Nota del editor:Vaclav Masek Sánchez es licenciado por el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU). Es colaborador en Today in Latin America, un boletín diario sobre el hemisferio, parte del Latin American News Dispatch (LAND). Síguelo en Twitter en @_vaclavmasek.
(CNN Español) – Para concluir varias semanas de amenazas y negociaciones bilaterales, Estados Unidos y México implementarán protocolos migratorios basados en una perspectiva que los beneficia, aislando geopoliticamente a Centroamérica. Ambos países comprendieron que enzarzarse en una guerra comercial no los beneficiaría.
Para librarse de la situación arancelaria, México plantea hacerle los deberes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Chiapas, y trasladar a seis mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. En esencia, la estrategia regional ahora añade el componente antimigratorio, la bandera proselitista del gobierno de Trump, a la existente agenda antinarcótica.
Los gobiernos del Triángulo del Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- no se pronunciaron en contra de la iniciativa punitiva. Peor aún, en los últimos meses se han revelado presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que evidenció su poco compromiso en la lucha anticorrupción y el combate regional contra estos comercios ilícitos. Sin embargo, ante las presunciones, los gobiernos sostienen que no existen tales vínculos. No es sorpresa, entonces, que México y EE. UU. coincidieran en dejar fuera de la mesa de negociación a dos gobiernos cuestionados —el de Jimmy Morales (Guatemala) y el de Juan Orlando Hernández (Honduras) —y otro en plena construcción—el de Nayib Bukele (El Salvador).
En ese sentido, los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños experimentan diversos obstáculos en su día a día, pero todos convergen en la ineficiencia del Estado para combatir simultáneamente la corrupción en el plano doméstico, y velar por los derechos de sus ciudadanos en el plano internacional. Para los gobernantes centroamericanos es difícil caminar y masticar chicle al mismo tiempo.
Al final, son los cientos de miles de migrantes que buscan asilo en el extranjero los que pierden por partida doble: por incompetencia estatal y por dejadez diplomática. Sufren a causa de gobernantes cuyos intereses son manejados por actores noestatales y acaban siendo utilizados como moneda de cambio entre países de mayor poder para negociar tratados comerciales. Entonces, ¿por quiénes velan los gobiernos centroamericanos?
En Guatemala se ha empezado a manejar el concepto de ‘narcocleptocracia’ para caracterizar cómo el Estado ha sido cooptado por organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y actividades clandestinas. ‘Narco’ que subraya el involucramiento del capital emergente de los cárteles en la toma de decisiones políticas y partidistas, y ‘cleptocracia’ que hace énfasis en que el enriquecimiento ilícito es la base del poder político.
La narcocleptocracia del Triángulo del Norte ha dejado de ser un concepto esotérico e intangible luego de que los EE. UU. acusara a varios funcionarios públicos centroamericanos de negociar con cárteles regionales.
Se ha determinado que la penetración del crimen organizado parece más flagrante en Honduras, donde periodistas locales han acuñado el término de ‘narcoestado’ para referirse al sistema político nacional del siglo XXI. Documentos recientemente mostrados en un tribunal federal de Nueva York muestran como “Los Cachiros”, la organización de narcomenudeo más poderosa de Honduras, sobornó y abrió una línea de comunicación con el presidente Hernández, quien ante las acusaciones, se pronunció negando rotundamente lo planteado. Su predecesor, Porfirio Lobo, fue acusado de dirigir fondos estatales para financiar negocios fraudulentos con una empresa constructora propiedad de “Los Cachiros”. “Pepe” Lobo desestimó la investigación y retó a Luiz Antonio Guimaraes, director de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, a presentar pruebas.
También, familiares de ambos se han visto involucrados. Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, está siendo juzgado en Nueva York por tráfico de cocaína, delitos con armas y declaraciones falsas, según el Departamento de Justicia de EE.UU. y Fabio Lobo, hijo del expresidente, cumple una sentencia de 24 años en EE.UU. por el mismo crimen.
En Guatemala, la influencia política del narcotráfico es parecida. El dinero ilícito se permeó en la política partidista desde hace décadas. Hoy guarda prisión en espera de juicio por narcotráfico el excandidato a presidente Mario Estrada, de la Unión del Cambio Nacional (UCN). Fiscales en Nueva York citan que conspiró para solicitar dinero al cartel de Sinaloa para financiar su campaña presidencial. También se le acusa de un cargo relacionado por armas de fuego, según el Departamento de Justicia de EE.UU. Según su hijo, quien lo declara inocente de los cargos, Estrada fue engañado por la DEA.
