Nota del editor: Geovanny Vicente Romero es abogado y politólogo, con experiencia como profesor y asesor de políticas públicas y gobernanza. Es un estratega político y consultor de comunicación gubernamental. Actualmente está finalizando una maestría en ComunicaciónPolítica y Gobernanza en la Universidad George Washington. Es fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Síguelo en Twitter: @GeovannyVicentR. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.
(CNN Español) – Nada legal surge de lo que nació ilegal. Este enfoque de los actos de la Ley, en este caso, de los actos públicos y oficiales, se puede aplicar a la perfección a las actuaciones y decisiones emanadas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde un acercamiento práctico y realista, el actual gobierno de Maduro nació ilegítimo desde antes que se conocieran los resultados de las elecciones de mayo de 2018, pues dicho proceso careció de condiciones mínimas y de garantías electorales para asegurar un proceso transparente que respete la voluntad de la ciudadanía y que pueda ser fortalecido con la presencia de misiones de observación electoral de carácter internacional para garantizar la transparencia, más allá de toda duda razonable. La abstención electoral fue rampante e inequívoca. No se contó con la participación de la principal coalición opositora mientras que el régimen aún mantiene en prisión a líderes claves que le representan un serio desafío a la continuación del régimen si llegasen a participar en un proceso electoral limpio y justo.
Habiendo desglosado las razones por las cuales el régimen de Maduro legalmente murió antes de nacer, vemos que los estudiosos del derecho nos enseñan que de una ilegalidad no puede surgir una legalidad, es decir, que de forma más coloquial se aplica aquella frase que Willie Colón dice en una de sus canciones: “Palo que nace dobla’o, jamás su tronco endereza”, ahora esto lo extrapolamos a los actos públicos. Igualmente, decía el Barón de Montesquieu cuando señaló que “una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.
A su manera, Martin Luther King Jr. nos explica cómo la justicia se ve amenazada por la injusticia cuando indica que “la injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”. Este es el caso de Venezuela. En esta semana, hemos visto como Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (la legítima) y presidente de la República, proclamado con el respaldo del Poder Legislativo, de gran parte de la población venezolana y de gran parte de la comunidad internacional, ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años y se le sigue un proceso por desacato.
Guaidó viene a formar parte de una larga lista de líderes opositores de Venezuela que han sido sancionados con la inhabilitación o con la prisión. Cuando el gobierno se siente acorralado, recurre a la misma estrategia. Recordemos que el líder opositor Leopoldo López se encuentra en arresto domiciliario cumpliendo casi 14 años de sentencia. María Corina Machado ha integrado esta lista de inhabilitados. El excandidato a la presidencia, Henrique Capriles, tiene 15 años de inhabilitación en sus hombros. El diputado Freddy Guevara, a quien se le quitó su inmunidad parlamentaria. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma es un fugitivo internacional de la mal llamada justicia venezolana. ¡La lista continúa!
Con Guaidó el régimen ha usado mucho tacto, pues este líder joven se comporta y actúa como presidente, un verdadero acto de valentía en un país que vive una dictadura. Nadie es más valiente que Juan Guaidó. Se proclamó presidente en enero, recibió un secuestro estatal y fue liberado una hora después cuando se dieron cuenta del capital político que ponían en juego. Se le prohibió salir del país y salió hacia el concierto de ayuda humanitaria, se reunió con presidentes como parte de una gira y regresó a Venezuela y nadie lo ha tocado. Digámoslo como es: el régimen pareciera que tiene miedo, Maduro está asustado. Por menos de lo que ha hecho Guaidó, otros se encuentran en prisión. Incluso para Chávez, en el contexto democrático de 1992, era impensable proclamarse presidente y andar libre por las calles de Caracas como hoy lo hace Guaidó. Naturalmente, Chávez fue a prisión. El régimen de Maduro sabe que desde 1999 –salvo la breve pausa de 2002 y cuando perdieron el poder legislativo en 2015–, el chavismo nunca se había sentido tan desafiado, nunca había pensado que una parte muy grande del país piensa diferente y nunca habían llegado a la realidad de que todo apunta a que los días del régimen están contados. En estos días, Elvis Amoroso, quien fue nombrado por la Asamblea Nacional (la exconstituyente) como contralor de la República, anunció la inhabilitación de Guaidó. La nulidad de su acto inicia con la nulidad misma de su Asamblea Nacional que de forma arbitraria dejó sin efecto a la legítima que continúa trabajando. Amoroso es miembro de un gobierno usurpador sin legitimidad ante su pueblo y ante el mundo. En cambio, Guaidó preside el único Poder del Estado que sobrevive al cáncer de la usurpación, por lo cual se proclamó presidente basándose en los artículos 233 y 333 de la constitución venezolana, tratando de revertir la suerte del pueblo venezolano ante un gobierno desahuciado.
