Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez es un estudiante guatemalteco por graduarse en el Centro para los Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CLACS) en la Universidad de Nueva York (NYU). Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centro América. Síguelo en Twitter en @_vaclavmasek.
(CNN) – Aunque no es una región homogénea, el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) encapsula tres países que se enfrentan a problemas estructurales similares. Los más visibles son la persistencia de la violencia y la rampante corrupción en sus gobiernos.
Para contextualizarlo, llamamos a colación la data y los hechos recientes. Los tres países poseen tasas de homicidio con tendencia a la baja, pero siguen figurando como tres de los seis países más violentos de Latinoamérica. Y ahora, en los primeros quinces días del 2019, la violencia ha arreciado en los tres países.
En cuanto a temas de corrupción, el presidente actual de Honduras, junto a una treintena de sus acólitos, ha sido denunciado recientemente de pertenecer a una red de enriquecimiento ilícito. Dos expresidentes salvadoreños formaron una alianza política para enfrentar a sus opositores; uno de los implicados fue condenado a diez años de prisión, mientras que el otro huyó del país y se refugió en Nicaragua. En Guatemala, cinco de los últimos seis presidentes han sido acusados en temas por corrupción. En este contexto surge la migración a Estados Unidos.
A pesar de ser maquiavélicamente manipulada por la actual administración de Donald Trump, con el fin de conseguir sus objetivos políticos y electorales, es indudable que la fluctuación demográfica proveniente de Centroamérica se ha hecho acreedora del título de crisis migratoria. No falta recordar que dos niños guatemaltecos—Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin y Felipe Alonzo-Gómez, de 7 y 8 años, respectivamente—han muerto bajo custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Al repatriarse los restos de Jakelin a su comunidad natal de Raxruhá, un mensaje le fue dirigido al presidente Jimmy Morales: “Te pedimos trabajos, electricidad, agua potable, carreteras… para que no tengamos que emigrar”.
La crisis migratoria es el resultado del agravamiento de la erosión institucional en los países del Triángulo Norte. Los Estados centroamericanos no han logrado consolidar el funcionamiento integral de sus entidades judiciales y legales, llevando a la profundización de fisuras sociales en comunidades que aún se están recuperando de conflictos armados.
Emblemático de esto es la coyuntura en Guatemala. Previo a un discurso del presidente Donald Trump, el Gobierno guatemalteco decidió cancelar de forma unilateral el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), poniendo en peligro una lucha a favor de la transparencia y la justicia de más de una década.
A pesar de la que corrupción está enraizada en el sistema político del país, el presidente Jimmy Morales decidió adscribirse a una retórica nacionalista que, supuestamente, vela por la soberanía de Guatemala, pero que convenientemente lo libra de cualquier investigación que lo implique de actividades ilícitas. No está de más recordar que su predecesor, Otto Pérez Molina, fue enviado a prisión por una pesquisa liderada por la CICIG.
La decisión de finalizar el mandato de la Comisión representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, la trata de blancas y el lavado de dinero en Guatemala. Más importantemente, la ausencia de CICIG es una oportunidad para perpetuar una cultura de impunidad dentro de las salas del Gobierno.
Hoy, en Guatemala no existe la certeza de que el Gobierno vaya a respetar las instituciones que aseguran la gobernabilidad o el Estado de derecho. En los 16 meses transcurridos desde que el presidente Morales intentó bloquear el trabajo de un equipo de investigadores de la CICIG, por primera vez, la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado sistemáticamente en su contra. Cuando su gobierno ordenó a los fiscales que abandonaran el país, éstos así lo hicieron.
En Guatemala no sólo peligra la credibilidad internacional de su gobierno y su disposición a permanecer en las Naciones Unidas—órgano vital en el funcionamiento de la CICIG—, sino que además existe incertidumbre en torno a las elecciones generales de junio. ¿Qué se puede esperar de un presidente con impulsos autocráticos que se rehúsa a rendir cuentas por sus presuntas actividades ilegales?
Los últimos comicios en el vecino país de Honduras deben servir como precedente para los guatemaltecos. En 2015, Honduras llevó a cabo una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, algo que seis años antes había resultado en el derrocamiento y expulsión del expresidente Manuel Zelaya.
En las elecciones de 2017, Juan Orlando Hernández fue reelegido bajo sospechas de fraude, desencadenando una crisis poselectoral que terminaría quitándole la vida a decenas de hondureños.
La problemática fronteriza se ha convertido en un tema transnacional que implica cooperación multilateral. México ya se ha comprometido a frenar el ingreso de centroamericanos en varios puntos de su frontera con Guatemala. Y con nuevas caravanas migrantes saliendo desde San Pedro Sula y San Salvador, la migración centroamericana continúa siendo analizada doméstica e internacionalmente desde una perspectiva humanitaria y de seguridad. ¿Qué pasaría si se analizase como efecto de la erosión de las instituciones democráticas? Algo es seguro: ni Trump pediría su muro, ni Jakelin hubiera tenido que partir.