Nota del editor: Oscar Díaz Moscoso es comunicador social egresado de la Universidad de Lima, analista político y conferencista internacional. Ganador de cuatro premios nacionales de prensa. CEO de Viceversa Consulting S.A. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor.
(CNN Español) – Después de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski como resultado de su renuncia obligada y la consecuente asunción del entonces primer vicepresidente, Martín Vizcarra, aplaudida por tirios y troyanos, parecía haber vuelto la calma a la escena política peruana. Pero la brisa de otoño se convirtió en un verdadero huracán categoría 5 desde que, en su discurso a la nación del 28 de julio, Vizcarra enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción “caiga quien caiga”, dixit.
Efectivamente, no fue solo una frase, ya que desde entonces se han sucedido una serie de acontecimientos que han remecido la política peruana, como consecuencia de decisiones gubernamentales, pero también por acción del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, que actúan de manera autónoma con un comprensible instinto de supervivencia. Es así como el Congreso de la República se vio forzado a aprobar con inusitada celeridad la propuesta presidencial de llevar a referéndum cuatro consultas al electorado nacional. Dos referidas al quehacer político y dos al sistema de justicia, tan cuestionado, hoy más que nunca, debido a los escandalosos audios de “Los cuellos blancos del puerto”.
Es en este contexto de guerra fría entre el parlamento y el ejecutivo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema emitió un dictamen que anula el indulto presidencial dado por PPK a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del año pasado, y ordena además su inmediata captura y reclusión en un penal. El hecho desató la protesta del partido fujimorista Fuerza Popular y las denuncias de una supuesta persecución política. Pero solo unos días después, cuando las voces empezaban a disminuir, el juez Richard Concepción Carhuancho sorpresivamente aceptó el pedido de un fiscal y ordenó prisión preliminar de 10 días contra la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori junto a otras 19 personas de su entorno, por el supuesto delito de lavado de activos. Con ello desató un verdadero terremoto político.
Como si esto fuese poco, el presidente Vizcarra convocó oficialmente al referéndum que propició y anunció que responderá sí a tres preguntas, pero que rechaza la referida a la bicameralidad, debido a que, en su opinión, su propuesta fue desnaturalizada maliciosamente por el parlamento, de mayoría fujimorista. Está demás decir lo que estas declaraciones produjeron en las filas de Fuerza Popular.
Este breve recuento de solo algunos de los acontecimientos más relevantes de las últimas semanas, porque hay muchos más, por cierto, nos permiten imaginar la convulsión social y política que está viviendo Perú en estos momentos. Por ello, no faltan los agoreros de desastres, que anuncian un supuesto cierre del congreso y una convocatoria a elecciones para un nuevo parlamento. Sin embargo, el mismo presidente Vizcarra se ha encargado de negar enfáticamente la posibilidad de un golpe a la democracia peruana, que está cumpliendo 18 años de procesos eleccionarios ininterrumpidos, incluyendo las elecciones municipales y regionales de octubre, que se han desarrollado con absoluta normalidad.
Estamos pues ante un país en el que, como dice el periodista satírico Nicolás Yerovi, “uno se puede morir de cualquier cosa, menos de aburrimiento”. Nada está dicho y todo es posible en la dimensión desconocida de la política peruana. El Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que la llamada “ley mordaza”, que aprobó hace pocos meses la mayoría apro-fujimorista (prohibiendo la publicidad estatal), es inconstitucional, hiriéndola así de muerte.
En medio de este convulso escenario, con la opositora Keiko Fujimori en prisión preliminar, que podría convertirse, según algunos juristas, en prisión preventiva de 18 meses, la mayoría fujimorista en el parlamento, que parece caminar como gallina sin cabeza, acaba de aprobar “al caballazo” una ley que permitiría que los sentenciados que tengan más de 78 años y hayan cumplido más de un tercio de su pena puedan terminar su sentencia en arresto domiciliario. Léase, Alberto Fujimori. Siendo una ley con nombre propio e indefendible ante los tribunales nacionales e internacionales, resulta difícil creer que el presidente Vizcarra se atreva a firmarla. Otra razón para el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, seguramente.
Es muy difícil predecir qué otras sorpresas nos traerá el quehacer político peruano en los próximos días. Sin embargo, somos de quienes creen que todas estas disputas, divergencias y enfrentamientos forman parte del escenario propio de una democracia adolescente. Lo decimos porque nada de lo reseñado se puede calificar de ilegal o dictatorial. Todos estos acontecimientos se enmarcan en el cauce de la ley y la Constitución peruana. Pero, como es obvio, cuando se dan normas o dictan sentencias, solo están contentos los favorecidos.