Gary Sánchez, de Honduras, a la derecha, observa cómo su esposa, Mariela, consuela a su hijo, Jonathan, de 16 años, durante una conferencia de prensa, el lunes 26 de agosto de 2019 en Boston. La familia Sánchez vino a Estados Unidos en busca de tratamiento para la fibrosis quística de Jonathan.

(CNN) – La administración Trump tomó medidas este mes para poner fin a una política de ayuda médica que permitía a algunas familias indocumentadas con afecciones graves permanecer en Estados Unidos mientras recibían atención médica.

El final de la política ha generado temor y confusión para las familias, así como una lucha entre las agencias estadounidenses para comprender y explicar el cambio.

A principios de este mes, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS por su siglas en inglés) enviaron cartas a los miembros de las familias que habían solicitado alivio de la deportación, diciendo que las oficinas de campo de la agencia “ya no consideran solicitudes de acción diferida”, a excepción de ciertas excepciones militares.

Después de que aparecieron informes de los medios sobre el cambio en la política, el USCIS dijo que sus oficinas locales ya no considerarían las solicitudes no militares de acción diferida, es decir alivio temporal de la deportación.

En cambio, la agencia dijo que remitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si los asuntos no militares “justifican una acción diferida”, según un portavoz. ICE tiene discreción para determinar quién será y no será arrestado o deportado.

La estación de radio WBUR publicó por primera vez las cartas enviadas por USCIS.

“El gobierno ha amenazado con deportarlos”, dijo Anthony Marino, director de servicios legales de inmigración en el Centro Internacional de Inmigrantes de Irlanda, que representa a las familias en solicitudes de ayuda por deportación. “También significa que ya no pueden mantenerse por sí mismos. Los padres ya no pueden trabajar”.

Los clientes de Marino recibieron cartas que decían que “no están autorizados a permanecer en Estados Unidos. Si no sale de Estados Unidos dentro de los 33 días posteriores a la fecha de esta carta, el USCIS puede” iniciar los procedimientos de deportación.

La mayoría de las familias con las que trabaja Marino tienen hijos con problemas médicos, como cáncer, VIH o la necesidad de alimentarse con tubos o de desplazarse con sillas de ruedas.

En algunos casos, las familias que buscaban alivio tenían niños enfermos que eran ciudadanos estadounidenses. “Esas familias tienen que decidir: ‘¿Las abandonamos o nos quedamos?’”, dijo.

Las familias “están asustadas. Están confundidas. Tienen miedo por sus vidas. Están teniendo conversaciones muy difíciles. Los padres hacen preguntas como ‘¿Tengo que dejar huérfano a mi hijo?’”, dijo.

El cambio no afecta a aquellos en Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) u otros programas establecidos, como la acción diferida relacionada con la Ley de Violencia contra la Mujer y la lista de espera de Visa U para algunas víctimas de ciertos delitos que desean ayudar a las autoridades, según el USCIS.

USCIS recibió alrededor de 1.000 solicitudes de acción diferida no militar por año, la mayoría de las cuales no fueron aprobadas, según la agencia. La mayoría de estos tipos de solicitudes están relacionadas con apoyo familiar o problemas médicos.

“Este cambio de procedimiento entró en vigencia el 7 de agosto de 2019. Cualquier solicitud pendiente será denegada y los solicitantes recibirán notificaciones por correo”, agregó el portavoz de USCIS en un comunicado el viernes.

No hay una comparación de “manzanas con manzanas” entre los procedimientos de USCIS e ICE.

Las personas pueden solicitar a ICE una “suspensión de deportación o expulsión”, pero eso se hace solo después de que alguien haya agotado todos los procedimientos judiciales de inmigración y se haya ordenado su expulsión, según un funcionario de ICE. USCIS es la agencia responsable de los beneficios legales de inmigración, incluida la autorización de trabajo.

ICE no acepta “solicitudes” de acción diferida, un acto discrecional que permite al Departamento de Seguridad Nacional retrasar o prevenir la aplicación de la ley de inmigración, según ICE.

“ICE tiene una amplia discreción y ejerce esa discreción, según corresponda, caso por caso durante todo el proceso de aplicación de la inmigración de varias maneras”, dijo el portavoz de ICE Shawn Neudauer, refiriéndose a las decisiones tomadas con respecto a arrestos, liberación de custodia durante procedimientos de inmigración y priorización para deportación.

La agencia fue tomada por sorpresa por el anuncio del USCIS que transfirió la responsabilidad de aplazamiento a ICE, según tres funcionarios.

“No fuimos consultados antes de que se hicieran declaraciones a la prensa”, dijo un funcionario de ICE.

No hay un nuevo programa en ICE para aplazamiento médico, dijo otro funcionario de ICE a CNN.

Un portavoz de USCIS defendió la decisión el viernes, diciendo que la medida se hizo porque “no es apropiado que la agencia juzgue las solicitudes de ejecución suspendida que no están claramente asignadas a USCIS en la ley o la política”.

“La agencia ha actualizado sus procedimientos para reflejar eso. USCIS coordinó con ICE antes de este cambio de procedimiento”, agregó el portavoz en un comunicado.

Los legisladores y defensores de la inmigración expresaron su indignación por el cambio.

“A los niños con cáncer, fibrosis quística y distrofia muscular se les dice ahora que deben abandonar el país o ser puestos en manos de ICE. No podemos y no dejaremos que esto permanezca”, tuiteó el senador Edward Markey, un demócrata de Massachusetts.

Según Markey, ICE le dijo a su personal que “obligará a estos inmigrantes a pasar por procedimientos de deportación antes de decidir su destino”.

“Esto hace que una política bárbara sea aún más deshumanizante”, agregó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que disputará el cambio en la corte, junto con otras organizaciones.

“Al terminar repentinamente un programa que protege expresamente a los niños enfermos y sus familias, la administración puede estar enviando personas a la muerte”, dijo Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts.