(CNN Español) – El asesinato de varios campesinos en el municipio de Tumaco, en el sur occidente de Colombia el 5 de octubre, tiene en alerta a defensores de derechos humanos, campesinos del sector y a las propias autoridades por la violencia registrada en esa zona de la cuál hasta hoy no se tiene total claridad de qué fue lo que ocurrió.
El Ministerio de Defensa de Colombia informó el pasado jueves sobre un ataque por parte de un grupo disidente de las FARC en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Según las autoridades un grupo armado ilegal atacó “a un grupo de residentes del area y autoridades colombianas que supervisaban las zonas de erradicación de cultivos de coca”.
¿Qué ocurrió en Tumaco?
Los hechos son materia de investigación, y lo poco que se sabe hasta ahora son versiones confusas y contradictorias.
Inicialmente el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que fueron cuatro muertos por cuenta de un ataque de un Grupo Armado Organizado de alias ‘Gaucho’ que había lanzado al menos “cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud” para después atacar “con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.
Un día después de los hechos, el presidente Juan Manuel Santos habló de seis personas muertas y 19 heridas, a manos de una banda criminal que, según versiones “preliminares”, disparó y envió unos ‘tatucos’ contra agentes de la fuerza pública, por lo que estos tuvieron que responder a esos disparos. El mandatario pidió una investigación exhaustiva sobre los hechos.
Y aunque la Defensoría del Pueblo también aseguró en un comunicado que “la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona”, la Asociación de Juntas Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA) dijo en un comunicado que el Ejército y la Policía intentaron justificar “su accionar desmedido e irracional” haciendo creer que el motivo de su agresión “obedece a que previamente se habría presentado el lanzamiento y la explosión de cinco cilindros bomba de los cuales no existe la mínima evidencia”.
Según esta organización hubo nueve muertos y 18 heridos.
¿Qué papel jugó la policía en estos hechos?
Este lunes, cuatro días después de los asesinatos, la Policía Nacional reconoció a través de un comunicado que suspendió a cuatro de sus miembros que “presuntamente accionaron sus armas de fuego” contra la población en los ataques.
La Policía de Colombia dijo que este fin de semana miembros de su institución activaron granadas de aturdimiento para detener a un grupo “indeterminado de personas” que pretendían verificar los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre.
La comisión de derechos humanos que quería investigar estos hechos estaba conformada por la Secretaría de Gobierno de Nariño, periodistas y 200 campesinos de la región. La policía ofreció excusas públicas por estos hechos y dijo que ninguna persona quedó herida.
La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades adelantar investigaciones contundentes que conduzcan a aclarar los hechos y dar con los responsables.
“Es increíble que después de cinco días de pasados los hechos aún tenemos información muy fragmentaria de qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos, de si estuvo vinculada la policía antinarcóticos, antidisturbios.. Todavía hay una gran cantidad de información que se desconoce”, le dijo a CNN en Español Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC.
¿Quiénes eran las víctimas?
Según Medicina Legal las víctimas fatales respondían a los nombres de Aldemar Gil Guacheta de 25 años, Diego Escobar Dorado de 31 años, Nelsón Chacuendo Calambas de 29 años, Janier Usperto Cortés de 26 años, Jaimen Guanga Pai, de 45 años, y Alfonso Taicus de 32 años, dice información Cablenoticias afiliada de CNN en Español en Colombia..
El informe forense citado por Cablenoticias demostró que “los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad” y según expertos forenses, por lo que se descarta que las víctimas fueran asesinadas a quemarropa.
En una serie de mensajes a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no permitirá que “organizaciones al margen de la ley intimiden o presionen a la comunidad” y la acción de la fuerza pública “contra bandas criminales y erradicación de cultivos ilícitos debe ser contundente, respetando derechos humanos”.
¿Por qué Tumaco es una zona complicada?
Tumaco es un municipio ubicado en el suroccidente del país, considerado como de “alto valor estratégico para los grupos criminales y armados en materia económica y bélica”, según un informe publicado en febrero de 2017 por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), que estudia el conflicto en Colombia.
“Desde hace mucho tiempo, es un corredor de narcotráfico y una fuente de materia prima del narcotráfico”, explicó el presidente Santos el pasado viernes desde Bogotá.
Esta región en el Pacífico, tiene “beneficios para el tráfico de estupefacientes” y es un lugar donde hay una alta incidencia de acciones irregulares como “la extorsión y la vinculación de menores de edad a actividades ilegales”, agrega PARES en su informe.
Y la desmovilización de las FARC —que antes ocupaba ese territorio, según explicó el presidente Santos— dejó este territorio aún más vulnerable pues el hecho de que la guerrilla haya dejado de estar allí, hace al territorio atractivo “para aquellos que quieren tomar su poderío” agrega PARES en su informe.
¿Qué viene ahora?
El presidente Juan Manuel Santos dijo el pasado viernes que no va a permitir que “ninguna organización criminal frustre una política que debe ser una política exitosa… [para] recuperar la legalidad en todo el territorio nacional y de sustituir los cultivos de coca por cultivos lícitos”.
Y este lunes, aseguró que no el país no bajará “la guardia contra el narcotráfico”.
Sin embargo, para Restrepo, es importante ajustar la implementación de la lucha contra el narcotráfico y además la manera como se relaciona la fuerza pública con las comunidades.
“Esto no puede seguirse haciendo como se venía haciendo antes en el conflicto. En el posconflicto toca redefinir la manera en la que la fuerza pública y las autoridades luchan contra el narcotráfico. Es inaudito que no se hubieran preparado para esto”.