(CNN Español) – Un niño llora y grita desesperado frente al cuerpo de una mujer sin vida. El video que ha circulado durante varios días en redes sociales muestra a María del Pilar Hurtado tras haber sido asesinada frente a uno de sus cuatro hijos.
María del Pilar Hurtado fue asesinada por personas que se movilizaban en una motocicleta en Tierralta, en el departamento de Córdoba, este viernes 21 de junio, según la afiliada de CNN, Cablenoticias.
MIRA el video aquí: Asesinato de madre frente a su hijo causa indignación en Colombia
Las imágenes y el crimen de Hurtado han sacudido a Colombia y han reavivado el debate sobre la violencia en el país.
El presidente de Colombia, Iván Duque, envió una delegación a Tierralta para investigar el crimen.
La Fiscalía por su parte anunció el viernes que investiga el hecho junto a la policía colombiana.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar publicó este sábado una foto de un equipo psicosocial con los cuatro hijos de Hurtado.
¿Quién era Hurtado y por qué la mataron?
Según Francisco Barbosa Delgado, consejero presidencial de Derechos Humanos y quién se trasladó a Tierralta para un Consejo de Seguridad Ampliado sobre la situación, es una “zona complicada dada la presencia de bandas criminales, y de un aumento en cultivos de coca”, afirmó.
Medios locales reportan que Hurtado habría estado bajo amenaza de una banda criminal dedicada al narcotráfico.
Hurtado era una persona que estaba reclamando tierras en el lugar, una mujer desplazada por la violencia, según la Policía de Córdoba. Al parecer Hurtado fue confundida con una personas que estaba en un lista que había sido divulgada por un grupo armado ilegal que amenazó de muerte a varios lugareños, afirmó la Policía.
Gran parte de la conversación sobre la muerte de Hurtado ha girado sobre si era o no líder social.
La Secretaría de Gobierno de Tierralta emitió un comunicado el 21 de junio en el que cita al esposo de Hurtado y niega que la mujer fuera “una lideresa social y (que) estaba referenciada en un panfleto amenazante que circuló en días anteriores en el municipio de Tierralta, Córdoba”.
“Con el presente comunicado informamos a la opinión pública, de acuerdo con lo manifestado por su compañero sentimental, nos deja constancia que la señora María del Pilar Hurtado Monaño, no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social, manifiesta también que nunca recibió amenaza de ninguna índole y que laboraba en un aserrío fabricando Guacales”, afirma el comunicado firmado por el secretario de Gobierno Willington Ortiz Naranjo, la personera municipal María Ferraro Negrete, y el mayor del distrito de la Policía Nacional, David Quintero Ibarra.
Frente al comunicado, la Defensoría del Pueblo dijo que no hizo parte de la declaración que “desvirtúa la condición de líder social de María del Pilar Hurtado”
“Sobre si Maria del Pilar Hurtado era líder social o no, para el Gbno Nacional todos los colombianos, sin excepciones, merecen igual acompañamiento e igual trato en todo el territorio nacional. De todas formas, el liderazgo lo determinarán las autoridades competentes (sic)”, dijo Barbosa en un tuit.
La situación de los líderes sociales en Colombia
El proceso de paz en Colombia atraviesa un momento delicado, pues a pesar de que en los últimos años se han reducido los índices de crímenes como el secuestro, las muertes en combate, y los atentados terroristas, ha habido una dramática intensificación de asesinatos de líderes sociales después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
La Fiscalía de Colombia —que trabaja con cifras de Naciones Unidas, que verifica en terreno las amenazas y homicidios contra líderes sociales— reportó 274 homicidios de defensores de derechos humanos entre enero de 2016 hasta abril de 2019. Entre enero y abril de 2019, la Fiscalía dijo que la ONU le había reportado 18 casos, de los cuales 11 fueron establecidos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reportó el 17 de junio que en lo que va corrido de su gobierno se han reducido en un 32% los asesinatos de líderes sociales (hacía dos semanas había dicho que era un 33%) y, además, dijo que en el 96% del territorio colombiano no se está presentando ese fenómeno.
Según el Gobierno, entre 2016 y mayo de 2019 ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país, de los cuales, solo 60 sucedieron durante el gobierno Duque. Según esto, 221 asesinatos de líderes fueron perpetrados durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que dejó la presidencia el 7 de agosto de 2017.
Las cifras no coinciden con las de Medicina Legal, que reportó a mediados de mayo de este año que 317 líderes sociales fueron asesinados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 en 28 de los 32 departamentos del país, es decir, en casi el 90% del territorio nacional.
Tampoco coinciden con las de la Defensoría del Pueblo, que reportó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales y las amenazas contra de defensores de derechos humanos aumentaron a 982, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, es decir un 47% respecto del periodo anterior.
Y según la ONU, en Colombia se ha observado una “tendencia negativa” de asesinato de líderes sociales, “que se intensificó en 2018” (durante el gobierno Duque), cuando el personal de la ONU documentó 116 asesinatos de defensores de derechos humanos.
De gira por Europa, Duque se refirió a estos crímenes y les pidió a los cuerpos de seguridad y Defensa “reforzar todos los anillos de protección” y que le presenten “un diagnóstico y acciones de fortalecimiento”.
Según Indepaz, el factor principal del aumento de la violencia durante la época del posconflicto es la presencia de grupos armados ilegales que se oponen a la implementación de los acuerdos y recurren a la violencia armada y a la estigmatización.
El presidente Duque dice que los responsables de estas amenazas y asesinatos son los grupos de delincuencia organizada como ELN, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Caparrapos’, ‘Los Puntilleros’ y los Grupos Armados Organizados Residuales y que estos hechos se dan sobre todo en regiones donde hay “una alta presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal”.
Con información de Abel Alvarado, Fernando Ramos y Melissa Velásquez de CNN