(CNN) – El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene la restricción a sus eventos para los periodistas de la revista Factum y el periódico digital El Faro, según denunciaron este miércoles los afectados.
El episodio más reciente ocurrió este miércoles cuando al periodista Rodrigo Baires, de la revista Factum, se le impidió el ingreso a la conferencia donde el Gobierno anunció la implementación del Tren del Pacífico.
Se trata de un proyecto ferroviario que, de acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, busca conectar los puertos de Acajutla y La Unión.
“Le dijeron que por orden de la Secretaría de Prensa no podía entrar”, confirmó a CNN César Fagoaga, jefe de redacción de Factum.
LEE: Infografía: la libertad de prensa en el continente americano sigue en deterioro
“Rodrigo Baires pidió ver esa orden y un militar le dijo que no. Me llamó (Baires) y le dije que siendo así se regresara”, agregó Fagoaga.
Sobre este incidente, CNN contactó a la Secretaría de Prensa de la Presidencia pero no hubo respuesta.
Los periodistas de Factum y El Faro no pudieron ingresar el viernes a Casa Presidencial para cubrir el lanzamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de El Salvador (CICIES), que cuenta con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El argumento del Gobierno, que se conoció a través de un comunicado que el propio presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter, es que un periodista de El Faro “irrumpió con gritos, sin motivo alguno y sin control”.
Según el Gobierno, antes ya había ocurrido un “hecho similar” con un periodista de Factum, hechos que los dos medios digitales rechazan.
MIRA: ONU, preocupada por bloqueo a medios en El Salvador
La Secretaría de Prensa tomó la decisión de prohibir su ingreso “hasta que no exista un compromiso firme” de respetar la labor de los periodistas y de la institución, según el comunicado.
La decisión del Gobierno salvadoreño ha provocado críticas de gremios de periodistas y organismos internacionales que califican la medida de atentado a la libertad de expresión y de prensa.