Washington (CNN) – El gobierno federal ordenó la reinstauración de la pena de muerte por primera vez en casi dos décadas, ya que el secretario de Justicia, William Barr, ordenó a la Oficina de Prisiones que programe la ejecución de cinco reclusos después de adoptar un protocolo de ejecución actualizado.
Después de 16 años sin una ejecución, Barr ha ordenado al jefe de la Oficina de Prisiones que ejecute en diciembre y enero a “cinco presos condenados a muerte condenados por asesinato y, en algunos casos, tortura y violación, los más vulnerables en nuestra sociedad: niños y ancianos”, según un comunicado del Departamento de Justicia.
En su declaración, Barr dijo que el gobierno se estaba moviendo para buscar justicia contra los “peores criminales” y brindar alivio a las víctimas y a familiares. Al mismo tiempo, sin embargo, es probable que la medida del gobierno reavive los desafíos legales al protocolo específico y revitalice un debate sobre la constitucionalidad de la inyección letal.
La medida representa un cambio dramático después de una pausa de más de una década en el uso federal de la pena capital, ya que el presidente Donald Trump ha abordado el tema y ha llamado a “recuperar la pena de muerte”. La pena de muerte es legal en 29 estados y el gobierno federal, aunque no ha habido ejecuciones federales en casi dos décadas y la cantidad de personas que enfrentan ejecuciones estatales ha disminuido.
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El debate sobre la pena capital ha sido de larga data, y los defensores argumentan que es un elemento disuasivo contra los delitos graves y que se hace justicia a las víctimas o a las familias de las víctimas. Los opositores, sin embargo, señalan las disparidades raciales de los presos condenados a muerte, los costos financieros y las condenas erróneas.
Bajo la dirección de Barr, la Oficina de Prisiones ha adoptado el Anexo del Protocolo de Ejecución Federal que “reemplaza el procedimiento de tres drogas que se usaba anteriormente en ejecuciones federales con un solo medicamento: pentobarbital”, anunció el Departamento de Justicia.
El anuncio del jueves del DOJ para programar las ejecuciones de cinco presos condenados a muerte sigue el esfuerzo iniciado por el ex secretario de Justicia Jeff Sessions para que el gobierno federal reinicie las ejecuciones mediante una inyección letal.
Sessions le había pedido a la Oficina de Prisiones que determinara la manera de proceder.
La directiva de Sessions para la Oficina de Prisiones para determinar una forma de reanudar el uso de la pena de muerte se concluyó recientemente después de una revisión legal y procesal exhaustiva, dijo un funcionario de Justicia.
Posibles desafíos legales en el futuro
El anuncio de Barr dirige al gobierno federal a usar un nuevo protocolo, similar al que usan varios estados, que ha estado bajo revisión durante varios años.
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Se ha ordenado que las ejecuciones comiencen a fines de este año, pero podrían demorarse por impugnaciones legales. Los expertos legales cuestionan si alguna ejecución se llevará a cabo en diciembre.
“Decir que va a adoptar un protocolo no es lo mismo que tener un protocolo adecuadamente adoptado a través de los procedimientos administrativos requeridos”, dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de información sobre la pena de muerte, un grupo que ha sido crítico con cómo se administra la pena. “No puedes simplemente decirlo y hacer que suceda. Hay un proceso legal para que un protocolo entre en vigencia y hay un proceso legal para desafiar el protocolo”.
Dunham predice que habrá oposición una vez que se proponga formalmente el protocolo.
Ya en el Distrito de Columbia ha habido una demanda en curso relacionada con el proceso de inyección letal federal. Habrá una serie de preguntas sobre cómo el gobierno federal está obteniendo el medicamento que pretende usar.
Los cinco presos federales que serían ejecutados son Daniel Lewis Lee por asesinar a una familia de tres personas, incluida una niña de 8 años; Lezmond Mitchell por asesinar a una mujer de 63 años y a su nieta de 9 años; Wesley Ira Purkey por violar y asesinar a una niña de 16 años; Alfred Bourgeois por torturar y matar a su propia hija de 2 años; Dustin Lee Honken, por disparar y matar a cinco personas, incluidas dos niñas.