Considerado un ‘narcopartido’ desde 2009 por los funcionarios de EE.UU. en Guatemala, Estrada y la UCN prometieron ayudar al cartel de Sinaloa a transportar toneladas de cocaína a tierras estadounidenses a través de Guatemala. A cambio de la ayuda logísta, la UCN recibiría ayuda para ganar las elecciones del próximo 16 de junio. Además, Estrada también intentó contratar sicarios para asesinar a sus rivales políticos, aplanando así su camino a la presidencia. Estrada espera veredicto en Nueva York.
Por otro lado, el esfuerzo por consolidar las instituciones de justicia quedó inconcluso en Guatemala, luego de que el presidente Morales decidiera terminar anticipadamente el mandato de la CICIG, la iniciativa anticorrupción por excelencia en América Latina. También reestructuró, con la ayuda de Enrique Degenhart, ministro de gobernación, la cúpula de poder de la Policía Nacional Civil, retrocediendo al país varios años en su lucha con la corrupción. La MACCIH en Honduras, una misión apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido duramente criticada por ser poco eficiente en su lucha anticorrupción.
No basta con despedir a todos los funcionarios públicos que lucran del erario público, como la hizo Nayib Bukele en su primera semana como presidente de El Salvador. Nueve de sus ya más de treinta despidos vía Twitter eran familiares del presidente saliente Salvador Sánchez Cerén, el estandarte político del FMLN, una de las organizaciones políticas de izquierda más importantes de Centroamérica. El aporte que hace el presidente millenial es evidenciar cómo el nepotismo y el amiguismo, interacciones de la corrupción política, también han sido incrustados en los Estados centroamericanos como una práctica estatal tradicional.
El desafío de Bukele será combatir el crimen organizado que azota al país sin tener un tribunal con poderes pesquisidores especiales como la CICIG y la MACCIH.El narcotráfico y las mafias políticas en El Salvador tienen harto espacio para ocupar, ya que la fiscalía especializada dentro de la Corte de Justicia perdió capacidad para investigar casos de enriquecimiento ilícito. Sólo el 37% de los casos presentados entre 2016 y 2018 han podido ser analizados por la Sección de Probidad de la Corte.
Una de las razones por la cual Guatemala, Honduras y El Salvador no han sido completamente subyugados por los cárteles regionales es por la naturaleza competitiva del panorama criminal: a medida que caen las organizaciones patibularias, se forman otros grupos más violentos y descentralizados. Estos grupos buscan aumentar sus ingresos con la diversificación de su oferta. La premisa del narco es adaptarse al cambio. No parecería extraño ver cómo organizaciones criminales lucran igualmente con el tráfico de personas.
Aparentemente desprovistos de capacidad diplomática en el diálogo con sus vecinos norteños, los gobiernos del Triángulo del Norte aceptan la ordenanza migratoria que principalmente afectará a sus poblaciones. Como si se tratara de un castigo por mal comportamiento a un estudiante irresponsable, las jóvenes democracias centroamericanas son forzadas a acatar una ley migratoria hostil, sin siquiera mostrar resistencia retórica.
Entonces, la militarización de la frontera puede terminar exacerbando las confrontaciones entre civiles desarmados y agentes de seguridad, lo que pareciera ser una receta para un resultado desastroso. Pero todo sea por el bien del nuevo tratado multilateral norteamericano y por satisfacer las pretensiones xenófobas de Trump, ¿cierto?
Los migrantes pagan las cuentas de vivir en países con funcionarios corruptos, leyes débiles y un tráfico de influencias rampante en las esferas del Estado. Será importante recordarle a los estadistas del Tríangulo Norte el vital papel que juega las remesas enviadas por los migrantes en el extranjero. Según el Banco Mundial, éstas representaron el 20,4% del PIB salvadoreño, 18,8% del hondureño y 11,2% del guatemalteco. Los migrantes, si se realiza una evaluación estadística mundana y positivista, son un valioso activo para el desarrollo de las comunidades rezagadas por el abandono estatal.
La protección del migrante abarca tantos aspectos esenciales para la vitalidad de la democracia que es un grave error abandonarles cuando se acaba el departamento guatemalteco de San Marcos y empieza el estado mexicano de Chiapas. Con o sin aranceles, el problema de fondo persiste. Y ahora, Estados Unidos y México son también responsables de lo que les pueda suceder a los centroamericanos que deciden aventurarse en una travesía por terreno hostil y militarizado.
Es la hora pico: converge el tráfico de influencias con el de personas y drogas en la coyuntura regional más sensible y convulsa de la historia reciente.