(CNN Español) – En 2018, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública se registraron 1.173 casos de feminicidios, lo que representa un aumento significativo con relación a 2017, cuando hubo 1.047 casos. Dentro de las motivaciones analizadas en estudios de diversas organizaciones contactadas por CNN, se encuentran el odio y desprecio buscando controlar la voluntad de la mujer a nivel mental, físico, emocional, moral y sexual.
En Brasil, el país con el mayor número de población en América del Sur, este hecho es cometido la mayoría de las veces por el compañero/a sentimental de la mujer en un contexto de violencia doméstica y familiar.
El gobierno brasileño ha hechos esfuerzos por fortalecer las penas de los agresores y darle legitimidad a este suceso. En 2006 la ONU reconoció la Ley de Maria da Penha como un recurso para proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia domestica creando una red de apoyo. La ley se atribuye su nombre a un caso recordado por los medios cuando, en 1983, Maria da Penha quien sobrevivió al ataque de su esposo con arma de fuego mientras dormía.
En 2015, según información del Instituto de Información Económica Aplicada, un total de 4.621 mujeres fueron asesinadas, es decir 4,5 muertes por cada 100.000 mujeres. Según Monitor de Violencia. ese año hubo 445 por feminicidios. En consecuencia, la entonces presidenta Dilma Rousseff creó la ley complementaria llamada Ley de Feminicidio, incluyéndola como crimen en el código penal y directamente relacionada con mujeres asesinadas. Esta ley acusa y fija las penas carcelarias de los agresores.
Dicha acción por visibilizar el feminicidio busca que este tipo de violencia extrema pueda ser evitada y no impune. Ambas leyes están en vigor y aun así, muchas mujeres no denuncian por miedo a retaliación por parte de sus parejas o por desconocimiento, según un informe de la Agencia Patrícia Galvão, entidad que promueve la protección a la mujer y visibiliza casos de maltrato. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, de 2019, la implementación de la ley de 2006 está incompleta y 23 centros de ayuda a la mujer fueron cerrados por falta de presupuesto. HRW informa también que “quedan apenas 74 albergues en un país con una población de más de 200 millones de personas. Cada año, la policía no investiga adecuadamente miles de casos de violencia doméstica que, en consecuencia, nunca son juzgados”.
En lo que va del 2019, la web del Monitor da Violencia evidencia más de 10 casos con acusaciones de golpes, apuñaladas, disparos y celos. Mostrando que el estado con mayor tasa de feminicidio en 2018 es Acre con 3,2 muertes por cada 100.000 mujeres en opuesto con el estado de Amazonas con la cifra de 0,2.
Con información de Sebastián Espinosa