(CNN Español) – El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que en los próximos días firmará un decreto para confiscar “cualquier dosis de droga” en las calles de Colombia, una propuesta que presentó poco después de llegar al mando y que causó polémica, pues aunque algunos apoyan la iniciativa, otros consideran que se está violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que en vez de castigar a los narcotraficantes, ataca a los consumidores.
El anuncio lo hizo este domingo desde Nueva York, en un taller conocido como Construyendo País en el que se reunió con cientos de colombianos en Queens.
La propuesta la presentó Duque a principios de septiembre. En ese entonces dijo que el decreto, amparado en el artículo 140 Código de Policía, tiene como fin permitirle a la Policía decomisar cualquier dosis de droga en las calles del país.
“El Código de Policía tenía en el artículo 140 la facultad para que fuera considerada sustancia prohibida en el espacio público cualquier dosis de droga, pero la Policía no se sentía con la voluntad política y el llamado desde el gobierno para proceder”, dijo Duque el 5 de septiembre en el Congreso Avícola Nacional, en Bogotá.
Duque, que se prepara para hablar por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles cuando una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos es el aumento de los cultivos de coca en Colombia, no dijo cuándo firmará el decreto.
La propuesta causó una gran discusión en Colombia, pues algunos sectores aseguraron que con esta decisión, se estaría castigando al consumidor y no al expendedor.
Pero otros apoyan la medida, pues consideran que así se combate el microtráfico en las calles de Colombia.
Otros sectores aseguran que con esta medida se estaría violando el derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad. Quienes defienden esta postura se basan en una sentencia de la Corte Constitucional de 1994 en la que se despenaliza la dosis personal.
“Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”, dice la sentencia firmada por el magistrado Carlos Gaviria (1937-2015) hace casi 25 años.
Esa sentencia estableció como dosis personal (que no está penalizada) aquella cantidad que una persona “porta o conserva” para su propio consumo en estas cantidades: máximo 20 gramos de marihuana, máximo 5 gramos de hachís, máximo 1 gramo de cocaína y máximo 2 gramos de metacualona, un sedante hipnótico que fue muy nombrado recientemente en el caso del comediante Bill Cosby, quien admitió haber comprado esta droga en la década de 1970 con la intención de drogar a las mujeres para tener relaciones sexuales con ellas.
“No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”, dice el fallo de la Corte.
Según Duque, su objetivo no es criminalizar al consumidor, ni al portador, sino “defender el espacio público de todos los colombianos para que esté libre de esa perniciosa tentación”, según dijo a principios del mes.
“Con una aproximación, no estamos persiguiendo a la persona, no estamos judicializando al consumidor o al portador que tiene esa dosis mínima, simplemente se incauta, se decomisa y es una necesidad que Colombia esperaba”, agregó dos días después en una cumbre con los gobernadores del país.
Anteriormente, la ley colombiana establecía que quien fuera portador de cualquier droga que produjera dependencia en cantidades que fueran consideradas como de uso personal, sería arrestado por 30 días y obligado a pagar medio salario mínimo mensual; la segunda vez que fuera arrestada, esta persona pagaría una pena de hasta un año de prisión y estaría obligado a pagar hasta un salario mínimo mensual. Y quien médicamente estuviera clasificado como drogadicto, debía ser internado en un establecimiento psiquiátrico hasta su recuperación, según señala la Corte Constitucional.
Estas leyes fueron revocadas en la sentencia de mayo de 1994, y desde entonces es permitido en Colombia el porte de la dosis mínima.
En Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018) fue un acérrimo defensor de la urgente necesidad de replantear la guerra mundial contra las drogas. En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz, Santos dijo que en la guerra contra el narcotráfico “Colombia ha sido el país que más muertos y sacrificios ha puesto”.
“Tenemos autoridad moral para afirmar que, luego de décadas de lucha contra el narcotráfico, el mundo no ha logrado controlar este flagelo que alimenta la violencia y la corrupción en toda nuestra comunidad global”, dijo Santos en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2016.
Entre tanto, César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994, también ha sido un defensor del cambio de estrategia para luchar contra el narcotráfico.
“Las drogas ilegales son un asunto de seguridad nacional, pero la guerra en su contra no se puede ganar nada más con las fuerzas armadas ni los organismos de justicia. Enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además puede empeorar el problema. Encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos casi siempre resulta contraproducente, ya que se acaba por fortalecer a la delincuencia organizada”, dijo Gaviria en una columna de opinión en The New York Times en febrero de 2017.
“Es una cosa idealista, utópica irrealizable, y no tiene sentido que pongan a la humanidad cada diez años a decir ‘ahora sí vamos a tener un mundo sin drogas’”, le dijo el expresidente de Colombia a Carmen Aristegui de CNN esta semana.
Gaviria gobernó Colombia de 1990 a 1994 y durante su tiempo en el poder llevó a cabo una agresiva estrategia para luchar contra el narcotráfico. Pablo Escobar, notorio narcotraficante colombiano, cayó en 1993 tras una intensa persecución en el gobierno de Gaviria.