Nota del editor: Roberto Rave es politólogo con especialización y posgrado en negocios internacionales y comercio exterior de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia de Nueva York. Con estudios en Management de la Universidad IESE de España y candidato a MBA de la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República. Fue escogido por el Instituto Internacional Republicano como uno de los 40 jóvenes líderes más influyentes del continente. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(CNN Español) – En medio de una gran turbulencia política en Perú, se realiza por estos días la llamada Cumbre de las Américas, uno de los encuentros políticos más importantes del hemisferio occidental. En particular, este encuentro está marcado por la ausencia de uno de los presidentes más controversiales en la historia de los Estados Unidos y por la cancelación de la invitación, por parte del gobierno anfitrión, al sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro.
La cumbre anterior discutió asuntos álgidos como el fortalecimiento de la democracia a través de la participación, el acceso a los bienes públicos y el cambio climático.
Sería importante verificar, en términos de indicadores, cuánto ha mejorado, en esa materia, una de las regiones con mayor abstencionismo electoral del mundo.
La región también se caracteriza por tener los mayores niveles de desigualdad del planeta. Sobre esto último, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International, observan que: “El impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento sostenible y la cohesión social es evidente en América Latina y el Caribe. Aunque la región ha logrado un éxito considerable en la reducción de la extrema pobreza durante la última década, sigue mostrando niveles altos de desigualdad del ingreso y de la distribución de la riqueza, que han obstaculizado el crecimiento sostenible y la inclusión social”.
Resulta llamativo que la cumbre de Perú, en este momento el país con más presidentes involucrados en procesos judiciales por corrupción, particularmente por el caso de Obedrecht, tenga como tema central de la reunión precisamente la cuestión de la corrupción.
Según un informe del grupo Global Financial Integrity, la corrupción le cuesta a Latinoamérica más de US$ 142.000 millones anuales, esto es más del 3% del producto interno bruto regional. En el último análisis del índice de Transparencia Internacional, 16 países de América se ubican entre las peores calificaciones.
Los grandes escándalos de corrupción que han golpeado a la región en los últimos años se traducen en un debilitamiento de la legitimidad de los estados, pues según la CEPAL, el 80% de los ciudadanos latinoamericanos creen que “la corrupción está extendida a las instituciones públicas”.
La declinante credibilidad de lo público por parte de los latinoamericanos ha generado una gran desconexión del ciudadano con las entidades gubernamentales, las cuales deberían estar a su servicio.
La fractura de la sociedad con sus gobiernos en notable, lo cual supera la estrecha perspectiva local y afecta la estabilidad y seguridad del conjunto del hemisferio. De ahí que tenga todo el sentido que la Cumbre de las Américas aborde, ojalá con firmeza y seriedad, la cuestión de la corrupción en su integridad.
Un gran estudio del Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) llamado “Corruption: The Unrecognized Threat to International Security”, ha mostrado la relación que existe entre la corrupción y la seguridad nacional, pues las coimas, los tratos por debajo de la mesa, los sobornos a presidentes y ministros, y hasta la vinculación de gobiernos con estructuras mafiosas, son uno de los principales factores en la desestabilización del continente americano.
La corrupción es una de las grandes transnacionales del mundo y es por esto que se hace transcendental globalizar e internacionalizar la lucha contra las estructuras corruptas, no solo a través de la reglamentación, sino también de la formación de la personalidad y los procesos sancionatorios.
La correlación entre la corrupción y el desarrollo o el atraso económico es más que obvia. Los países con menor índice de corrupción terminan siendo más desarrollados.
Según Carlos Alberto Montaner, algunas de las razones son: “Primero, los sobreprecios encarecen tremendamente los bienes y servicios. Segundo, la economía de mercado fundada en la propiedad privada, descansa en la competencia abierta en precio y calidad. Tercero, la productividad –hacer cada vez más con menos recursos— depende de la competencia. Sin un aumento gradual de la productividad no existen el progreso ni la prosperidad. Cuarto, ¿para que se esforzarían los emprendedores si lo único importante es la coima y las relaciones para hacer negocios sucios? Quinto, ¿cómo quejarse del desprecio de la sociedad hacia los gobiernos en donde los políticos y los funcionarios roban a mansalva?”.
Como bien lo menciona el estudio de Carnegie, la corrupción se presenta en todos los matices y en todas las sociedades. Pero la gran diferencia la hace el nivel de impunidad que tiene en los diferentes países.
Es por esto que se hace indispensable internacionalizar la lucha contra este mal, el cual perjudica enormemente la relación entre gobernantes y gobernados.
Si no se lucha contra la impunidad con los medios tecnológicos disponibles; si no se logra una cooperación internacional eficaz y rápida para compartir información y capturar a los corruptos; si no se trabaja, desde la educación y la formación, en la cultura de la legalidad y la honestidad, y si no se reduce el tamaño de la burocracias clientelistas de nuestros países, la corrupción terminará por llevarnos al colapso institucional y a nuevas y más frecuentes erupciones de populismo que solo traen más miseria y corrupción.