Jerusalén (CNN) – Sin hacer mención de los valores de igualdad y democracia, Israel convirtió en ley un muy controversial proyecto de ley que sirve para definir la naturaleza del Estado de Israel. Sus detractores lo critican por ser “el clavo en el ataúd” de la democracia de Israel.
El proyecto de ley del Estado-nación pasó en su segunda y tercera lectura después de un debate de horas en el Knesset, el Parlamento de Israel. La ley establece a Israel como el hogar histórico del pueblo judío con una Jerusalén “unida” como su capital y declara que el pueblo judío “tiene un derecho exclusivo a la autodeterminación nacional” en Israel.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha defendido el proyecto de ley para el Estado-nación, exaltó la aprobación y dijo que este era un “momento definitorio” en la historia de Israel.
“Grabamos en la piedra de la ley nuestro lenguaje, nuestro himno y nuestra bandera. Hemos consagrado el hecho de que Israel es el Estado-nación del pueblo judío”, dijo Netanyahu en un comunicado. “¡Larga vida al Estado de Israel!”.
Aunque la ley está cargada de controversia y es altamente simbólica, mucha de esta tiene muy poco impacto práctico. Por ejemplo, la sección 2 establece el nombre del país como Israel y describe su bandera en detalle, mientras que la sección 8 establece el calendario judío como el calendario oficial.
Pero la ley falla en mencionar tanto la igualdad como los derechos de las minorías. Ambas fueron parte integral de la Declaración de la Independencia de Israel en 1948, que explícitamente establece que Israel “asegurará la completa igualdad de los derechos sociales y políticos a todos sus habitantes independientemente de su religión, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, consciencia, lenguaje, educación y cultura”.
La omisión ha desconcertado a muchos, incluyendo a Amir Fuchs, que lidera el programa de Defensa de los Valores Democráticos en el Instituto de Democracia de Israel.
“No hay país en el mundo que no enumere específicamente el derecho a la igualdad en su constitución; por tanto es difícil entender por qué los autores de este proyecto de ley insisten en no incluir este valor tan importante”, dijo Fuchs.
“El derecho a la igualdad está embebido en los valores mencionados en la Declaración de Independencia que ha sido el documento definitivo que enmarcó el carácter del Estado de Israel por los pasados 70 años”, agrega Fuchs.
Israel es una de las pocas democracias al estilo occidental en el mundo que no tiene una constitución que ancle los derechos de sus ciudadanos. En cambio, Israel tiene varias Leyes Básicas que sirven para guiar los principios del Estado y del sistema legal. Esas leyes, aprobadas con mayoría absoluta por los 120 miembros del Knesset, son difíciles de cambiar o modificar.
La ley rebaja el estatus del lenguaje árabe
La ley también rebaja el estatus del árabe, que hasta ahora ha sido el lenguaje oficial del Estado de Israel, junto con el hebreo. La ley establece el árabe como un lenguaje con un “estatus especial”. Los árabes son aproximadamente el 20% de la población de Israel y cerca del 36% de la población de Jerusalén.
Sobre este punto, Yair Lapid, miembro de Knesset y líder del partido de oposición Yesh Atid, dijo en los días previos a la votación final que el famoso líder sionista Ze’ev Jabotinsky nunca habría firmado el proyecto de ley.
“Sé esto, porque él decía: ‘La lengua árabe y la lengua hebrea serán iguales en sus derechos y validez legal’. Esta declaración no es una declaración política, es una declaración práctica”, dijo Lapid.
Los miembros del Knesset Ahmad Tibi y Yousef Jabareen, ambos del partido Lista Conjunta Árabe, rechazaron la aprobación del proyecto de ley en un comunicado conjunto.
“La ley de nacionalismo es el último clavo en el ataúd de la llamada democracia israelí, que se ha hundido en los últimos años debido a que ha sufrido enfermedades crónicas racistas que han sido afectadas por el fascismo y dirigidas al Apartheid a través de la legislación de esta ley”, dijeron los legisladores.
Una versión anterior del proyecto de ley habría permitido comunidades segregadas exclusivamente judías, pero esa cláusula provocó críticas desde varias direcciones. Algunos de los políticos actuales más prominentes de Israel —entre ellos el presidente Reuven Rivlin, el fiscal general Avichai Mandelblit y el exjefe de la prominente ONG Agencia Judía para Israel, Natan Sharanksy, expresaron sus reservas sobre esta cláusula, diciendo que dañaría la posición internacional de Israel y podría ser derribada por una alta corte.
La cláusula actualizada en cambio promueve “el asentamiento judío como un valor nacional” y compromete al gobierno a promover su establecimiento.