Nota del editor: En esta nueva columna semanal titulada “Contrainterrogatorio”, Elie Honig, exfiscal federal y estatal y analista legal de CNN nos aporta su visión sobre las últimas noticias legales y responde a preguntas de los lectores. Envíe sus preguntas en la sección inferior. Las posturas expresadas en este comentario son propias del autor. Vea más columnas de opinión en CNN. Mire a Honig responder a preguntas en “CNN Newsroom” a las 5:40 de la tarde, hora de Miami, los domingos.
(CNN) – Mientras el fiscal especial Robert Mueller se prepara para emitir su informe final, dentro de poco podríamos enfrentar un dilema constitucional que nos lleve por el mismo camino por el que anduvo el presidente Richard Nixon. Los hechos son distintos ahora en algunos sentidos, pero se juega lo mismo.
En 1974, un fiscal especial emitió una citación a Nixon por las grabaciones hechas en la Casa Blanca. El presidente se opuso, argumentando el privilegio presidencial —la idea de que las comunicaciones confidenciales entre el presidente y sus asesores deben permanecer en secreto y fuera del alcance de una citación. Y, en una decisión unánime de 8 a 0 —incluyendo tres jueces designados por el mismo Nixon— la Corte Suprema reconoció el concepto de privilegio presidencial, pero rechazó su aplicación al caso de Nixon. Nixon se vio forzado a entregar las grabaciones, y renunció unos días después.
Esta semana nos enteramos de que los abogados de la Casa Blanca esperan ver el informe de Mueller antes de que se haga público, para que puedan objetar basado en el privilegio presidencial. De la misma manera, el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, dijo que ha “reservado el privilegio presidencial y tenemos el derecho a afirmarlo. La única manera en que podemos afirmarlo es si podemos ver lo que está en el informe”.
LEE: El informe de Mueller tiene más de 300 páginas, según fuentes
Trump —sin duda enterado del voto bipartidario de 420 a 0 en la cámara baja que pide la divulgación completa del informe— pareció después estar de acuerdo en que la cámara baja vea el informe, declarando que “le dije a la Cámara de Representantes que, si quieren, dejen que lo vean”. La declaración de Trump no explicitó si quiso decir que la Cámara de Representantes debería ver todo el informe, o que debería estar sujeto a las objeciones de su equipo legal.
Si los abogados del presidente declaran el privilegio presidencial, entonces surgirán tres puntos de decisión crucial:
1. ¿El Secretario de Justicia William Barr le mostrará el informe a Trump de antemano? Los reglamentos del fiscal especial requieren que Mueller presente un “informe confidencial” a Barr, quien por su lado tiene amplio criterio para decidir si disemina la información descubierta y la manera de hacerlo. Por lo tanto, la decisión de darle el informe a los abogados de Trump antes que al Congreso está de manera completa en las manos de Barr.
2. Si Trump declara el privilegio presidencial, ¿Barr lo aceptará o lo rechazará? Si ven el informe de antemano, el equipo de Trump probablemente declarará el privilegio presidencial de las comunicaciones entre Trump y sus asesores más cercanos, incluyendo conversaciones relevantes a la potencial obstrucción de justicia con el exconsejero legal de la Casa Blanca Don McGahn (quien supuestamente rechazó la orden de Trump de despedir a Mueller), el exsecretario de justicia interino Matthew Whitaker (supuestamente el destinatario de la ira de Trump a raiz de la investigación del Distrito Sur de Nueva York contra Michael Cohen) y otros. Es posible que Barr decida por su cuenta aceptar la afirmación de Trump del privilegio presidencial respecto de partes del informe. Pero Barr podría rechazar aquellas afirmaciones, lo que allanaría el camino a una confrontación legal.
