(CNN Español) – Colombia no sale bien librada del más reciente informe sobre derechos humanos de la ONU.
El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) al que tuvo acceso CNN en Español —que fue presentado el 21 de marzo en Ginebra, Suiza— describe preocupaciones en materia de paz y seguridad, entre otras, según lo observado por esta oficina durante 2017, el primer año de posconflcito en ese país.
La OACNUDH expresó su extrema preocupación por el aumento de los asesinatos a defensores de derechos humanos en el país. En 2017, según el informe, la ONU registró 441 ataques a líderes sociales y comunitarios, entre ellos 121 asesinatos: 84 a líderes defensores de los derechos humanos; 23 asesinatos contra miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La ONU también registró 41 intentos de asesinatos contra los líderes sociales y 213 amenazas, entre otros.
“Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del Acuerdo [de paz], como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral”, dice el informe, que señala una paradoja: “En años anteriores la mayoría de los defensores de derechos humanos fueron asesinados por oponerse a las políticas de gobierno, no por apoyarlas”.
A principios de marzo, Carlos Negret, defensor del Pueblo de Colombia, dijo en los últimos dos años han sido asesinados 282 líderes sociales, “una cifra aterradora”, por lo que emitió una alerta temprana por los riesgos que tienen los defensores de derechos en el país.
Los departamentos de Antioquia (13) y Cauca (11) fueron donde más se registraron asesinatos de líderes sociales. Y el 62% de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24% en ciudades cercanas a anteriores zonas de conflicto y el 14% en ciudades principales, según la ONU.
Lo grave de esta situación, señala el reporte, es que más de la mitad de los casos (57%) fueron cometidos aparentemente por sicarios (matones a sueldo) “lo que dificulta la identificación del autor intelectual”.
Los espacios dejados por las FARC
La ONU también denuncia que hay una “débil presencia estatal” en las zonas donde las FARC tenían influencia anteriormente y que a ellas han llegado grupos ilegales y grupos criminales luego de que ese grupo guerrillero se desmovilizara como parte del acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia.
Esos grupos, dice la ONU, “han generado violencia en las comunidades rurales y constituyen una potencial amenaza para los exmiembros de las FARC-EP”.
Esta situación ya había sido denunciada por la líderes sociales locales, como monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo del municipio de Apartadó, en Antioquia, quien en febrero de 2017 prendió las alarmas por el “reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo” cuyos integrantes han llegado a zonas que dejaron las FARC.
Por ello, la ONU recomendó al Estado colombiano “consolidar su presencia integral y efectiva” en las zonas en las que antiguamente tenían influencia las FARC y que ahora están siendo cooptadas por otros grupos ilegales.
Sobre esta problemática, el presidente Juan Manuel Santos se ha referido en el pasado. En febrero del año pasado, pocos meses después de firmar el acuerdo de paz con las FARC, Santos prometió que la fuerza pública —tanto la Policía como el Ejército— harían presencia “efectiva” en los territorios dejados por las FARC luego de su desarme. Sin embargo, Santos advirtió que este no sería un proceso “de la noche a la mañana”.
“Se trata de darle tranquilidad a la gente y que se les advierta a esos grupos criminales que no vamos a permitir que se tomen, como han pretendido, el control de esas zonas que generalmente son muy remotas, tienen en una u otra forma que ver con los cultivos de coca, con corredores estratégicos, con la minería ilegal”, dijo Santos en Bogotá pocos meses después de haber firmado el acuerdo de paz con las FARC.
Desmovilización de excombatientes y reclutamiento de niños
El informe resalta que hay disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y no se desmovilizaron y que formaron o se unieron a otros grupos armados ilegales o bandas criminales.
Según el reporte, que cita cifras de la Defensoría del Pueblo, serían por lo menos 800 los disidentes de las FARC que seguirían delinquiendo tras el proceso de paz.
El reporte coincide con el de InsightCrime que habla de las ‘FARCrim’, que habla de excombatientes de las FARC que “parecen estar más comprometidos con el narcotráfico que con la revolución” y que se han dedicado al negocio del narcotráfico en el sur del país.
Sobre estos grupos delincuenciales integrados por exintegrantes de la guerrilla, la ONU también denuncia que aún siguen con el reclutamiento forzado de menores de edad, y que grupos como el ELN (que está en la mesa de negociaciones de paz con el Gobierno) y otros grupos criminales, reclutan y utilizan niños para la guerra.
En 2017, las FARC entregaron a 132 niños que estaban en sus filas como parte de los acuerdos de paz de las FARC.
La cifra palidecía junto al informe de la Fiscalía General de Colombia publicado en 2016 que aseguraba que entre 1974 y 2014 las FARC reclutaron a 11.556 menores de edad, 33% de ellos mujeres, y el 67%, hombres.