(CNN Español) – El expresidente Rafael Correa informó a través de su cuenta de Twitter que la mañana de este lunes se presentó ante el consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, para cumplir la medida cautelar impuesta dentro del caso de presunto secuestro del activista político y opositor Fernando Balda ocurrido en Colombia en 2012.
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El pasado 18 de junio, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, vinculó penalmente a Correa en este caso y dispuso que el expresidente se presente cada 15 días ante la Corte Nacional en Quito y no ante una delegación diplomática en Bélgica tal como Correa lo ha hecho este lunes. Correa reside en Bélgica desde julio del año pasado con su familia.
Por pedido del abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, la jueza Camacho fijó para este martes por la tarde una audiencia de revisión de las medidas cautelares dispuestas para el exmandatario Correa. Después de la audiencia se conocerá si se mantienen o si cambian las medidas vigentes.
Por su parte, Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, indicó que pedirá la revisión del cumplimiento de las medidas cautelares y solicitará a la jueza que dicte prisión preventiva para Rafael Correa.
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El exmandatario calificó este lunes de “ilegal e ilegítima” su vinculación en el caso Balda y agregó que es una “vulgar persecución política”. Además defendió su presentación ante el consulado de Bélgica por considerar que está amparado por instrumentos internacionales, las leyes y la Constitución ecuatoriana.
El caso Balda se remonta a 2012 cuando el exasambleísta se encontraba en Bogotá y, según su versión ante la fiscalía, cuatro hombres y una mujer lo habrían golpeado y obligado a subirse a un auto que no llegó a su destino pues un grupo de taxistas llamó a la policía que logró liberarlo. A inicios de este año Balda ratificó su denuncia de secuestro y la fiscalía reabrió el caso.
Según la investigación del fiscal general Paúl Pérez, existen suficientes elementos para vincular a Rafael Correa como la “existencia de órdenes dentro de una cadena de mando” y las versiones de tres exfuncionarios del Gobierno de Correa que están detenidos por este caso. A comienzo de junio, el fiscal dijo que este caso podría configurar un “crimen de Estado” porque, entre otras cosas, se utilizaron fondos y funcionarios públicos para su ejecución.
El opositor Fernando Balda constantemente señaló a Rafael Correa como responsable directo de un operación para espiar a sus opositores y a periodistas a través de la Secretaría de Inteligencia que fue creada mediante decreto firmado por el mismo Correa en 2009. La Secretaría se constituyó como una entidad adscrita a la presidencia de la República para tareas de inteligencia y contrainteligencia. Correa ha rechazado los señalamientos de Balda y niega haber participado en tareas de espionaje a opositores.
En 2015, la justicia de Colombia condenó a 5 años de prisión a 4 personas declaradas culpables de ser “autores de secuestro simple atenuado” en este caso.