Nota del editor: Josh Campbell es un analista de CNN que cubre los temas de seguridad nacional. Previamente sirvió como agente especial supervisor del FBI, asistente especial de la oficina del director, entre ellos de Jim Comey, y está escribiendo un libro sobre los recientes intentos de funcionarios electos por socavar el estado de derecho. Sígalo en Twitter @joshscampbell. Las opiniones vertidas en este artículo son propias del autor.
(CNN) – El exdirector del FBI Robert Mueller ha logrado exactamente lo que esperábamos que hiciera quienes en algún momento trabajamos con él. Empujado al centro de atención nacional con su investigación de una campaña persidencial, Mueller ignoró el ruido político de Washington y permitió que su trabajo hable por sí mismo.
Pero con la noticia de que su investigación está llegando a su fin, ¿sabremos realmente si su equipo desenterró revelaciones potencialmente condenatorias sobre el presidente?
Si el informe de Mueller no cubre los estándares del Departamento de Justicia para realizar una demanda, la respuesta podría ser que no.
En términos simples, que los hallazgos del informe final de Mueller no le lleguen al público sería una afronta al pueblo estadounidense.
La decisión sobre qué se publicará sigue totalmente en manos del Secretario de Justicia William Barr. Las reglamentaciones que gobiernan es quehacer del investigador especial indican que Mueller debe brindarle a Barr un informe, quien luego notificará al Congreso que se la investigación ha terminado. Queda totalmente a criterio de Barr decidir cuán robusta será la reseña que desea brindarle a los líderes del Congreso aceca del trabajo de Mueller. En teoría, podría emitir una declaración de una oración anunciando la conclusión, si así lo quisiera.
Pero esa movida sería una farsa.
Una disposición en la ley le permite hacer público el reporte de Mueller si considera que es de “interés público”. No me viene a la mente otro caso de la historia moderna en que el interés público generado en torno a la investigación de Mueller sobre Rusia sea comparable. Si bien hay que proteger toda la información clasificada sobre las fuentes y métodos, todo lo demás debe ser revelado.
Por supuesto, el Departamento de Justicia ha operado según la costumbre que dicta a los fiscales no hablar públicamente sobre los detalles de las investigaciones a personas que deciden no acusar penalmente. Sin embargo, hay una excepción cuando los funcionarios llegan a la conclusión de que el derecho del público a saber algo pesa más que el deber de resguardar la privacidad individual.
Piense cuando en julio de 2016 mi exjefe, el director del FBI James Comey, se acercó al micrófono y anunció los hallazgos de la oficina en la investigación de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton. Fue criticado por los líderes del Departamento de Justicia por no consultarlos de antemano y categorizar parte de la conducta de Clinton de un modo que ahora, mirando atrás, cree que hubiera sido mejor hacerlo de otra forma, pero lo que hizo en ese momento fue optar por la transparencia en un caso de intenso interés público.
El interrogante que confrontó Comey fue: ¿tiene el público el derecho a saber lo que hallaron los investigadores una vez concluida la investigación? Esta es precisamente la misma pregunta que nos hacemos ahora sobre el informe de Mueller.
A diferencia del presidente Trump, Clinton era una ciudadana privada, pero era a su vez una política de alto perfil a punto de posiblemente asumir el mayor cargo en la patria. El gobierno debería tratar el informe de Mueller exactamente del mismo modo y darle al pueblo estadounidense la posibilidad de comprender la totalidad de lo que ha estado haciendo el investigador especial durante casi dos años.
Por su parte, los funcionarios de la Casa Blanca probablemente protestarán fuertemente e insistirán en que hablar públicamente sobre una investigación que no genera cargos contra el presidente es una violación de su privacidad. Pero esto es un sinsentido. Cuando un político de cualquier partido se lanza a la arena nacional y busca acceder al poder, cede ciertos elementos de su privacidad. Como nuestros representantes, nosotros el pueblo merecemos saber exáctamente qué están haciendo.
Si bien me he mantenido afuera del juego de las predicciones, mis antecedentes como investigador y mi experiencia trabajando cerca de Robert Mueller me llevan a creer que no hará una movida contra el presidente. La costumbre del Departamento de Justicia mantiene que un presidente en funciones no puede ser acusado. Imagino que Mueller se ceñirá a estas normas, planteará un caso convincente para examinar muchas de las acciones de Trump como altamente cuestionables, pero luego tomará nota de que la posición del presidente impide la acusación. Luego dependerá del Congreso decidir qué ocurrirá, si es que algo ha de ocurrir, a partir de allí, .
Por esta razón resulta crítico que se haga público el informe. Si Mueller halla algún delito por parte del presidente pero opta por no acusarlo, no habrá proceso legal. No habrá un juicio ni un registro público de las pruebas del gobierno.
De no haber una exposicón completa del trabajo de Mueller, el pueblo estadounidense por siempre quedará a tientas en un caso de intenso interés público. Si el presidente es inocente, él y sus aliados deberían recibir con beneplácito la luz resplandeciente de la transparencia.