(CNN) – A medida que los aspirantes presidenciales demócratas discuten previo a las elecciones presidenciales de 2020, hay una propuesta de inmigración que sigue surgiendo.
¿Debería Estados Unidos derogar la sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que hace que cruzar la frontera ilegalmente sea un delito?
Es una idea que ha estado flotando en los círculos de políticas de inmigración por un tiempo. Julián Castro lo puso en el centro de atención nacional durante los primeros debates presidenciales demócratas en junio, y su propuesta volvió a aparecer en el debate del martes por la noche. La noción parece estar ganando fuerza.
He aquí un vistazo de por qué esta conversación está ocurriendo ahora y por qué es importante:
En este momento, cualquier persona que cruce la frontera ilegalmente puede ser acusado de un delito menor
Parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida como Sección 1325, dice que entrar ilegalmente en territorio de Estados Unidos puede ser procesado por un delito menor.
Se castiga con hasta seis meses de prisión. Y se ha convertido en uno de los delitos federales más procesados en el país.
La Sección 1325 ha estado en los libros por décadas. Pero durante muchos años no se hizo cumplir a menudo. Eso cambió notablemente en 2005, cuando la administración del presidente George W. Bush implementó lo que se conoce como “Operación Streamline”, aumentando los enjuiciamientos penales en la frontera en un esfuerzo por disuadir la inmigración ilegal.
Según un análisis del Centro de intercambio de acceso a registros de transacciones de la Universidad de Syracuse, los fiscales federales acusaron a más de 52.000 personas de ingresar ilegalmente en virtud de la Sección 1325 en los primeros ocho meses del año fiscal 2019, que comenzó en octubre.
Los partidarios dicen que la disposición de la ley no es necesaria y se usó para separar a las familias
Castro y otros que sostienen que la Sección 1325 debería derogarse —incluida la senadora Elizabeth Warren y el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg— dicen que la ley no es necesaria dado que cruzar la frontera ilegalmente ya es un delito civil que puede resultar en la deportación.
También sostienen que la Sección 1325 hizo posible muchas de las separaciones familiares de la administración Trump en la frontera. Bajo la política de “tolerancia cero”, los niños fueron separados cuando sus padres fueron procesados penalmente por cruzar ilegalmente la frontera.
“Lo que estamos buscando aquí es una forma de quitar la herramienta que Donald Trump ha usado”, dijo Warren durante el debate demócrata de CNN el martes.
Un punto clave a tener en cuenta: solo unas horas antes del debate, una nueva demanda judicial de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) detalló cientos de separaciones familiares en la frontera en el último año que no tuvieron nada que ver con la Sección 1325. En algunos de esos casos, según la ACLU, las familias fueron separadas debido a delitos menores en los antecedentes penales de los padres, como delitos de tráfico o daños a la propiedad.
Entonces, si bien es cierto que el enjuiciamiento penal de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera fue un enfoque que allanó el camino para muchas separaciones familiares, no es la única razón por la que se han producido separaciones familiares.
Los críticos dicen que cambiar la ley podría incentivar más inmigración ilegal
Algunos candidatos demócratas, incluido el exrepresentante Beto O’Rourke, el gobernador de Montana Steve Bullock y el exvicepresidente Joe Biden, dicen que no apoyarían la despenalización de los cruces fronterizos.
“Espero que las personas que vienen aquí sigan nuestras leyes, y nos reservamos el derecho de enjuiciarlos penalmente si no lo hacen”, dijo O’Rourke durante el debate del martes.
Bullock citó comentarios recientes de Jeh Johnson, quien dirigió el Departamento de Seguridad Nacional durante varios años durante la administración de Obama.
En un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, Johnson escribió que despenalizar el cruce fronterizo sería “equivalente a una declaración pública (repetida y ampliada por los contrabandistas en Centroamérica) de que nuestras fronteras están efectivamente abiertas para todos”.