(CNN Español) – El mayor general Nicacio Martínez, comandante del Ejército de Colombia, dijo en Twitter que estará “presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley”, luego de que la Procuraduría General de Colombia abriera una investigación preliminar contra Martínez “por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones”.
En un comunicado emitido el lunes, la Procuraduría indicó que “busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del ejército nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados falsos positivos”.
“La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinarian”, agrega el texto.
El pasado 18 de mayo el diario The New York Times, en un artículo titulado “Las órdenes de letalidad del Ejército Colombiano ponen en riesgo a civiles” cuestionó las presuntas órdenes de Martínez a sus hombres mediante una directriz para que, supuestamente, “duplicaran la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla”.
La aseveración fue rechazada de inmediato por el ministro de la defensa, Guillermo Botero, y por el presidente Iván Duque, en pronunciamientos públicos y mediante una carta enviada a The New York Times.
El alto mando militar afirmó que los documentos oficiales, que respaldaban la investigación del periodista Nicholas Casey, fueron mal interpretados y que solo se trataba de órdenes para aumentar los resultados operacionales frente a los grupos armados ilegales.
Sin embargo, el gobierno decidió dejar sin efectos esas medidas ante el escándalo por la supuesta posibilidad de que se repitiera lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, que no es otra cosa que civiles asesinados extrajudicialmente y luego presentados como muertos en combate.
2.248 habrían sido asesinados extrajudicialmente entre 1988 y 2014, según las investigaciones que adelanta la Justicia Especial para la Paz, JEP. Casey, el periodista que realizó el artículo y que tuvo acceso además a testimonios de tres oficiales del ejército bajo reserva, tuvo que salir del país por razones de seguridad.