La legalidad o ilegalidad de una actuación no la hace justa de manera automática, pero es un indicador que mide la legitimidad del poder, pues algo puede ser legal sin ser justo y algo ser justo sin ser legal. El régimen de Maduro es ilegal e injusto al mismo tiempo. La realidad es que aplicar el término nulidad al gobierno de Maduro, también aplicaría a su misma persona, pues esta palabra es definida como “estado de ineptitud o incapacidad”. Conocemos muchos casos de gobiernos que nacen democráticos y terminan en dictaduras. Muy difícilmente veremos un gobierno que surja de la fuerza o de un golpe de Estado y más tarde se entregue a los brazos de la democracia embarcándose en un proceso de transición democrática de poder, pues Henry Kissinger no se equivocó cuando dijo que “el poder es el afrodisiaco más fuerte”. Maduro depende de dicho afrodisíaco, vive en un éxtasis de poder que desde el inicio le causó miopía frente a las necesidades de su pueblo. La realidad que pocas personas se atreverán a afirmar, es que en un Estado de excepción, la historia nos enseña de la existencia de golpes de Estado democráticos, que se justifican en la necesidad de poner fin a una dictadura sangrienta y encaminar el país a elecciones libres y transparentes. Esto pasó en 1974 en Portugal, nación que vivía una de las últimas dictaduras europeas y luego de la intervención de los militares se realizaron elecciones dos años más tarde y el resto es historia.
Hoy tienen una democracia fuerte y nadie recuerda aquel horror llamado dictadura. El problema de estos “golpes democráticos” es que alivian el sufrimiento del pueblo en el momento pero no pueden garantizar fortaleza institucional para el futuro. Un caso interesante fue la salida forzosa del presidente Hosni Mubarak en Egipto, dando a lugar la realización de elecciones, pero no se pudo evitar un segundo golpe en 2013 y este último no entraría en dicha categoría de golpes democráticos. En Honduras –sin defender a Manuel Zelaya y siendo este país un caso muy diferente al venezolano– el golpe de Estado en 2009, rompió el orden constitucional, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, convocó a elecciones y resultó electo Porfirio Lobo. En estos casos, siempre queda la duda de cuantas elecciones deben pasar de forma consecutiva para que la democracia se recupere. En el caso de Honduras, esta democracia continúa siendo frágil debido en parte a ese suceso y una prueba de esto la vimos en las muy polémicas elecciones de 2017, donde el resto es de conocimiento general. Sin embargo, en Venezuela este rompimiento del orden constitucional e institucional –si es que quedaban otras instituciones serias como la Asamblea Nacional- surgió desde adentro mismo, pues fue Maduro que malogró el marco legal del país con unas elecciones arregladas. Nada que surja del régimen puede ser legal o legalizarse. La comunidad internacional debe seguir apoyando a Guaidó para evitar lo de Egipto y para que la fortaleza institucional venezolana surja con más solidez que la exhibida por las instituciones hondureñas en la actualidad.