Una vocera de la Oficina Federal de Prisiones le dijo a CNN que según el estatuto, el director de la BOP designa la fecha y la hora de la ejecución.
“BOP continuará con los pasos administrativos y de planificación para garantizar que la ejecución esté lista para comenzar en la fecha y hora designadas”, dijo la portavoz, Nancy Ayers.
Un funcionario de la prisión federal en Terre Haute, Indiana, donde está programado que se ejecute a cada hombre en los próximos meses, dijo que la BOP era quien debía comentar.
El abogado de Lee, el preso programado para ser ejecutado primero bajo el nuevo procedimiento y que ha estado condenado a muerte desde 1999, argumentó que “ejecutar (Lee) sería una grave injusticia” dada la “falta de fiabilidad de la evidencia” y que su coacusado, es indiscutiblemente más culpable”. Chevie Kehoe recibió una cadena perpetua, no pena de muerte.
“Dados los problemas que socavan la imparcialidad y confiabilidad de la condena y la sentencia de muerte de Danny Lee, el gobierno no debe seguir adelante con su ejecución”, dijo Morris Moon, abogado de Lee.
Presos en el corredor de la muerte
Actualmente hay 62 presos en el corredor de la muerte federal, con aproximadamente el mismo número de presos blancos y negros, de acuerdo con el Centro de información de la pena de muerte. La pena capital es legal en 29 estados de EE. UU.. Hay alrededor de 2.600 presos condenados a muerte, y California es el que más retiene.
Según el centro, de los cinco hombres nombrados por Barr el jueves, tres son blancos, uno es negro y uno es nativoamericano.
Sólo tres reclusos federales han sido ejecutados en Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1988 después de una moratoria de 16 años.
Louis Jones, un veterano de la Guerra del Golfo, fue el último recluso federal ejecutado en marzo de 2003 por el secuestro y asesinato de un soldado de 19 años del Ejército, Tracie McBride.
Los demócratas critican la decisión de la administración Trump
Los dos senadores demócratas de California expresaron consternación por la decisión de la administración Trump de reanudar la pena de muerte.
“Permítame ser claro: la pena capital es inmoral y está profundamente viciada”, dijo la senadora Kamala Harris, exfiscal, en Twitter. “Demasiadas personas inocentes han sido ejecutadas. Necesitamos una moratoria nacional sobre la pena de muerte, no una resurrección”.
Harris, quien también aspira a ser candidata presidencial demócrata en 2020, se opuso personalmente a la pena de muerte. Pero cuando era fiscal general de California, presentó una apelación que finalmente reinició el uso de la pena de muerte por parte de California bajo el gobierno de Jerry Brown. En marzo, el gobernador demócrata Gavin Newsom colocó una moratoria sobre la pena de muerte, lo que convirtió a California en el cuarto estado en detener la pena capital, aunque la duración y el razonamiento de las moratorias varían de un estado a otro.
La senadora Dianne Feinstein, la principal demócrata en el Comité Judicial del Senado, lo calificó de “incorrecto” y argumentó que el gobierno federal debería “liderar el esfuerzo para poner fin a este castigo brutal y a menudo cruel, sin abogar por su regreso”.
“Es hora de que evolucionemos y dejemos atrás esta terrible práctica”, agregó.
La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, cuyo estado de residencia ha abolido la pena de muerte, argumentó que el sistema de justicia penal de Estados Unidos “tiene una larga historia de errores cuando se trata de la pena capital, especialmente cuando se trata de personas negras y morenas”.
“No podemos dejar que un sistema roto decida el destino de los estadounidenses encarcelados”, dijo Warren en Twitter.
El senador Bernie Sanders de Vermont, quien también se postula para presidente, también rechazó el anuncio y dijo en Twitter: “Hay suficiente violencia en el mundo. El gobierno no debería agregar nada”. También se comprometió a abolir la pena de muerte si es elegido presidente.
David Shortell, Evan Pérez, Jasmine Wright y Kyung Lah de CNN contribuyeron a este informe.