(CNN Español) – El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este sábado la detención de dos personas cercanas al presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Juan Guaidó.
Cabello, que preside la asamblea oficialista, calificó a los hombres como “mercenarios” y los acusó de querer vender cuatro fusiles a 7.000 dólares cada uno. Cabello no ofreció pruebas de sus aseveraciones.
“Ayer fueron capturados dos mercenarios que trabajan con ‘Juanito Alimaña’”, dijo Cabello refiriéndose al líder opositor Juan Guaidó, “porque iban a vender cuatro fusiles de los que usaron el 30 de abril… que se robaron de la AN y los estaban vendiendo… a 7.000 dólares cada fusil”.
El 30 de abril se registró un fallido levantamiento cívico militar liderado por Guaidó, en el que también apareció el opositor Leopoldo López.
El día anterior, Guaidó denunció a través de sus redes sociales que fueron “secuestrados” dos miembros de su equipo de seguridad que estaban resguardando a su familia en Caracas. Guaidó se encuentra en una gira en Trujillo.
“Régimen cobarde secuestra a miembros de mi equipo Erick Sánchez y Jason Parisi que estaban en Caracas resguardando a mi familia mientras me encuentro en Trujillo. La naturaleza del régimen, su temor, divisiones y contradicciones son el mayor obstáculo para una solución pacífica”, tuiteó Guaidó el viernes en la noche.
La Oficina de Comunicaciones de Guaidó dijo en un comunicado que los dos hombres detenidos “presuntamente” en una estación del Metro de Caracas y detenidos por el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) están actualmente incomunicados.
Guaidó planteó la posibilidad de que los dos hombres estén siendo torturados y dijo que el régimen de Maduro “intentará montar una nueva olla” (escándalo), pero que él no se va a detener “hasta recuperar la libertad y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela”.
El Centro de Comunicaciones Nacional, que es el canal de comunicación de Guaidó, hizo un llamado a la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y a la CIDH “ante las graves y persistentes violaciones de DDHH” en el país.