(CNN Español) – Amarrados a sus camas y medicados. Así habrían vivido al menos 11 niños y niñas con discapacidad mental en la Fundación Peces Vivos de la ciudad de Ibagué, en Colombia. El estremecedor caso de maltrato fue denunciado este jueves por la Fiscalía del país, cuando informó la captura de 10 personas por estos hechos en dicha ciudad. Los señalados enfrentarán los delitos de tortura agravada, destrucción de material probatorio y concierto para delinquir.
El fiscal delegado para la Violencia Contra Niños y Niñas, Mario Gómez, relató en una rueda de prensa detalles de los tratos crueles e “inhumanos” que habrían sufrido los menores. “Los niños fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas, se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina”, sostuvo. Además, cuando no comían o se comían las uñas eran sometidos “a doctrinas militares”.
Desde junio pasado el ente acusador empezó las investigaciones del caso, tras la denuncia de un extrabajador de la fundación. “Gracias a la información de ese exfuncionario se pudieron iniciar algunas tareas de investigación”, explicó Gómez. Además, recibió varios testimonios de personas, en los que se detallaba el supuesto maltrato contra los niños.
Los detenidos eran funcionarios de la Fundación Peces Vivos y entre ellos se encuentran directivos de la institución. En el momento de la captura, los arrestados se declararon inocentes de los delitos que son acusados, según informó la Fiscalía.
Enrique Arango, abogado defensor de los señalados, señaló que en este caso “no todo es como se está planteando”. Para él hay una exageración. “Han sobredimensionado el delito y a las personas que están siendo procesadas. El concierto para delinquir implica que cerca de 10 personas se hayan puesto de acuerdo para para cometer el delito de tortura, pero estaríamos entonces hablando de unos dementes, de unos psicópatas que se ponen de acuerdo todos para torturar”, sostuvo.
Por su parte, Blanca Espítia, la madre de uno de los detenidos indicó que “a él lo capturan por una cantidad de cosas que están diciendo los medios. Pero eso que dicen que maltrato, que tortura, es una gran mentira”.
La entidad que, además, funcionaba en la modalidad de internado. La fundación mantuvo un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para prestarle servicios de operación. Sin embargo el acuerdo expiró hace algunos meses, según lo detalló el fiscal delegado.
Y, si bien reconoció la disposición del ICBF para colaborar con las pesquisas, anticipó que se le van a imputar cargos a los miembros de las defensorías de familia, “que no obraron aparentemente con la diligencia adecuada”. En su cuenta de Twitter, la directora de la entidad Karen Abudinen se refirió al caso, expresando un “repudio total” frente a los supuestos abusos. También anunció consecuencias.
CNN en Español contactó al ICBF y no respondieron la solicitud para comentar sobre esta historia.
Gómez también aclaró que, en principio, el proceso investigativo apunta a que fueron 11 los menores víctimas de estos abusos. Sin embargo, la fundación tenía cupo hasta para 40 niños, “así que durante el transcurso de los distintos meses la población de víctimas pudo haber oscilado entre el número que tenemos hoy reportado” y uno mayor.
En cuanto a los niños que se encontraban en la fundación, el fiscal indicó que el “Bienestar Familiar viene actuando con la necesidad de poner en salvaguarda todos los niños y niñas que esta institución estaba atendiendo a efectos de que no se produzca una situación similar y para poder reestablecer los derechos”. Por su parte, Abudinen señaló en Twitter que 30 niños fueron trasladados a otros centros de atención.
¿Intentaron eliminar evidencia?
En sus declaraciones, el fiscal delegado aseguró que las personas implicadas “hicieron todo lo posible por sustraer las pruebas o alterarlas”. La intención, continuó, era dificultar las labores de investigación. De ahí que se les acuse de destrucción de material probatorio.
La Fiscalía indicó en su pronunciamiento que pedirá la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los capturados.
CNN llamó en carias oportunidades a la Fundación Peces Vivos para tener su versión de los hechos pero no hemos obtenido respuesta.
Con información de Fernando Ramos