(CNN Español) – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el fin del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo creado en conjunto entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas.
Morales acusa a las Cicig de acciones ilegales y de violar los derechos humanos, y en el evento del anuncio de este lunes presentó a personas supuestamente afectadas por ese organismo.
“Funcionarios de la Cicig violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país”, dijo Morales, y señaló “que estas violaciones atentan contra la misma carta de las Naciones Unidas, la Constitución de Guatemala y el acuerdo de la creación de la Cicig”.
Jimmy Morales dice que el “silencio, pasividad y negativa” de António Guterres para “buscar soluciones” generaron “incertidumbre nacional sobre actuar de la Cicig”.
“Hemos entregado oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la Cicig, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala”, dijo Morales.
El Gobierno notificó a la ONU la terminación del acuerdo de creación de la Cicig. La canciller Sandra Jovel anunció antes el lunes que quedará finalizado en un plazo de 24 horas. “Es lamentable que el secretario general por mantener a una persona sacrificó el funcionamiento total de la Comisión. Por lo tanto se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y la Secretaria General de las Naciones Unidas”, dijo Jovel.
Guterres rechazó el contenido de la carta presentada por el Gobierno. “Esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo”, dice un comunicado del secretario general, que pide al Gobierno que “respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig”.
Hace algunos días la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los 11 funcionarios de la Cicig que el Ejecutivo trató de expulsar del país. Según la Corte, el ejecutivo debía abstenerse de impedir el regreso de dichos funcionarios, quienes al momento de ser expulsados estaban de vacaciones fuera del país.
El mandato de la Cicig habría terminado en septiembre de 2019, esto debido a que Morales no decidió renovarlo.
Tensión y crisis política
Desde septiembre del 2017, la Cicig, que durante 10 años ha develado casos de alto impacto en Guatemala, ha sufrido ataques del Gobierno del presidente Jimmy Morales. Los últimos y más intensos comenzaron desde el 31 de agosto, cuando el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión; cuatro días después de eso, ordenó a las autoridades de Migración que se le prohibiera el ingreso a Iván Velásquez al país. Según el mandatario guatemalteco, Velásquez se extralimitó en sus funciones. Pero esta decisión de Morales fue revertida por la Corte de Constitucionalidad, aunque Velásquez no ha regresado a Guatemala y está por cumplir 2 meses dirigiendo la Cicig desde el exterior.
Durante la campaña electoral del entonces candidato Jimmy Morales en 2015, él aseguró en varias ocasiones que extendería el mandato de la Cicig. La Comisión fue creada y avalada por varios gobiernos de Guatemala desde el 2006 para acabar con redes clandestinas incrustadas en el Estado de Guatemala, corrupción que según los expertos, es una de las causas principales de pobreza y de pobreza extrema en el país.
Al iniciar su mandato, Morales aparecía en las conferencias de prensa junto a la entonces fiscal general Thelma Aldana y al Comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, todo cambió cuando a principios del 2017 las autoridades develaron un caso de supuesta corrupción que involucra a familiares de Morales, mismas que se suman a por lo menos 2 acusaciones del Ministerio Público hacia el propio presidente guatemalteco por presunto financiamiento electoral ilícito. Ambos expedientes no han prosperado por la negativa del Congreso de Guatemala que impide que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala puedan investigar al presidente aunque, hasta este punto, Morales asegura ser inocente de todos los cargos al igual que sus familiares.
¿Cuál ha sido el papel de la Cicig en la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala ha develado importantes casos de corrupción el país que salpican a cuatro expresidentes y ha señalado a Morales por financiamiento electoral ilícito.
En 2015, junto a la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana, la Cicig desmanteló el caso La Línea, una red de fraude multimillonaria aduanando que según las investigaciones estaba encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Aunque ambos se declararon inocentes, tuvieron que renunciar a sus cargos y están en prisión a la espera de un juicio.
Luego de esta renuncia Jimmy Morales llegó a la presidencia con las banderas de la lucha contra la corrupción, pero esa promesa parece haberse desvanecido.
Morales vs. Velásquez
Según el Gobierno, Velásquez es una persona “que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
El abogado colombiano ha sido reconocido internacionalmente por su labor contra la corrupción.
Morales ha dicho que la gestión de la comisión ha sido un “error judicial”.
Hay dos incidentes que salpicaron a Morales con la corrupción. El primero fue en mayo de 2017 cuando el hijo y el hermano de Morales fueron acusados de corrupción. Ambos se declararon inocentes y el presidente dijo que respetaba la justicia.
Pero meses después tanto la Cicig como el Ministerio Público solicitaron un antejuicio contra Jimmy Morales para que fuera investigado por presuntas transacciones ilegales en su partido.
Morales negó los señalamientos y en agosto de 2017 declaró como persona no grata a Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país. Pero después, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo a favor de Velásquez debido a una serie de fallas jurídicas e inconsistencias legales en la decisión de Morales.
Guatemala y Naciones Unidas firmaron un mandato en 2006 para establecer la Cicig en el país centroamericano. En ese documento se establece que el comisionado del organismo se le otorgan privilegios diplomáticos que prohiben que sea expuesto a restricciones migratorias.
Bajo ese acuerdo, el comisionado, en este caso Iván Velásquez, está amparado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Pero el gobierno de Morales alega que los privilegios del comisionado se acaban cuando no va en línea con la Constitución del país o esa persona se entromete en asuntos internos.
Con información de Michelle Mendoza y Herbert Holguín