3. Si la disputa llega a las cortes, ¿quién prevalecerá? Una disputa respecto del privilegio presidencial en el informe de Mueller podría ir directamente a la Corte Suprema (ver más abajo para más sobre esto). La corte de Nixon dictaminó que el privilegio presidencial busca proteger los “secretos militares, diplomáticos y delicados de seguridad nacional”, pero no como un escudo contra asuntos delictivos. Trump podría argumentar que el caso de Nixon incluía la presentación de pruebas (las grabaciones), mientras que Trump objetaría la evidencia de conversaciones verbales, pero es difícil ver la razón por la cual esa distinción haría la diferencia en un resultado legal.
La mejor opción para Trump podría ser confiar en la composición cambiante de la misma Corte Suprema. Ninguno de los jueces del caso de Nixon están aún en el estrado, y dos de los nueve jueces actuales son personas designadas por Trump —uno de los cuales, Brett Kavanaugh, ha escrito que el presidente goza de amplios poderes y protecciones contra procesos criminales tales como una citación y acusaciones.
Si el caso llega hasta la Corte Suprema, veremos una confrontación legal de la más alta importancia. El contenido del informe de Mueller, y el futuro de la presidencia de Trump, podría estar en riesgo.
Mientras tanto, esta semana tuvimos nuestro primer vistazo de los documentos que los fiscales le presentaron al juez federal que autorizó las órdenes de allanamientos emitidas por el Distrito Sur de Nueva York en abril de 2018. Veo tres moralejas principales aquí.
En primer lugar, la investigación de Cohen comenzó con Mueller en julio de 2017 —casi un año antes de que el Distrito Sur de Nueva York se hiciera cargo del caso y buscara las propiedades de Cohen. Aún antes de la búsqueda de parte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales tenían amplia evidencia de los delitos cometidos por Cohen y otros.
En segundo lugar, el Distrito Sur de Nueva York parece estar trabajando en dirección a la formulación de cargos de financiación de campaña. Los documentos a los que recientemente se les levantó el secreto de sumario incluyen 20 páginas de texto editado para proteger las investigaciones actuales, y el juez William Pauley observó que los documentos “catalogan una variedad de individuos no acusados y detallan sus participaciones en… los cargos de financiación de campaña a los que Cohen se declaró culpable”.
En tercer lugar, los documentos ponen fin a las sugerencias de parte de Trump y Giuliani de que el FBI actuó de manera inapropiada o injusta cuando un grupo de “tropas de asalto” (según Giuliani) “allanaron” (según Trump) las propiedades de Cohen. De hecho, según dejan en claro los documentos recientemente divulgados, los fiscales recorrieron todas las vías adecuadas y demostraron ampliamente al juez federal de que tenían causa probable para creer que Cohen había cometidos delitos. Desechen las teorías conspirativas; estos documentos prueban que este caso fue manejado, según las reglas desde el comienzo.
Ahora, sus preguntas.
Bill, de California: En la reunión de agosto de 2016 en el Cigar Club, Rick Gates, un exasistente de la campaña de Trump, estaba presente cuando Paul Manafort le dio datos de encuestas a Konstantin Kilimnik este último supuestamente vinculado al Kremlin. ¿Es por esto que Rick Gates aún no ha sido sentenciado?
Mueller pidió recientemente la postergación de la sentencia de Gates porque Gates “sigue cooperando con respecto a varias investigaciones en curso.” Tanto los fiscales como los testigos que colaboran buscan en general postergar la sentencia hasta que finalice la cooperación. El fiscal suele querer mantenerle un incentivo —el potencial premio de una sentencia reducida— al que coopera, hasta que finalice la cooperación. El cooperador se beneficia si el juez que da la sentencia se entera de su colaboración— y cuanto más ayude, mejor. En casos extremos que involucran a un cooperador a largo plazo, he visto que la sentencia sea postergada por más de ocho años.
