(CNN Español) – Acceso no consentido a sistemas informáticos es el nuevo delito por el que la justicia de Ecuador investiga al programador sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange.
La jueza sustanciadora de la causa, Yadira Proaño, acogió así el pedido de la Fiscalía de reformular cargos en contra de Bini por considerar que es el que más se ajusta al tipo penal por el que se lo investiga.
La Fiscalía, durante la presentación de sus argumentos, insistió en que Ola Bini intentó ingresar sin autorización en 2015 al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador, que a su vez estaba interconectado con la empresa estatal Petroecuador y la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia. La Fiscalía se basó en una foto encontrada en el celular de Ola Bini que reflejaría un “acceso o uso no autorizado”, el cual se considera un “acto criminal”.
Carlos Soria, abogado de Ola Bini, dijo que la defensa hará todo lo posible por demostrar que no hubo vulneración a sistemas informáticos. Además, dijo que la Fiscalía demuestra que no entiende bien sobre temas tecnológicos. “Hay desconocimiento total y ni siquiera el fiscal sabe lo que estaba investigando. ¿Por qué la Corporación Nacional de Telecomunicaciones no denunció si hubo un quebrantamiento de las seguridades? ¿Por qué no lo denunció en el 2015?”, dijo.
Soria insistió en que la acusación en contra de Bini es parte de una persecución.
Durante la audiencia, el abogado insistió en que la Fiscalía hizo alegaciones de carácter político y sin apego al derecho. Agregó que no se ha dado un trato igualitario a Bini ante la ley y que se ha vulnerado su derecho al debido proceso.
Según la Fiscalía, los indicios recabados en la instrucción fiscal abierta desde el 12 de abril por presunta participación en el delito de “ataque a la integridad de sistemas informáticos” son los mismos.
Considera que por principio de congruencia, la Fiscalía pidió cambiar el tipo penal de “ataque a sistemas informáticos” por “acceso no consentido a sistemas informáticos”. Ambos delitos son sancionados con pena privativa de la libertad de tres a cinco años, según el Código Integral Penal de Ecuador.