Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Álvaro Colom de Guatemala. Izurieta es analista de temas políticos en CNN en Español.
(CNN Español) – Durante mucho tiempo he querido escribir sobre la corrupción política, y como buen consultor o comentarista de medios, sabía que era mejor hacerse a un lado de todo tema espinoso. Es siempre más fácil hacerse a un lado; pero ciertos hechos, sobre todo, lo sucedido en Perú y en Guatemala, me ponen en la obligación intelectual de escribir y hablar de ellos lo más sincera y abiertamente posible; considerando que he estado tantos años cerca y he sido testigo del poder en tantos países de América Latina.
No creo que la corrupción en general —y en la política en particular— se pueda solucionar de la noche a la mañana. Si vamos por ese camino ilusorio, lo más probable es que solo encontremos falsos profetas. Dicho esto, sin duda debemos trabajar en la dirección correcta, luchando y consiguiendo disminuir la corrupción cada vez más. Siempre he considerado que la manera más efectiva de combatirla es establecer nuevos niveles de debate político y buscar más transparencia y honorabilidad. Considero que el desarrollo de la comunicación a través de las redes sociales y de internet nos da la oportunidad de que los hechos sean más transparentes. Ya no se pueden mantener muchas cosas escondidas como antes. Sin embargo, las “noticias falsas” o simplemente las sensacionalistas (como lo es y lo era la prensa amarillista) constituyen una nueva amenaza para distraer y manipular la opinión pública.
Pienso que los niveles de gasto electoral en países como Perú, Chile y Uruguay, entre otros, estarían entre los más bajos. Por el contrario, a mi parecer, países como República Dominicana, México, Venezuela (sobre todo con el chavismo), el Ecuador de Rafael Correa y las campañas de Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón en Guatemala parecieran de los más elevados. Siempre he creído en que todo debe ser proporcional y racional. ¿A qué me refiero? La política no es un voluntariado. Quienes creen eso, elegirían a un cómico o al sensacionalista del momento. La política es una actividad profesional (para ello trabajo) y como toda actividad profesional, tiene un costo y eso no es un problema mientras ese costo sea proporcional a su economía.
Una campaña no debería costar mucho más, ni mucho menos de lo que cuesta cualquier campaña de publicidad comercial en nuestros países. Ese ha sido siempre el mejor referente. Por ejemplo, si una compañía de celular gasta US$ 1 millón al año en un país, un candidato a la presidencia, en ese mismo país, debería gastar más o menos lo mismo. Ese es un buen criterio para poder usar el principio de la proporcionalidad. Si gasta menos, no creo que tenga posibilidades de ganar. Si gasta más, tenemos un problema muy serio (sobre todo si gana). La proporcionalidad es el principio que bien describen aquellos que buscan solucionar, o al menos, disminuir el problema de la corrupción política[1]. La solución de fondo demorará generaciones en la construcción de instituciones sólidas, profesionales y políticamente independientes para administrar la justicia.
El otro principio en el que fácilmente podemos estar de acuerdo es en establecer un límite del gasto electoral. Pero ¿cuál límite? Si lo ponemos muy bajo como en Ecuador, simplemente prohibimos las campañas y al hacerlo, el electorado no sabe por quién votar, y cuando no lo informamos, generalmente solo puede ganar alguien de la vieja política, o el dueño de una radio, o un deportista, actor o periodista. Límite en el gasto electoral no es límite en el tiempo de una campaña: las campañas largas y abiertas, como las primarias en EE.UU. o la última de Colombia son muy útiles para el electorado.
El otro principio es que la ley electoral debe ser realista, no idealista. Debe tener sentido común, promover la disminución de la corrupción, más transparencia… pero si es idealista, deja de ser realista y se benefician aquellos que terminarán haciendo más daño en el ejercicio del poder, a veces porque son más corruptos o a veces, porque simplemente no tienen capacidad alguna de gestión (administrativa y/o política). Una ley que no sea realista o proporcional traerá en última instancia (y a veces en primera instancia también), más corrupción en la política, no menos.
Hablando del problema de inseguridad en nuestras ciudades, una vez, un amigo líder político me dijo:“ - La policía está toda corrupta. ¿Qué podemos hacer? ¿Meter a todos los policías presos y quedarnos en manos de delincuentes de la calle?”. Y en otra ocasión, hablando de la corrupción en la política, un candidato a la presidencia me dijo: “la mejor manera de afrontar este problema es mandar una señal de que se acabó la fiesta”. “Aquí se dará una nueva vara de la tolerancia sobre la corrupción. El que la cruce, va preso”. La pregunta es ¿qué hacemos con el pasado? le dije. “Hay que meter preso a un par, de los peores, porque si metemos presos a todos, nos quedamos sin nadie”. De nuevo, no es que se quedan sin nadie. Es que vienen otros nuevos, generalmente como el comediante que ganó esta semana en Ucrania y donde Putin es el gran ganador. O sea, hasta la próxima, que será peor.
Nunca he querido ser juez, fiscal o investigador de la política. Me parece que en nuestros países debe ser un trabajo muy difícil. Sobre todo, por aquello de tomar la decisión de qué crímenes investigar y perseguir con tan pocos recursos, tan poco tiempo y tantos delincuentes. Lo que temo es que esa decisión sí ha sido tomada últimamente y en demasiados casos como otro instrumento de hacer una campaña política. Cuando algunos países están gastando tantos recursos en perseguir a algunos de sus políticos, estoy seguro de que los que están celebrando son los grandes delincuentes -asesinos y narcos- porque la atención pública, política y judicial está centrada en otro lado. La prueba de ello es que hay más delincuencia, no menos.
Sería impensable que el fiscal especial Robert Mueller acusara penalmente a Donald Trump y al día siguiente lanzara su candidatura presidencial. Es más, no descarto que aún en EE.UU podría ganar. Por el bien del sistema democrático en EE.UU. eso era impensable: pero en América Latina existe otra realidad. Hacer política con la justicia es peor que un juez o fiscal robe.
Luché contra Pedro Pablo Kuczynski desde la política y como bien dijo su hija esta semana: se ha sometido a todas las investigaciones a las que ha sido requerido. Hace un año que está aquí haciendo su defensa. Lo sé porque he estado con él casi todo el año y él no puede sobrevivir a la prisión”, señaló. Pero un hombre que claramente no tiene dónde correr o esconderse, y que fue operado del corazón hace pocos días, no debe ser sometido a una orden de prisión preventiva. Y aquí viene el segundo tema: en América Latina se usa y se abusa de la prisión preventiva. Bien lo dijo el cardenal del Perú en su homilía de Semana Santa y también el presidente Martín Vizcarra: esta debe ser una medida extraordinaria, no de oficio (o medida ordinaria). Por el contrario, en América Latina cuando se sabe que el acusado puede escapar, generalmente se le avisa el día antes y efectivamente se escapa: no al que estuvo presente en todas las audiencias.
Estoy convencido de que la región tiene muchos retos: la corrupción, la pobreza, el desempleo, el cuidado de la salud, el déficit de obras básicas y sin duda, la educación, pero ninguna de ellas las solucionaremos de la noche a la mañana. Aquellos que profesan ser paladines de la justicia y salvadores de la patria, son —en general— unos farsantes. La única manera es caminar en la dirección correcta, y poco a poco, con la ayuda de los ciudadanos más honrados y eficientes, para avanzar en las soluciones de esos retos.
[1] El politólogo Daniel Zovatto hace referencia al principio de la proporcionalidad en sus libros.