de los involucrados, aseguró que los tres son buscados por estafa bancaria. Según informó la entidad, los individuos, uno de los cuales se apellida Álvarez, “mantienen alerta de Interpol por estafa bancaria por lo que se rechaza el ingreso y expulsan del país”. El ministerio añadió que los capturados pretendían pasar un día en el país “y se iban a hospedar en el sector de Escazú, San José”. Tenían en su poder 2.000 dólares en efectivo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, informó en su cuenta de Twitter el pasado viernes que las expulsiones más recientes eran la de los tres mexicanos, junto a otros tres extranjeros.
“Trabajamos en varias líneas para sacar a los extranjeros que no andan en nada bueno aquí en el país”, aseguró Mata en rueda de prensa ese mismo día. De hecho, mencionó la directriz del pasado 15 de mayo, una medida que impide el ingreso y la permanencia de extranjeros con antecedentes en Costa Rica.
El ministro insistió en la necesidad de invertir más en tecnología para fortalecer estas acciones y anunció la compra de un software para “obtener toda la información de las personas”. Asimismo, el subdirector de Migración informó que el trabajo se adelanta en coordinación con al Interpol, el Organismo de Investigación Judicial y los cuerpos policiales del país.
El Ministerio de Seguridad publicó que los 17 extranjeros aprehendidos desde que rige la directriz de mediados de marzo son 4 colombianos, 4 nicaragüenses, 3 mexicanos, 1 español, 1 peruano, 1 sueco, 1 hondureño, 1 estadounidense y 1 canadiense-iraquí. Sin embargo, hay un total de 50 personas detenidas por diferentes motivos en el Centro de Aprehensión Región Central de Dirección General de Migración y Extranjería.
La semana pasada, Migración aseguró, a propósito de la detención de un español que era acusado de 23 causas en su país, que desde la balacera ocurrida a principios de mayo en un colegio de Escazú las autoridades empezaron a anunciar medidas migratorias para implementar en los casos de extranjeros con antecedentes.
El pasado 15 de mayo dos adultos murieron después de que un par de individuos les dispararan cuando se acercaban al colegio Mount View. Las víctimas fueron identificadas como Elías Akl (o “Elías Canada”) y Ángel Amado Blanco. Éste último fue detenido mes y medio antes de los hechos por porte ilegal de armas y fue remitido a la Fiscalía en ese momento, como lo indicó la Fuerza Pública de Costa Rica en Facebook en su cuenta verificada. Blanco, de 23 años, “en ese momento tenía en su carro tres pistolas, una calibre nueve milímetros y dos más calibre .40, con cuatro cargadores y un total de 31 balas”, informaron las autoridades. Amado Blanco, además, sería custodio de Elías Akl, como se lo reveló a los oficiales de Santa Ana el hombre que sobrevivió a la balacera y logró conducir hasta la delegación.
Fortalecer la vigilancia
La Presidencia de Costa Rica anunció el 17 de mayo, tras una sesión de trabajo con las fuerzas policiales del poder ejecutivo, que por los recientes hechos de violencia ocurridos en los días pasado se motivaron “nuevos llamados de atención a todas las autoridades para que intensifiquemos el combate del narcotráfico y del crimen organizado”. En este sentido, se dispuso seguir revisando los procedimientos “para agilizar la expulsión de personas extranjeras vinculadas a actividades delictivas”. Lo anterior, con la salvedad de respetar el debido proceso y las medidas que establece la ley de migración.
Además, se buscará intensificar el control sobre la tenencia de armas de cara a incrementar las sanciones por el porte ilegal y la prohibición “de importación de municiones para armas legales”.