Nota del editor: Jeremy Robbins es el director ejecutivo de New American Economy, una coalición bipartidista que apoya la reforma migratoria. Las opiniones en este artículo son de su propia responsabilidad.
(CNN) – Uno de los resultados del sorpresivo acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los demócratas representa un posible enfrentamiento en diciembre sobre el destino del programa DACA (sigla de Deferred Action for Childhood Arrivals o programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia) y sus cientos de miles de jóvenes beneficiarios. Todos los ojos se dirigirán al Congreso, donde, sin duda, los legisladores han evitado un un importante acuerdo de inmigración durante décadas.
Hay razones para el optimismo, sobre todo después de informes según los cuales Trump y líderes demócratas discutieron la noche del miércoles en la Casa Blanca la posibilidad de otro acuerdo para proteger a los jóvenes inmigrantes. En cuanto al tema de la inmigración, los comentaristas tienden a enfrentar a los estados demócratas contra los republicanos, las costas contra el resto del país. Pero al final todos queremos lo mismo para nuestras comunidades.
Y en muchas ciudades y estados la importancia de los inmigrantes es indiscutible. Es cuestión de sentido común, y representan dólares y centavos. Más allá del círculo de poder, los estados y las ciudades reconocen la obligación, y el valor, de proteger a los estadounidenses como aquellos que, sin tener culpa, se encuentran nuevamente en el limbo legal, luego de la decisión del gobierno de Trump de ponerle fin al DACA.
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Cuando eran niños, los 800.000 “dreamers” (“soñadores”) del DACA fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres. Pero el DACA no es algo gratuito. Para ser elegible, los solicitantes están obligados a pasar chequeos de antecedentes y mostrar que van al colegio, se han graduado, o han servido honorablemente en el ejército. Con los requisitos cumplidos, los “soñadores” pueden permanecer en el país que al que llaman hogar.
Dada esa oportunidad fundamental, los beneficiarios del DACA deben atacar más en la negociación. Un nuevo análisis realizado por New American Economy muestra que la “población elegible para el DACA gana casi 19.900 millones de dólares en ingresos” cada año. Muchos comienzan sus propios negocios. Producen, pagan miles de millones de dólares en impuestos, y se mejoran a ellos mismos y a sus comunidades.
A diferencia del gobierno de Trump y un Congreso en un punto muerto, los responsables políticos de los estados y ciudades han reconocido durante mucho tiempo el valor de los jóvenes “soñadores” para sus economías.
Ya 16 estados (entre ellos algunos conservadores como Texas, Utah y Kansas) han aprobado las versiones estatales de una Ley DREAM para que los jóvenes indocumentados puedan pagar la matrícula estatal en sus estados de origen. Esas leyes han rendido frutos en forma de mejores niveles de educación y salarios para los jóvenes inmigrantes. Y hoy, mientras se producen reacciones anti inmigrantes en sus legislaturas estatales, gremios de líderes empresariales se alían con administradores y activistas estudiantiles para proteger estas políticas.
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Los líderes locales también conocen el modelo. Ciudad tras ciudad, los inmigrantes impulsan y reviven el crecimiento económico. De hecho, según la Americas Society/Council of the Americas, “entre 2000 y 2013, los inmigrantes fueron responsables de todo el crecimiento neto en el negocio de inversiones individuales a nivel nacional”.
Eso explica por qué el año pasado 20 ciudades (casi todas en estados republicanos) entraron en la primera etapa de la iniciativa Gateways for Growth Challenge, que codirigen New American Economy y Welcome America. Desde Anchorage a Houston y de Phoenix a Salt Lake City, las ciudades participantes utilizan subvenciones para elaborar estrategias de desarrollo económico para inmigrantes. Esta semana, 25 ciudades más se unirán a ellos cuando anunciemos a los destinatarios de la próxima ronda de subvenciones de Gateways for Growth.
Por supuesto, el poder de arreglar la mal aconsejada decisión de la Casa Blanca contra el DACA no recae en los estados o en las ciudades. Eso corresponde al Congreso y probablemente se decidirá antes de que finalice este año.
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Afortunadamente, en ambas cámaras, hay un largo historial de apoyo bipartidista para una serie de posibles soluciones, que van desde un camino a la plena ciudadanía, a uno hacia el estatus legal, a una renovación temporal de las protecciones que provee el DACA. Los esfuerzos republicanos o bipartidistas para proteger a los beneficiarios del DACA a través de la Ley DREAM, la Ley RAC o la Ley BRIDGE están ganando rápidamente copatrocinadores.