(CNN Español) – La controvertida decisión del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski de indultar al exmandatario Alberto Fujimori ha desatado fuertes protestas en varios sectores del país, pues muchos consideran que la decisión trae impunidad.
Antes de que le concedieran el indulto humanitario, Fujimori llevaba 10 años preso pagando una condena de 25 por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno.
Fujimori, de 79 años, “padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, según el comunicado de la Presidencia en el que se informó sobre su indulto.
Este martes, el exmandatario habló por primera vez en libertad y pidió perdón a quienes defraudó durante su gobierno, e hizo un llamado a la reconciliación desde la unidad de cuidados intensivos en donde permanece internado por afecciones de salud.
Estos son los procesos que tenía Fujimori en su contra.
Una figura divisiva
Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. El mandatario renunció a la presidencia vía fax en el año 2000 luego de hacerse públicos los escándalos de corrupción a través de los conocidos ‘vladivideos’, una colección de videos caseros elaborados por su asesor Vladimiro Montesinos, que hicieron caer a Fujimori tras una década en el poder.
A su mano fuerte se le atribuye la derrota de los terroristas de Sendero Luminoso que desestabilizaron al país, y sus austeras políticas económicas que frenaron la hiperinflación.
Sin embargo, el expresidente también tiene una mancha de autoritarismo y usó a las fuerzas de seguridad para reprimir a sus oponentes.
En 2009, un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia lo condenó a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad.
Esto incluye “su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros.”, según relató Human Rights Watch en julio pasado.
Esto quedó evidenciado en un informe de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori, publicado en el año 2002. En ese documento, el Congreso de Perú concluyó que hubo “indicios razonables” para establecer que durante su mandato el presidente “tuvo conocimiento, ordeno, dispuso y/o consintió las actividades delictivas del denominado ‘Grupo Colina’”, cuyos integrantes fueron autores de los hechos mencionados.
Otros casos
En diferentes juicios, Fujimori fue hallado culpable de irrumpir en la casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del tesoro del gobierno para pagar al jefe de espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornar a congresistas y periodistas.
En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por los llamados ‘diarios Chicha’. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la reelección.
El informe del Congreso de 2002 ya había dicho que durante el gobierno de Fujimori “sí hubo una política pagada con fondos del Estado” para usar a los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los opositores.
Su prontuario no termina ahí: la Corte Suprema de Chile decidió ampliar los cargos en la extradición de Fujimori, lo que implicaba en ese entonces nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.
Y en 2017, Fujimori se salvó de un nuevo juicio por la esterilización a miles de mujeres durante su gobierno.
Grupos defensores de derechos humanos alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Fujimori, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.
Sin embargo, el fiscal Marco Guzmán concluyó en 2014 que el gobierno de Fujimori no cometió crímenes contra la humanidad durante esa campaña de natalidad a la que se sometieron voluntariamente 300.000 mujeres.
Protestan contra indulto de Fujimori
Cientos de personas han salido desde el pasado 24 de diciembre a las calles de Perú para protestar contra la decisión.
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos también se han sumado a la protesta levantado su voz contra la decisión de Kuczynski.
Amnistía internacional, por ejemplo, dijo esta semana en un comunicado que la decisión “es una mancha en la lucha por justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú” y “debilita la lucha contra la impunidad en el Perú”.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lamentó el indulto a Fujimori, dijo que su liberación es “una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo en el poder”.
Incluso la ONU se pronunció, y Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó el indulto otorgado al expresidente, pues la sentencia contra Fujimori “marcó un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de derechos humanos”.
En un discurso al país este martes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que esta había sido la decisión más difícil que había tenido que tomar.
“Esta ha sido quizás la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que habiendo cometido excesos y errores gravísimos fue sentenciado y ha cumplido ya doce años de condena”, dijo el presidente. de Perú sobre el indulto.
“Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza”, agregó PPK.
Además dijo que el beneficio de Fujimori estuvo amparado en las funciones que la Constitución le otorga y consideró que es la mejor decisión “para el futuro de nuestros hijos” para no heredar emociones negativas del pasado.