(CNN Español) – En Argentina, el juez Federal, Marcelo Martínez De Giorgi, llamó a indagatoria a 49 personas, entre ellas exfuncionarios públicos, representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento e intermediarios en el marco de una investigación por el presunto soborno y sobreprecios en la obra.
Las indagatorias fueron pedidas por el fiscal Franco Picardi.
Entre los 49 citados se encuentran Ricardo Jaime, exministro de Transporte; José López, exsecretario de Obras Publicas de Cristina Fernández de Kirchner; Marcelo Odebrecht, dueño de la Constructora con su nombre; Ángelo Calcaterra, expresidente de la empresa IECSA (parte del consorcio de firmas que obtuvieron la licitación), y quien es además primo del presidente Mauricio Macri. Y también está Julio De Vido, exministro de planificación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre de 2016, Marcelo Odebrecht, uno de los dueños de la firma que lleva su nombre, admitió haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para manipular diversos contratos de obra pública. Entre los 7 señalados se encuentra el del soterramiento del Sarmiento. La justicia argentina detectó irregularidades en el proceso licitatorio y el juez Martínez de Giorgi investiga si hubo pago de sobornos por parte del consorcio integrado por la constructora Odebrecht y las firmas IECSA, empresa de la que el primo del presidente era dueño, Comsa y Ghella.
El juez sospecha que la constructora del primo de Macri pagó un soborno para adjudicarse la contratación de la millonaria obra pública. Según consta en el expediente el juez actuante cree que entre diciembre de 2005 y septiembre de 2009, la firma que presidía Calcaterra, le habría pagado 223.000 dólares a CAESA, una empresa ligada a Manuel Vázquez, asesor ad honorem del gabinete de la Secretaría de Transporte que manejaba Ricardo Jaime, por consultorías presuntamente inexistentes.
Del mismo modo la empresa COMSA, integrante del consorcio mencionado, habría pagado entre 2007 y 2009 la suma de 76.000 dólares a la empresa de Vázquez. CNN no pudo contactarse con Ángelo Calcaterra. Y los abogados de De Vido y Ricardo Jaime negaron las acusaciones.
Por el lado de la compañía española COMSA, se asegura públicamente, a través de una portavoz, que no tuvo constancia “de ninguna irregularidad” y añade que “está colaborando con las autoridades que llevan a cabo la investigación”. Manuel Vázquez, otro de los investigados y dueño de Caesa, preso bajo arresto domiciliario por otra causa, no respondió los llamados de CNN. Ghella por su parte en un comunicado aseguró que no tiene conocimientos de “comportamientos ilegales” y que siempre actuó de manera correcta, legítima y con respeto a las leyes argentinas e internacionales.
El abogado de José López, Fernando García, comunicó a CNN que dejó de asistirlo jurídicamente y el acusado no se ha manifestado sobre la causa.