Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez es licenciado por el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU). Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centro América. Síguelo en Twitter en @_vaclavmasek.
(CNN Español) – Mientras Andrés Manuel López Obrador asumía la presidencia en Ciudad de México, miles de migrantes pertenecientes a la primera caravana que partió desde Honduras abarrotaban un albergue en Tijuana. Y posiblemente, a casi cuatro mil kilómetros al sureste, otros migrantes buscaban atravesar la ciudad fronteriza de Tapachula, que colinda con Guatemala. No sorprende entonces que, en el marco de su investidura, el presidente mexicano y sus homólogos del Triángulo del Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras—, firmasen el Plan de Desarrollo Integral este pasado domingo.
En el plan, el gobierno de López Obrador plantea un programa de desarrollo multilateral, con el objetivo de prevenir el fenómeno migratorio, que ataca simultáneamente sus causas estructurales. Apoyado por la Cepal, la cifra estimada ronda entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares, con recursos enfocados en la creación de fuentes de empleo para que los centroamericanos no tengan que abandonar sus países. El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo comparó con el Plan Marshall, la iniciativa de desarrollo económico liderada por EE.UU. al final la Segunda Guerra Mundial en Europa occidental, “en cuanto al tamaño del esfuerzo”. El contenido de la propuesta será presentado en Marruecos la próxima semana, cuando se celebre la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración.
La comparación del Plan de Desarrollo Integral con el Plan Marshall es involuntariamente irónica. Latinoamérica sigue siendo la región más violenta del mundo y los países del Triángulo del Norte encabezan la lista con indicadores criminales semejantes a países en guerra. Según expertos, esto se debe a conflictos territoriales del narcotráfico, que han encontrado territorio fértil en estos tres países para diversificar sus operaciones ilícitas.
¿A dónde va entonces el Plan de Desarrollo Integral? La iniciativa emerge en un contexto en el cual se han conocido diferentes versiones sobre la postura de los presidentes de Guatemala y Honduras relacionadas con el financiamiento de la caravana, anteriormente expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha desacreditado las razones por las cuales los migrantes participan en el éxodo. A su vez, el presidente guatemalteco enfrenta una crisis de legitimidad debido a su disputa con el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), mientras que el hermano de su similar hondureño enfrenta un juicio por narcotráfico en EE.UU.
López Obrador, cuyo idealismo populista recuerda a los gobiernos de la marea rosa de la década pasada, tendrá que lidiar con dos administraciones conservadoras que han sido empañadas por la corrupción, carentes del apoyo popular necesario para implementar políticas públicas tan ambiciosas como esta. Y con elecciones en Guatemala y El Salvador en 2019, la viabilidad del plan parece disminuir.
La migración de centroamericanos no va a parar. De hecho, las estadísticas demuestran que este fenómeno demográfico ha venido en aumento durante la última década. Aunque la apuesta de López Obrador por el desarrollo humano como solución a la migración masiva es coherente, esta nueva inversión multimillonaria poco hará para desincentivar el flujo de personas hacia el norte, ya que los problemas que aquejan a la región son intergeneracionales y estructurales. Luego de los conflictos armados de la década de los ochenta, las instituciones políticas de Centroamérica jamás llegaron a consolidarse. Ahora, la impunidad y la corrupción es el modus operandi implícito de la clase política en el istmo.
Si las amenazas del presidente del país más poderoso del mundo no han logrado mitigar los flujos migratorios de Centroamérica, menos lo hará un programa donde el compromiso de las partes involucradas está atenuado por sus propios intereses. Tan sólo es su primera semana, pero López Obrador tiene mucho por hacer para que la política migratoria entre Tapachula y Tijuana sea la misma que la de sus vecinos del sur.