(CNN Español) – La mayoría de rutas en Costa Rica que permanecían cerradas por protestas se habilitaron, según el Gobierno, permitiendo el paso de productos y de lugareños y turistas varados hasta la medianoche de este lunes.
El presidente Carlos Alvarado insiste en que está abierto al diálogo, ante un pliego de 17 peticiones que le enviaron los manifestantes, pero las conversaciones aún no se concretan.
Luego de varios días de bloqueos en carreteras nacionales en el Caribe, hacia el sur y hacia el norte del país, en Costa Rica las vías amanecieron despejadas en la mañana de este martes, según el reporte del ministro
de Seguridad, Michael Soto.
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La circulación de vehículos se logró con la intervención de la fuerza pública en puntos donde transportistas, estudiantes y sindicalistas impedían el paso, mientras 10 personas permanecen detenidas por obstrucción
de la vía pública y alteración del orden público.
Solo se mantienen dos cierres en rutas internas en la zona sur y norte del país y la presencia policial permanece para evitar nuevos bloqueos.
Sobre la mesa hay un pliego de 17 peticiones de los grupos manifestantes, pero los intentos de diálogo no han prosperado hasta ahora.
El presidente Carlos Alvarado insistió en una conferencia de prensa este martes que está abierto a escuchar para, según dijo, construir soluciones conjuntas.
Entre las peticiones de los grupos que se ha denominado Encuentro Social Multisectorial figuran una moratoria por 18 meses del impuesto al valor agregado (IVA) que entró a regir este lunes, atención a la problemática
de los transportistas y de los pescadores; a deudas de agricultores, retiro en el poder legislativo de proyectos como la ley del Empleo Público, la defensa de los valores cristianos inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia y la revisión integral de los programas educativos.
Según dijo a CNN uno de los dirigentes, Albino Vargas, también están anuentes a negociar.
Para el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP) Jesús Guzmán, la situación es reflejo del ambiente de crispación que vive el país, sobre todo desde la discusión y aprobación del plan fiscal en diciembre pasado y cuyos cambios rigen desde este primero de julio.
El plan fiscal, hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mantuvo a la mayoría de maestros y profesores en una huelga que superó los 80 días, finalizando en noviembre de 2018.
Precisamente otra de las peticiones de los manifestantes era la salida del ministro de Educación, Édgar Mora, quien dio a conocer su renuncia este lunes al mediodía.
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Para Guzmán, el proceso de discusión del plan fiscal minó el capital político del ministro Mora, así como la eliminación de pruebas de bachillerato, la falta de atención a la infraestructura educativa y la actitud
frente a los gremios al abrir procesos contra maestros por el movimiento.
Mora también impulsó la instalación de baños neutros en centros educativos para atender a una población que denunciaba acoso de cualquier tipo. Se trata de asignar servicios sanitarios que ya existen y son utilizados
por personal docente, para uso también de población vulnerable y no de construir nueva infraestructura, como algunos grupos denunciaron, aduciendo que había otras prioridades.
Según la prensa del Ministerio de Educación, el protocolo rige desde finales de 2018 y se mantiene.
Consultada por CNN sobre si esta última medida de Mora aceleró su salida, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, fue clara en señalar que no pues la coyuntura va más allá. También expresó que el gobierno tiene el
compromiso de mejorar la educación no importa quién esté a la cabeza de este ministerio y que así continuará.
Según ha recopilado el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, que cita Guzmán, de septiembre de 2019 a enero de este año se registraron más de 500 protestas en diferentes partes del
país.