Cúcuta, Colombia (CNN Español) – La Parada, en Norte de Santander, es un punto álgido donde se visualiza la magnitud de la tragedia humana de muchos venezolanos que han tenido que dejarlo todo para sobrevivir.
Es el punto inmediato al que llegan los inmigrantes que cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta Venezuela con Colombia. Al llegar allí se siente la turbulencia de un sector al que llegan miles de venezolanos cada día a buscar insumos básicos como alimentos y medicinas, y también a lo que llaman ‘rebusque’ —trabajar en lo que sea— para sobrevivir.
En La Parada se comercia de todo: frutas, verduras, dulces, panes. Se compran y venden celulares, agua, gaseosas, ropa, zapatos y hasta se hacen tatuajes. Hombres y mujeres prestan el servicios de transportistas informales, llevando bultos en carritos o transportando personas discapacitadas en sillas de ruedas de un lado para otro.
Y otros, con un mechón de pelo en la mano, se dedican a comprar cabello.
A lado y lado de la vía, en medio de tanta multitud, varios hombres buscan pelo de mujeres en la frontera: “Se compra cabello”, gritan, entre más largo, mejor, dicen.
Yodeira Martínez, una venezolana que viven en Norte de Santander, dijo que como la situación estaba tan dura, tuvo que vender su pelo.
“Yo tenía mi cabello por aquí, pero lo tenía muy finito”, dice señalando la mitad de su espalda. “Me dieron 10.000 pesos por un poquito de cabello”, agrega, explicando que no tenía la suficiente cantidad para que le pagaran más.
Sin embargo, “eso le sirve uno para remediarse”, agrega.
Un vendedor de jugos venezolano, que busca mujeres que quieran vender el pelo, dice que las mujeres lo hacen por necesidad.
“De una cabellera comen dos o cuatro”, dice este hombre no quiso dar su nombre.
En Colombia no es ilegal comercializar con pelo, pero lo que sí lo es es hacerlo en el espacio público, según le dijo a CNN en Español el secretario de Gobierno de Villa del Rosario, el municipio donde se encuentra La Parada, Saúl Cristancho.
“Usted puede vender el cabello, lo que quiera. La ilegalidad está en utilizar el espacio público, porque muy seguramente si usted llega a un salón de belleza o a un sitio que esté legalizado y es consciente de que quiere vender su cabello, eso ya es otra cosa. Es que aquí se trata de la invasión al espacio público”, dice Cristancho.
“Es una forma de ayudarse. Un mechón de pelo puede significar al menos una semana de comer, luego ya verán qué hacen”, agrega el vendedor de jugos.
Otro comprador de pelo, que tampoco quiso dar su nombre, se unió a la conversación diciendo que el negocio está en que los peluqueros compren el pelo largo de las mujeres por alrededor de unos 30.000 y hasta 80.000 pesos (entre 10 y 30 dólares) para venderlo para hacer pelucas de cabello natural o extensiones, que según él pueden llegar a venderse hasta 10 veces más caras en otras ciudades.
Y la necesidad es mayor y en tiempos difíciles, cualquier ayuda sirve.
“Tuve que hacerlo para comprarme una crema y echármela en el cuerpo porque ya la piel se me estaba muriendo, toda seca, toda fea, ya no me hallaba”, aseguró Martínez. Dice que le duele haber llegado a esto.
Un riesgo de salud pública
En una de las esquinas de La Parada, se ven mechones de pelo en el piso, producto de la informalidad de la compra y venta de pelo.
En diálogo con CNN en Español, Judith Ortega, la secretaria de Salud de Cúcuta, capital de Norte de Santander, dice que muchas de estas personas no lo hacen en establecimientos debidamente reglamentados para estas prácticas y que tampoco cuentan con las condiciones de salubridad necesarias.
“Desde luego que desde el punto de vista de salud pública es un gran riesgo por la contaminación de bacterias en los instrumentos que utilizan para el corte e igualmente la transmisión de parásitos como piojos, liendras y muchos otros que pueden ser trasmitidos” a través de esta práctica, dice Ortega.
Entre tanto, debido a que en los últimos dos años (entre 2017 y 2019) los vendedores ambulantes de la parada pasaron de 80 a unos 3.000, según el secretario de gobierno de Villa del Rosario, la administración local planea el desalojo de estas personas para recupera el espacio público del sector.
“Se nos ha convertido en un problema de inseguridad, problema de salud pública”, dice Cristancho sobre la multitud de vendedores en este sector.