Nota del Editor: Clara Long es subdirectora interina de Human Rights Watch en Washington; Elora Mukherjee es profesora de Derecho y directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Las opiniones expresadas aquí son propias de las autoras.
(CNN) – En el transcurso de este verano, los estadounidenses han demostrado que, independientemente de su afiliación política, repudian el odio y la deshumanización de los inmigrantes, una actitud que podría haber incitado la matanza del fin de semana pasado en El Paso. Muchos están indignados por el cruel abandono de los niños que se encuentran detenidos a lo largo de la frontera —abuso infantil como política inmigratoria—, lo que ha instado al Congreso a ejercer las tan necesarias facultades de supervisión.
Pero la verdadera puesta a prueba es si los legisladores harán uso de su “poder financiero” a fin de lograr un cambio real para los niños manteniendo unidas a las familias y desviando el enfoque de la detención.
Debido a que los senadores y representantes se encuentran en sus hogares por el receso de agosto, los estadounidenses tienen ahora una oportunidad crucial para exigir que se haga un cambio.
A mediados de junio entrevistamos a niños detenidos en el centro de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, en calidad de supervisores del así denominado Acuerdo de Flores de 1997 que exige que el gobierno libere a niños de los centros de detención lo más antes posible y que, estando detenidos, gocen de condiciones de reclusión sanitarias y seguras.
Nos encontramos con niños sucios, hambrientos, enfermos y asustados que se encontraban recluidos por mucho más tiempo que las 72 horas impuestas por la ley, algunos hasta por varias semanas o más. En el pasado, ya habíamos participado de visitas de supervisión bajo el Acuerdo de Flores en centros de detención controvertidos. Pero nada nos preparó para lo que vimos, oímos y olimos en Clint. Como abogadas, como madres, como estadounidenses, nos vimos obligadas a alzar la voz.
Desde entonces, las pruebas de abuso infantil en los establecimientos controlados por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se han tornado indiscutibles. Un órgano de control del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe que condena la detención prolongada, el hacinamiento y el maltrato de niños y familias detenidos por la Patrulla Fronteriza. NBC News, la división de noticias de la cadena televisiva estadounidense NBC, obtuvo casi 30 informes de incidentes que documentan supuestos abusos, agresión sexual y maltrato de niños detenidos en Yuma, Arizona. Los mismos agentes confirmaron a The New York Times sobre las condiciones inmundas y de hacinamiento.
Esta crueldad se presenta a pesar de que la liberación es una opción totalmente viable.
Casi todos los niños y familias que solicitan asilo se presentan ante el tribunal cuando reciben el apoyo adecuado. Los datos obtenidos en los últimos años arrojan que asignar un abogado o un trabajador social a las familias solicitantes de asilo garantiza que comparecerán en las audiencias en los tribunales de inmigración en el 99% de los casos cuando están representadas por un abogado, y en el 99% de los casos cuando se les asigna un trabajador social en el marco de lo que era el Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, un sistema de apoyo para familias solicitantes de asilo no detenidas, constituidas principalmente por madres y niños de Centroamérica.
Hace poco, el Congreso celebró seis audiencias sobre niños en jaulas y la persistente separación de familias. Las audiencias constituyen un primer paso importante. Bajo el escrutinio público, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reducido la cantidad de niños bajo su custodia de más de 2.500 a mediados de junio, recluidos durante varias semanas, a menos de 350 al 17 de julio.
El secretario interino del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, declaró el 18 de julio que los niños ahora se encuentran recluidos bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza “menos de 35 horas, en promedio”. Si bien el gobierno aún no ha publicado datos que corroboren esta declaración, esto parece indicar que está reaccionando a la atención dirigida a su conducta ilegal.
Ahora, el Congreso debe hacer más a fin de asegurar que los niños refugiados se encuentren a salvo y en libertad con sus familias. El pueblo estadounidense debe exigir esos cambios en agosto.
A fines de junio, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes impulsaron un proyecto de ley de gastos adicionales de la Comisión de Seguridad Interna del Senado que incluía casi US$ 2.000 millones para expandir la detención, pero con fondos insuficientes para acelerar la liberación de los niños u ofrecerle otras alternativas a la reclusión.
Emitir un cheque en blanco para ampliar el espacio de detención no resuelve el problema de los abusos a menores en la frontera. Si los miembros del Congreso se toman en serio la protección de los niños, cambiarán su enfoque respecto del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el próximo año, y aprobarán en septiembre una ley que establezca estándares para el cuidado de niños detenidos.
En primer lugar, el Congreso debe ordenar a las agencias de inmigración que la liberación de los solicitantes de asilo, en lugar de la detención, no sea la excepción sino la norma. En cambio, el gobierno cerró abruptamente el Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, en junio de 2017, a pesar de la financiación del Congreso, el demostrado ahorro de costos, y las altas tasas de cumplimiento. El Congreso debe exigir su reinstauración.
Incluso las cifras de comparecencia de familias solicitantes de asilo sin representación legal o acceso al Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas son apabullantes: el 81,6% acude a la audiencia inicial y el 76% se presenta a todas las audiencias, según los datos del Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC, por sus siglas en inglés).
Cuesta US$ 38 por día para que una familia participe del Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según la Comisión de Mujeres Refugiadas, un grupo defensor de personas desplazadas por conflictos y crisis, en comparación con los US$ 319 por día por cama en un centro de detención familiar o US$ 775 por día por niño en un establecimiento de seguridad con fines de lucro en Homestead, Florida.
En segundo lugar, el Congreso debe asegurar que profesionales debidamente capacitados y acreditados tomen decisiones sobre el bienestar infantil, no los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de proteger a los niños. La separación de familias solo es apropiada en circunstancias excepcionales, como cuando un miembro de la familia constituye un riesgo inminente de causar un daño a un niño o si estar separados realmente es en el mejor interés del niño. Pero, actualmente, los agentes de la Patrulla Fronteriza que carecen de una capacitación especializada en bienestar infantil separan de manera rutinaria a los niños de cualquier adulto que no sea su padre o madre, como en el caso de sus tías y abuelas (ellos sostienen que es para proteger a estos niños de la trata), y aún separan a niños de sus padres, también niños pequeños, causándoles un trauma a largo plazo.
El Congreso no debe permitirles a las agencias fronterizas extender el falso manto de la protección infantil sobre sus prácticas rutinarias perjudiciales.
Exhortamos a todos los estadounidenses que son testigos de los abusos contra niños y familias inmigrantes a que no se detengan. Las vigilias, marchas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos que envían a sus representantes marcan la diferencia. Y ahora pueden hacer mucho más. Dado que los senadores y representantes están de regreso en sus hogares durante el receso, visítenlos en sus despachos locales. Asegúrense de que los representantes sepan que sus votantes quieren que se tomen medidas y se ejerza la supervisión.
Organicen movilizaciones en sus ciudades para otorgarle mayor importancia a las experiencias que viven estos niños e inviten a sus representantes a pronunciarse con ustedes en contra de esta práctica. Si ellos no se suman a esta iniciativa, movilicen al distrito para hacerlos responsables. El Congreso tiene el poder para dejar de financiar la crueldad en la frontera cuando regrese a Washington en septiembre.
(Traducción de Carola Lehmacher-Richez)