Está claro que Mueller, y quizás los demás, aún tengan planes para Gates en varios frentes (“varias investigaciones en curso”). Parece probable que Gates —que fue el vicedirector del Comité de toma de posesión de Trump— esté asistiendo al Distrito Sur de Nueva York en su investigación del comité inaugural.
Gates también parece estar cooperando con Mueller respecto de la reunión del Club de la Gran Havana del 2 de agosto, en el que Manafort le dio datos de encuesta internos y confidenciales de la campaña a Kilimnik, quien ha sido vinculado con los servicios de inteligencia rusa. Gates estaba presente durante la reunión, y se presume que le ha dicho todo al respecto a Mueller.
Ya sea si la reunión por si sola es un delito, o si encaja en una narrativa delictiva aún más grande, es una de las preguntas más grandes que quedan para Mueller. Esto sí es evidente: el equipo de Mueller dijo en la corte que la reunión “llega a la raíz de lo que está investigando la oficina del fiscal especial”. Parece ser una pista.
Kai-Lee, Canadá: ¿A quién le caería la responsabilidad de cambiar el memorando interno del Departamento de Justicia que dice que un presidente en ejercicio no puede ser acusado de un delito federal?
La política del Departamento de Justicia contra la imputación de un presidente en ejercicio es simplemente eso: una política. No hay nada en la Constitución, estatuto o jurisprudencia respecto del tema. Así como el Departamento de Justicia formula sus propias políticas internas, ese mismo departamento también puede cambiar sus políticas - a discreción del secretario de justicia.
Cuando trabajé en el Departamento de Justicia del 2004 al 2012, cambiaron varias políticas. Por ejemplo, en 2010 el secretario de Justicia Eric Holder emitió una nueva política que le daba mayor discreción a los fiscales federales para practicar indulgencia al imputar, y tomar decisiones de acuerdos del fiscal y sentencias. Esto reemplazó una política más estricta emitida por el secretario de Justicia John Ashcroft.
Si bien un cambio de política, solo requiere teóricamente la firma del secretario de Justicia, no espere que la política contra la imputación de un presidente en ejercicio sea cambiada en el futuro próximo. Esta política ha estado en vigor desde 1973 y fue actualizada en 2000, así que un retiro revertiría décadas de una práctica que ha abarcado múltiples gobiernos. Además, un secretario de justicia enfrenta un dilema político: al cambiar la política, el secretario de justicia coloca ala misma persona que lo nominó en la línea de fuego.
Semejante paso requeriría dos cosas: (1) la creencia de que la actual política de no imputar es defectuosa en el sentido legal, y (2) gran coraje político.
Gary, Texas: Entiendo que la política del Departamento de Justicia dice que un presidente en ejercicio no puede ser imputado, pero…¿hay algo que evite que un estado haga eso?
La política del Departamento de Justicia contra la imputación de un presidente en ejercicio no es vinculante al nivel de los fiscales estatales (en general se los llama fiscales generales a nivel estatal y fiscales de distrito a nivel de condado). Así que, en teoría, cualquier fiscal estatal que tenga un caso demostrable contra el presidente puede decidir levantar cargos por ese caso.
Si un fiscal estatal llegara a levantar cargos contra un presidente en ejercicio, no hay duda de que el presidente argumentaría que no puede ser imputado mientras esté en su cargo, lo que prepararía el caso para las cortes. La primera prueba documentada para el presidente sería el memorando de la política del Departamento de Justicia, el cual reconoce que no hay una respuesta clara, pero también expone de manera detallada haciéndose valer de la jurisprudencia y de las inquietudes en cuestiones de políticas —el argumento en contra de la imputación. El caso probablemente terminaría en la Corte Suprema, en cuyo caso recibiríamos una respuesta definitiva a este problema legal desconcertante.
Andrew, Florida: ¿Tendrán algunos de los organismos de investigación que examinan el mundo de Trump la prerrogativa de requerir una decisión acelerada de la Corte Suprema sobre casos que se saltean las cortes inferiores?
