(CNN) – El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, le dijo a CNN el mes pasado que “habría serias consecuencias” si los funcionarios ocultaban registros relacionados con el huracán María.
Aún así su gobierno presentó una moción este lunes en la noche pidiendo permiso para retrasar la entrega de certificados de defunción y otra información que un juez había ordenado que fueran entregados a CNN y al Centro de Periodismo Investigativo, CPI, luego de que esas organizaciones pidieran legalmente acceso a esos documentos.
Como respuesta, el juzgado dijo que no levantaría su requisito de que los registros de muertes sean entregados a CNN y CPI este martes.
“Esta nueva táctica dilatoria habla de la credibilidad del gobierno de Roselló”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “El gobierno no necesitó siete días para entregar la mayor parte de la información, y aún así no han entregado nada en este momento, incluso luego de que aseguraron públicamente que cumplirían con la orden de la corte”.
“Transparencia es una palabra que ellos no entienden”, agregó Minet.
CNN y el CPI planearon presentar mociones en oposición al requerimiento del gobierno para retrasar la entrega de documentos. Las organizaciones demandaron para obtener certificados de defunción luego de que funcionarios del Registro Demográfico de Puerto Rico se rehusaran a proveer los documentos. Los registros y datos se relacionan con las investigaciones independientes de CNN y el CPI sobre el número de muertos por el huracán María, cuya evidencia sugiere que es sustancialmente más alta de lo que los funcionarios informaron.
El pasado 4 de junio, un juez de Puerto Rico ordenó al estado asociado de Estados Unidos que publicara, en los próximos siete días, los certificados de defunción, bases de datos de los fallecidos, permisos de entierros y otros datos tanto a CNN como al CPI.
Ramón Rosario, secretario de asuntos públicos y política pública de Puerto Rico, publicó un comunicado el día siguiente diciendo que el gobierno cumpliría con la orden de la corte, y agregó que es política del gobierno “trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública”.
Sin embargo, al acercarse la fecha límite para la publicación de esos registros, el gobierno de Puerto Rico registró una moción pidiéndole a la corte levantar el requerimiento de los siete días para la publicación de los documentos.
La moción presentada por Puerto Rico le pide a la corte considerar el volumen de registros requeridos y las difíciles circunstancias que enfrenta el gobierno asociado a Estados Unidos, incluyendo el recorte de presupuesto, falta de personal y medidas de austeridad provocados tanto por el huracán como por la crisis financiera que paralizó a Puerto Rico años antes de la tormenta.
“Reafirmando nuestro trabajo para cumplir fielmente con el juicio de este caso, entendemos que los siete días que le dieron al Estado no son suficientes para cumplir con este proceso que estamos empezando”, escribió Wanda Vázquez Garced, secretaria de Justicia de Puerto Rico.
Puerto Rico espera mantener el “más alto nivel de transparencia”, dice la moción.
En un comunicado emitido este martes, las autoridades de Puerto Rico dicen que empezarían a divulgar cierta información a CNN y al CPI ese mismo día. Los funcionarios no especificaron qué información y aseguraron que necesitaban más tiempo para procesar los datos.
“Hemos invertido todos nuestros recursos y esfuerzos para cumplir con la orden, sin embargo debemos ser extremadamente cuidadosos con la información que estamos compartiendo y entendemos que la corte fue clara en que debemos proteger información sensible como los números de seguridad social de las personas”, dijo el doctor Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud de Puerto Rico. “Entonces será necesario requerir más tiempo para proteger a nuestros muertos y a sus familias y cumplir con cada una de las instrucciones que nos dieron”.
Expertos dicen que Puerto Rico no tiene una ley clara sobre registros públicos, por lo que periodistas y otras personas que busquen información pública deben demandar a veces para obtenerla.
“Es totalmente contradictorio” para el gobierno pedir un retraso mientras aseguran que cumplirán con las órdenes del juez, dice Javier Villa, director de noticias de Radio Universidad, una estación de radio afiliada a la Universidad de Puerto Rico. “Parece que el gobierno no quiere que el público y la prensa sepan qué está pasando… y que están tratando de demorar esto”.
Puerto Rico luchó en la corte contra la publicación de esos documentos, argumentando que al menos algunas partes de los documentos debería mantenerse en privado debido a preocupaciones de la privacidad de los fallecidos.
Entre tanto, el gobernador elogió el enfoque de transparencia gubernamental de Puerto Rico en una entrevista el 31 de mayo con Anderson Cooper de CNN.
Cooper le preguntó a Roselló por qué funcionarios públicos no proporcionaban los registros de fallecidos a los investigadores de la Universidad de Harvard, quienes hacían una evaluación de la cifra de muertos provocados por el huracán María.
“Si eso fuera cierto, Anderson, ya sabes, habría serias consecuencias”, dijo Roselló. “Porque realmente quiero que esto sea muy transparente. Quiero que la verdad salga a la luz. Esa es la conclusión. Y quiero que aprendamos de esta tragedia para que podamos prevenir en el futuro que algo como esto vuelva a suceder”.
CNN y el CPI interpusieron una demanda después de la acumulación de evidencia que sugería que la cifra oficial de muertos en Puerto Rico por el huracán María —que según la cifra oficial es de 64— es una gran subestimación.
En noviembre, CNN encuestó a 112 funerarias en toda la isla, cerca de la mitad total. Los directores de esas funerarias y el staff identificaron 499 muertos que consideraron relacionados con el huracán.
Varios meses después de la tormenta, CNN encontró personas que seguían muriendo en partes remotas de Puerto Rico que no tenían acceso a la electricidad, hospitales y otros servicios básicos.
En mayo, investigadores de la Universidad de Harvard y otros lugares publicaron un artículo en the New England Journal of Medicine asegurando que unas 4.645 personas pudieron haber muerto debido a la tormenta. Esa estimación se basó en entrevistas con más de 3.000 hogares en todo Puerto Rico.
– Cristian Arroyo y Leyla Santiago contribuyeron a este reporte.