Nota del editor: Fernando Berckemeyer es un periodista peruano egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con maestría en leyes de Harvard. Es el vicepresidente regional de la Comisión de la Libertad de de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es director del periódico El Comercio (2014-2018). Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.
(CNN Español) – Para entender qué tan graves son los audios de conversaciones de las autoridades judiciales peruanas que el periodismo local ha venido revelando en las últimas semanas, basta con ver la lista de cabezas que han rodado como consecuencia. Estas incluyen al presidente del Poder Judicial, al jefe de la autoridad electoral, al Ministro de Justicia, a un juez de la Corte Suprema y a la totalidad de los miembros del ente encargado de nombrar a los jueces y fiscales del país.
Esto, para hablar solo de los supuestos involucrados en la trama de sobornos, sentencias arregladas y nombramientos amañados que muestran los audios. Si pensamos -en cambio- en las que no han caído, pese a su figuración en las grabaciones, nos podemos dar una buena idea de lo dura que será la lucha por limpiar el sistema de justicia peruano. Me refiero al caso del flamante nuevo jefe de la Fiscalía, Pedro Gonzalo Chávarry, quien asumió su cargo el 20 de julio pese a su aparición, por lo menos sospechosa, en una de las grabaciones.
Ha sido muy desafortunado, en este sentido, que una poco misteriosa “señora K” de la “fuerza número uno” resultase nombrada en uno de los audios protagonizado por el entonces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Ricardo Hinostroza. En él se oye a Hinostroza concertando la que, según el audio, habría sido su segunda cita con la “señora K”. Cuando la conversación se grabó, la sala de Hinostroza iba a decidir un proceso penal seguido contra Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, el partido que mantiene el control del Congreso desde las elecciones de 2016, cuyo emblema electoral es la K.
Digo que la aparición de la “señora K” en los audios es desafortunada porque ha puesto el tema en el centro de la lucha de facciones de la política peruana y, al hacerlo, ha complicado enormemente sus —de por sí— difíciles posibilidades de solución. Por su lado, Hinostroza dice que no es corrupto porque él nunca pidió dinero a cambio de sus resoluciones.
La verdad es que la crisis del sistema de justicia va mucho más allá de cualquier rol que pueda tener en ella el fujimorismo y es, desde hace largo tiempo, un componente estructural de la realidad del Perú. Los audios solo han mostrado de forma chocante lo que las estadísticas decían fríamente hace mucho más tiempo. En el Índice Global de Competitividad, por ejemplo, Perú ocupa el puesto 129 de 137 países en la categoría “eficiencia del marco legal para resolver disputas”, y ha estado en posiciones cercanas a esa desde que existe el registro (2007).
Con todo, la crisis ha traído también un momento, tan propicio como largamente esperado, para emprender la reforma de la justicia peruana. El repudio que los audios ha levantado en la ciudadanía parece haber despertado al presidente Martín Vizcarra del susto permanente en que parecía estar sumido durante los primeros meses de su gobierno, haciendo que ejecutara varias movidas inesperadas para comenzar esta reforma. Puede muy bien, pues, que esta sea su oportunidad para empoderar su gestión e impulsar un cambio histórico en el país. Siempre y cuando, claro está, termine de asimilar que la de su gobierno es una de esas circunstancias en las que se hace contundente el adagio que repetían los romanos: “La fortuna favorece a los audaces”.