(CNN) – Una corte federal en California ordenó este lunes al gobierno de Estados Unidos hacer cambios inmediatos en cómo trata a los niños inmigrantes indocumentados que tiene detenidos en instalaciones de seguridad.
La orden de la corte va desde demandas muy específicas, como entregar un consentimiento informado o una orden de la corte antes de darles a los niños medicamentos psicotrópicas en el Centro de Tratamiento Shiloh en Texas, hasta órdenes generalizadas requiriéndole al gobierno que deje de imponer condiciones que han llevado a meses de atraso antes de que entregue los niños a sus padres o familiares.
CNN reportó previamente sobre los abusos de gran alcance en el Centro de Tratamiento Shiloh y otras instalaciones descritas por los niños en declaraciones bajo juramento en el caso que condujo a la orden judicial de este lunes. Entre los casos están los de niños que habían sido medicados de manera forzada, asaltados y su movilidad restringida durante largos periodos de tiempo, entre otras acusaciones.
En su sentencia, la jueza de la Corte del Distrito, Dolly Gee, acordó que el gobierno había violado los términos de un acuerdo de alto perfil, alcanzado en 1997, que dicta cómo deben ser tratados los niños en el sistema dirigido por la Oficina federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).
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La jueza le ordenó al gobierno transferir a todos los niños del centro Shiloh, excepto a aquellos que un psiquiatra o psicólogo determinen son un peligro para ellos u otros niños.
“Consentimiento escrito informado” antes de darles cualquier droga a los niños
Gee también le ordenó al gobierno obtener un “consentimiento escrito informado” por parte de un padre, familiar o acudiente, o una orden de la corte, antes de darles drogas psicotrópicas a los niños que están en Shiloh. El personal de Shiloh había admitido que ellos mismos firmaron los consentimientos antes de drogar a los niños, dijo Gee en su orden.
El Departamento de Justicia no hizo comentarios sobre la orden. Funcionarios de Shiloh, que anteriormente habían referido cualquier tipo de pregunta a la ORR, no pudieron ser contactados para hacer un comentario este lunes. El sitio web de Shiloh publicó un comunicado, antes de la orden judicial, diciendo que el centro había sido visitado, auditado o investigado por la ORR, varias agencias estatales de Texas, y por los consulados de México, Guatemala y El Salvador, y que “se descubrió que todas las acusaciones ampliamente distribuidas sobre Shiloh carecían de fundamento”.
La ORR no contestó inmediatamente los requerimientos de un comentario este lunes. Un portavoz de esa oficina había dicho anteriormente que la agencia no podía hacer comentarios sobre una litigación en curso. Funcionarios de la ORR dijeron que sus refugios están dirigidos por organizaciones que cumplen con los estándares de licencia del Estado y están atendidas por personas que están bien equipadas para satisfacer las necesidades de los niños bajo su cuidado.
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‘Una gran victoria’
Holly Cooper, codirectora de la Immigration Law Clinic de la Universidad de California, uno de los grupos que demandaron al gobierno por las condiciones de los niños en los centros de detención, dijo que el fallo de Gee es “una gran victoria”.
Cooper dijo que los hallazgos de la jueza dejaron claro que la ORR frecuentemente ha llevado a los niños a instalaciones de alta seguridad de manera innecesaria. Estas incluyen instalaciones seguras para el personal, que tienen perímetros vallados y más personal que los refugios estándar; instalaciones de seguridad, que son similares a centros correccionales juveniles, y centros residenciales de tratamiento, que son instalaciones residenciales seguras que brindan atención psiquiátrica.
“Una vez un niño es llevado a un centro de alta seguridad, las condiciones reales de confinamiento se deterioran significativamente, y esto puede tener un impacto significativo en el bienestar del niño”, dice ella.
Carlos Holguín, consejero general del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional, que participó en la demanda, dijo que el gobierno estaba enviando a los niños a instalaciones de seguras que no representaban peligro para ellos ni para otros.
“Nos gustaría enviar a un equipo de psiquiatras independientes y tratar de determinar por nosotros mismos cuáles niños son peligrosos y cuáles no”, dijo Holguín.
La corte también le ordenó a la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados:
- Darles a todos los menores enviados a instalaciones de alta seguridad, incluyendo aquellos que fueron enviados a centros de tratamiento, información escrita, en un lenguaje que puedan entender, “un periodo de tiempo razonable”, la razón por la cuál fueron enviados esos lugares. La jueza Gee dijo que los tres o cuatro meses que muchos jóvenes pasaron sin ser informados “equivale a la falta de notificación por escrito dentro de un plazo razonable”.
- Dejar de lado la política general que había dilatado la liberación de muchos de esos niños durante meses, al exigir que los acudientes establecieran una amplia gama de servicios, como asesoramiento, por adelantado, en lugar de organizar algunos de esos servicios después de su liberación.
- Establecer en entornos menos restrictivos a los menores de edad de quienes simplemente se creía que habían estado involucrados pero sin causas probables de que hubieran cometido algún crimen específico.
- Dejar de usar medidas de seguridad en Shiloh “que no son necesariamente para la protección de los menores u otros”, como negarles el acceso a agua potable, y dejar que los menores tengan acceso a llamadas telefónicas privadas.