En general, los casos llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos de tres formas: (1) apelaciones de casos considerados en las cortes federales inferiores, (2) apelaciones de decisiones de cortes supremas estatales, y (3) “jurisdicción original” para disputas entre dos estados. La Corte Suprema también tiene una regla le permite tomar un caso antes del juicio en una corte inferior “al haber una demostración de que el caso es de semejante importancia pública imperativa como para justificar un desvío de la práctica normal de apelación y que requiera una decisión inmediata en esta corte”. Dado lo que está en juego en la investigación en curso del presidente, yo esperaría que cualquier tema legal importante que llegue a las cortes —por ejemplo, la imputación de un presidente en ejercicio o el privilegio presidencial— podría calificar para esta revisión directa y acelerada por parte de la Corte Suprema.
María, Colorado: ¿Cuál es la definición legal de conspiración? ¿La “confabulación” es un término legal? ¿Están relacionados estos dos? Si es así, ¿cómo?
La “confabulación” no es un término legal. No aparece en ningún lado del código penal federal excepto en las leyes poco claras de antimonopolio, que son irrelevantes en la investigación rusa. Trump y Giuliani han normalizado el término a través de la simple repetición, pero la “confabulación” - quizás esta es la razón por la cual la han mencionado - no tiene ningún significado legal y está sujeta a una interpretación amplia
La conspiración, en cambio, es un delito. Una conspiración es simplemente un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito, sumado a alguna acción mínima dirigida a cometer ese delito. Un fiscal no puede acusar a alguien de “conspiración” solamente en un sentido general; debe haber una conspiración para cometer algún delito específico (denominado el “objeto de la conspiración”). Mueller ya ha formulado acusaciones por varias conspiraciones, incluyendo la conspiración para cometer robo informático, conspiración para el lavado de dinero, conspiración para obstruir la justicia y conspiración para obstruir la función legal de Estados Unidos. Así que, si bien la “confabulación se ha convertido en un término político cargado de implicaciones, para los efectos legales no se enfoque en la “confabulación” – sino más bien en la conspiración.
Robert, Maryland: Si Trump pierde en 2020, ¿puede emitir un perdón presidencial en favor de cualquiera antes de irse de la Casa Blanca?
Sí. Aún si Trump llegara a perder la elección del 3 de noviembre de 2020, seguirá en el cargo hasta el día de toma de posesión, el 20 de enero de 2021. Y Trump tendría la autoridad para emitir perdones presidenciales hasta el momento en que deje el cargo.
Los presidentes generalmente emiten perdones durante los últimos días de su gobierno, en gran parte porque los perdones son impopulares inherentemente a nivel político. Los presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton emitieron perdones semanas o días antes de dejar el cargo. Los perdones emitidos por Clinton fueron particularmente controversiales; en el último día de estar en su cargo, Clinton emitió un perdón para su propio hermano Roger Clinton y para el financista fugitivo Marc Rich, quien huyó de Estados Unidos en vez de enfrentar cargos federales por temas impositivos. El perdón de Rich dio lugar a una investigación penal por intento de soborno, de parte del Distrito Sur de Nueva York, pero nunca resultó en cargos.
Tres preguntas para ver la semana que viene:
1.- ¿De qué información nueva nos enteraremos acerca del proyecto Torre Trump Moscú cuando el exasociado de Trump y delicuente convicto Felix Sater testifique públicamente en el Congreso el 27 de marzo?
2.- Ahora que la Casa Blanca no ha cumplido con la fecha límite establecida por el representante Jerrold Nadler para proveer documentos que responden a la investigación de Trump llevada a cabo por la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ¿aumentará Nadler los esfuerzos por medio de citaciones?
3.- Dado que Rod Rosenstein se quedará en el Departamento de Justicia para servir de “escudo” para Mueller, ¿qué tipo de presión generará Mueller en las próximas semanas?
(Traducción de William Montes)