(CNN) – Desde que un exaviador estadounidense mató a tiros a más de dos docenas de personas en una iglesia de Texas en noviembre, el Ejército de Estados Unidos ha agregado más de 4.000 nombres a la lista nacional de personal militar despedidos de forma deshonrosa y desprovisto de poseer armas de fuego, una señal de lo que ha sido agujero masivo en el sistema de verificación de antecedentes de compra de armas de la nación.
El pistolero en la masacre de Sutherland Springs había sido expulsado del Ejército por agredir a su esposa. Según la ley federal, eso debería haber evitado que el tirador comprara su rifle semiautomático, pero la Fuerza Aérea de los Estados Unidos admitió más tarde que no había presentado sus registros al sistema de verificación de antecedentes del FBI.
En los meses transcurridos desde entonces, el Departamento de Defensa de EE.UU. se ha esforzado por garantizar que todas sus filiales hayan actualizado adecuadamente el sistema del FBI para rastrear al personal expulsado de las Fuerzas Armadas a quienes se les prohíbe poseer armas de fuego.
Esa iniciativa, según encontró una revisión de CNN, ha descubierto un retraso tan importante que el recuento del FBI de miembros del servicio anteriores dados de baja se ha disparado a 4.284 nombres en tan sólo tres meses, un salto de 38%.
Las cifras del FBI rastrean las razones por las cuales los civiles y exmilitares no pueden poseer armas. La agencia cuantifica por separado los despidos deshonrosos, que incluyen personal condenado por un consejo de guerra general. Otros tipos de despidos militares que legalmente pueden impedir que alguien sea dueño de un arma de fuego no se separan de la población civil en los datos del FBI.
Desde el año 2015, el número de personas que tienen prohibido poseer armas de fuego debido a que fueron despedidas de forma deshonrosa se mantuvo en alrededor de 11.000, según las estadísticas del FBI publicadas en línea. Ese número saltó repentinamente a 14.825 en noviembre pasado, luego a 15.583 en diciembre. Ahora se encuentra en 15.597.
El Departamento de Defensa aún no ha reconocido públicamente que los militares aumentaron los reportes desde el tiroteo. Los reportes presentados tardíamente significan que, durante un período desconocido, más de 4.000 personas tuvieron la oportunidad de comprar armas a los comerciantes mientras que deberían haber tenido prohibido hacerlo.
“Me siento alentado de que estén tratando de apresurarse y superar este atraso. Pero fue un fallo de deber y de responsabilidad no reportar a estas personas a la base de datos federal. Estoy muy decepcionado”, dijo el representante estadounidense Scott. Taylor (republicano de Virginia), un exmiembro de los SEALs de la Marina, que ahora está trabajando en un proyecto de ley para mejorar el sistema de verificación de antecedentes.