(CNN Español) – La Corte Constitucional de Colombia decidió hundir las 6 objeciones que el presidente Iván Duque hizo a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Lo establecido por el tribunal de justicia implica que el mandatario deberá firmar la norma de acuerdo a lo pactado en Cuba entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC.
La ley estatuaria fija, esencialmente, las reglas de juego de la aplicación de la llamada justicia transicional, que incluye penas alternativas, no privativas de la libertad, para los excombatientes que cuenten la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado de más de 50 años, reparen a las víctimas y se comprometan a la no repetición.
El presidente Duque, quien el 10 de marzo de este año objetó 6 de los 159 artículos de la ley, que ya había sido aprobada previamente por el congreso, dijo que acata la decisión de los magistrados.
“Hoy lo puedo decir con la frente en alto. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad”, dijo Duque sobre la decisión.
“Pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida”.
Según la corte, en la revisión de las objeciones, el Congreso de la República no aprobó los reparos hechos por Duque, es decir, que la votación en el legislativo no alcanzó las mayorías necesarias.
Sectores del partido de gobierno cuestionaron la decisión de la corte argumentando que hay muchos vacíos en la ley, como las presuntas trabas para extraditar exjefes guerrilleros y la renuncia a la acción legal frente a crímenes de lesa humanidad.
Congresistas del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) dijeron que la decisión de la corte pone a salvo el proceso de paz.
La presidenta de la JEO, magistrada Patricia Linares, dijo a medios locales que este es un respaldo a la labor de esa jurisdicción que tiene algo más de un año de operaciones investigando los crímenes cometidos durante la confrontación entre el estado colombiano y las FARC.