Nota del editor: Oscar Díaz Moscoso es comunicador social egresado de la Universidad de Lima, analista político y conferencista internacional. Ganador de 4 premios nacionales de Prensa. CEO de Viceversa Consulting S.A. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor.
(CNN Español) – Desde que a mediados de julio la opinión pública peruana y latinoamericana fue estremecida por los aberrantes audios propalados por un programa periodístico dominical, que, según la agencia EFE, destapaban con crudeza las negociaciones de un juez supremo, quien ofrecía liberar de una condena al violador de una menor a cambio de una coima, la política peruana empezó un proceso de “judicialización”. Es muy difícil saber cuándo acabará y sobre todo cómo terminará.
Desde entonces, como nunca sucedió antes en sus casi 200 años de vida republicana, los peruanos vieron estupefactos cómo se defenestraba todo el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y retira jueces y fiscales, la renuncia del ministro de Justicia, que apenas tenía 3 meses en el cargo, la separación de su puesto de un juez supremo, la renuncia del mismísimo presidente del Poder Judicial y finalmente, la destitución y encarcelamiento del presidente de la Corte Superior del Callao. Todo en el tiempo récord de tres semanas.
Con gran sagacidad, hasta ese entonces desconocida en el actual inquilino de la Casa de Pizarro, el presidente Martín Vizcarra dio un discurso de fiestas patrias mayoritariamente aplaudido, en el que tomó la bandera de la lucha contra la corrupción. Algo parecido a lo hecho por su colega ecuatoriano, Lenin Moreno, pero en circunstancias mucho más complicadas. A diferencia de Moreno, Vizcarra es un presidente “accidental”, que fue elegido para vicepresidente, pero que ante la renuncia obligada de Pedro Pablo Kuczynski tuvo que asumir los destinos del Perú el 23 de marzo último.
Tenemos entonces a un presidente sin partido político, que fue invitado a formar parte de una fórmula presidencial como independiente. Como lógica consecuencia, Vizcarra tiene hoy en el parlamento un partido prestado y minoritario, que difícilmente puede ayudarlo a iniciar la reforma del sistema de justicia que ha prometido llevar adelante. Justamente esta circunstancia explica en parte por qué ha anunciado un referéndum. La decisión ha puesto contra la pared al Congreso de la República, manejado por el partido opositor Fuerza Popular, liderado por la perdedora de las últimas elecciones, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, liberado este año gracias al indulto dado por el expresidente Kuczynski, lo cual terminó, entre otras cosas, costándole el sillón presidencial.
En esas contradicciones típicas de nuestra región, Perú es un país cuyo Producto Interno Bruto (PIB) creció el año pasado 2.5% y que todo indica cerrará este año con un aceptable 4%, con todo y corrupción. Pero no nos engañemos. Para que este país reduzca la pobreza debe crecer un mínimo de 5% anual, y ese es el reto del presidente Vizcarra. Es como salir a navegar en medio de una tormenta.
Mientras tanto, se agudizan las contradicciones entre Vizcarra y el partido de oposición mayoritario, que hasta hace poco miraba con entusiasmo su llegada a la máxima magistratura del Perú. El primero quiere referéndum ya, contra viento y marea, mientras que el fujimorismo no comparte el deseo presidencial, pues dentro de la consulta se propondrá nada menos que la eliminación de la reelección de los congresistas y el control del financiamiento de los partidos políticos. Ciertamente no hay que ser muy avispado para entender por qué el congreso rechaza el temido referéndum.
El bisoño presidente peruano está en la disyuntiva de enfrentar abiertamente al fujimorismo en los próximos tres años de gobierno que le quedan, con todas las consecuencias que este acto “heróico” puede conllevar, o asumir el reto de hacer política, conversando, concertando y, por qué no, negociando, que es lo que se hace en todo el mundo. Claro que la cosa se complica cuando tiene una tribuna que pide sangre, y un contrincante que no quiere dar su brazo a torcer.
Perú tiene el triste privilegio de que sus últimos cinco presidentes o han sido encarcelados, o están siendo investigados por la justicia o tienen pedido de extradición -como es el caso de Alejandro Toledo- por casos de corrupción. Pero quienes quieren ver el vaso medio lleno afirman que es el único país de América Latina que se ha atrevido a pasar por el aro de la justicia a sus expresidentes, como lo haría con cualquier ciudadano de a pie. Motivo de envidia para países como Argentina, por ejemplo.
En este escenario, lo único que esperan los casi 32 millones de peruanos es que el presidente Vizcarra, y en especial los partidos de oposición estén la altura de las circunstancias, para no terminar cambiando la actual política judicializada que vive y sufre el país, por una “justicia politizada” que puede ser un remedio peor que la enfermedad.