Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, en una foto de 2016.

Nota del editor: Abogado y magister en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal en dicha Universidad y en las Universidades de Lima y de Ciencias Aplicadas. Expresidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Miembro de la Asociación Peruana de derecho Constitucional. Autor de diversos ensayos y libros de su especialidad. Conferencista, analista político y colaborador en diversos medios peruanos. Abogado en ejercicio. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN Español) – En agosto de 1975, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado fue derrocado por una implosión en las Fuerzas Armadas del Perú, continuando la línea de facto el general Francisco Morales-Bermúdez hasta el regreso a la democracia en 1980. Durante esos precisos momentos, Perú era sede de la V Conferencia de los Países No Alineados. Morales Bermúdez la clausuró con estas palabras: Señores, la revolución que os ha recibido, es la misma que la que ahora os despide…

Han pasado 43 años de aquello y la figura casi se repite, ya que la renuncia forzada de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su recambio constitucional hacia el vicepresidente Martín Vizcarra -apenas acaecido- se da de cara a la VIII Cumbre de las Américas de la cual el Perú será país anfitrión.

Sin duda alguna que esta crisis política, las acusaciones de corrupción y la búsqueda de una gobernabilidad institucional alejada del flagelo de la malversación de fondos públicos, habrá de ser el eje temático de la agenda a desplegarse. No por nada el hilo de la madeja de la participación de empresas brasileñas apareció con las investigaciones de la justicia estadounidense. Gobernabilidad, crisis institucional y corrupción política serán los puntos centrales que dominarán las discusiones, sobre todo si este flagelo no está circunscrito ni al Perú ni a EE.UU., sino -puntos más o puntos menos- a todo el continente americano. Es, por tanto, un mal endémico que debe ser atacado frontal y directamente ya que -como se ha demostrado- llega a socavar las bases del Estado constitucional y afectar gravemente la estabilidad de los gobiernos, sus políticas y su propia subsistencia, sin distingos entre la izquierda y la derecha, sino en un corte transversal de todas las comunidades políticas de todos los signos y colores.

En el caso de la salida de PPK de la presidencia en el Perú, no ha estado sustancialmente basada —en verdad— por las acusaciones de corrupción. Esa ha sido la cereza que adornaba el pastel. Las raíces de la crisis política se hunden más profundamente en otros factores que intentaremos describir. Los señalamientos de corrupción han sido más el pretexto de guerra que la razón misma de la renuncia presidencial.

Enfrascados en esa disputa artificial (con la banal acusación de “golpe de Estado encubierto”) en diciembre se produjo la primera votación, que fue “ganada” por PPK en la medida en que no se alcanzaron los votos necesarios, sin reparar en que una significativa mayoría había votado por destituirlo cargo y tan solo una frágil minoría lo respaldaba.

Leyendo las cifras al revés, envalentonado, recibió el año nuevo 2018, no sin antes agradecer a sus colaboradores el haber logrado “transferir” más de 10 votos del partido de Keiko Fujimori en contra de la vacancia, logrando quebrarlo ya que pasó a tener 61 congresistas, y haciendo que los hermanos Keiko y Kenji Fujimori -herederos de la dinastía del expresidente Fujimori- entrasen en una guerra fratricida aún no resuelta y de pronóstico reservado.

Entonces la oposición fue de inmediato por una segunda acusación de incapacidad moral. PPK confiado, largó a sus colaboradores a repetir la estrategia de merma de votos a la oposición y, en vísperas de la votación, casi cantaba victoria calculando inocentemente que tampoco llegarían a la mágica cifra de 87, sin percatarse de que la segunda vacancia no iba hacia la votación, sino a grabar a los operadores de PPK, sospechosos de haber comprado los votos de la oposición con obras y con el presupuesto del Estado que maneja el Ejecutivo, una forma clara de corrupción política. De manera que la renuncia fue más que cantada, ya no de cara a la votación, sino el día anterior, cuando la oposición filtró a cuentagotas los audios y videos de los principales colaboradores de PPK, quienes habrían tratado de pagar con prebendas el voto de los congresistas.

Al día siguiente de la renuncia presidencial, PPK perdió la inmunidad que le otorgaba la Constitución. Sus casas fueron íntegramente requisadas por fiscales anticorrupción y por la tarde, le fue impuesta una orden de arraigo judicial que le impidió salir del territorio peruano para afincarlo a los diversos procesos judiciales que le esperan por acusaciones de corrupción acaecidas con anterioridad a su mandato presidencial. Las denuncias de corrupción durante su mandato se reducen, por ahora, a su presunta participación en la compra de los votos congresales.

La Bolsa de Valores aumentó sus indicadores y el dólar bajó su cotización. La economía peruana ni pestañeó con la salida de PPK (más bien fue percibida como un alivio por su acusada ineptitud política) y el recambio se produjo en la sucesión presidencial: asumió la presidencia el primer vicepresidente, elegido el mismo día y con los mismos votos que PPK, tal como lo ordena la Constitución.

Las acusaciones de corrupción, siendo ciertas, fueron el pretexto para una guerra política que nació el mismo día de las elecciones, acrecentada por la falta y visión política de PPK y sus allegados, frivolones del poder. Una cosa es ser un gran empresario, casi millonario, y otra cosa es ser un político con las habilidades necesarias para la conducción de la primera magistratura de una nación. Esa es, quizás, la mayor lección de esta presidencia, frustrada a solo 19 meses de iniciada su gestión.

Los principales retos que Martín Vizcarra debe enfrentar en el cortísimo plazo de cara a la inminente Cumbre de las Américas están dados en 4 ejes trasversales: la gobernabilidad y la corrupción, la seguridad ciudadana, la justicia y la educación. Le quedan apenas 72 horas para organizar un discurso coherente con un nuevo gobierno que no termina de asentarse, y sin haberse presentado aún al Congreso para continuar con la necesaria investidura, como lo ordena la Constitución.

En medio de estas prisas y carreras, con la posibilidad inmediata de que el Tribunal Constitucional pueda ordenar la liberación provisional del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, con quien compartió el poder, con el pendiente en la extradición del expresidente Alejandro Toledo, con la presión de investigar por igual a otros expresidentes y líderes políticos, estando aún por desentrañarse todos los audios y videos del último tramo de PPK, con pronósticos reservados en cada caso y con no poco esfuerzo, le toque ahora a Martín Vizcarra repetir con cierta básica verisimilitud ante los presidentes asistentes a la VIII Cumbre de las Américas, como antaño, aquello de que la democracia que los convocó e invitó a esta Cumbre no es la misma que les da la bienvenida.