(CNN Español) – La Justicia argentina envió a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción, de acuerdo con el fallo firmado este viernes por el juez Claudio Bonadío.
Se trata de la causa originada por las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, quien relató por escrito los presuntos encuentros del entonces funcionario Roberto Baratta con empresarios y ejecutivos que le entregaban sobres y paquetes de dinero para miembros del los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Baratta es el principal exfuncionario acusado en este caso, quien niega haber participado de cualquier ilícito. Su abogado dijo a CNN que pedirá la nulidad de la causa cuando llegue a un tribunal oral.
La exmandataria y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos siempre negó los cargos y alega ser víctima de “persecución judicial”. Su abogado explicó a CNN que esta decisión judicial no puede ser apelada ante un tribunal superior. Al enviar parte del expediente a los tribunales orales, el juez volvió a pedir además el desafuero y la prisión preventiva de la actual senadora por los delitos de asociación ilícita y cohecho. La solicitud deberá ser tratada por el Senado.
El juez a cargo de la causa también clausuró la investigación contra gran parte de los arrepentidos, empresarios y exfuncionarios indagados por supuestos sobornos en la obra pública. En total, el magistrado envió a juicio a 53 procesados por el expediente central de los cuadernos, a 14 personas por un caso de enriquecimiento ilícito y presunto lavado (que no involucra directamente a Fernández de Kirchner), y a 6 acusados en una causa conexa sobre presuntos sobornos a cambio de subsidios en el transporte público.
Entre los empresarios que declararon haber participado de presuntos pagos ilegales al kirchnerismo entre 2003 y 2015 se encuentra el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. El exdueño de la constructora Iecsa también fue enviado a juicio oral por el caso, junto a otros referentes de las empresas más importantes del país en los rubros construcción, transporte y energía.
Calcaterra declaró como arrepentido en agosto de 2018 y sostuvo que en los pagos que ordenó ejecutar al ex CEO de su compañía —otro arrepentido del caso— no se habría tratado de sobornos sino de “aportes a la campaña electoral”.
Aldo Roggio es otro de los empresarios que confesó pagos indebidos durante el kirchnerismo. El hombre de negocios, cuya compañía tiene a cargo la concesión del metro de Buenos Aires, sostuvo que los pagos fueron entregados frente a las “exigencias” de los entonces funcionarios. Roggio admitió que devolvía el 5% de los subsidios que recibía, en efectivo, periódica y personalmente ante el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien niega las acusaciones e irá a juicio junto a Fernández de Kirchner.
El director de Relaciones Internacionales del grupo Techint, Luis Betnaza, y el exdirector de Administración de la misma multinacional ítalo-argentina, Héctor Zabaleta, también admitieron en 2018 el pago de posibles sobornos para buscar la supuesta intermediación de los Kirchner ante el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para evitar la estatización de la compañía Sidor en aquel país.
Paolo Rocca, presidente y CEO de Techint y uno de los empresarios más reconocidos de Argentina, fue procesado por supuestos sobornos en este caso, pero un tribunal superior revocó la decisión del juez y lo desligó de las acciones de sus ejecutivos. Rocca niega haber tenido conocimiento de los pagos ejecutados por sus subalternos. Sus ejecutivos sostuvieron que lo hicieron para evitar la “expropiación” de la compañía por parte del chavismo.
Sidor es una compañía siderúrgica de Venezuela donde la argentina Techint tenía la mayoría de las acciones. En 2008, fue nacionalizada por el gobierno de Chávez y la multinacional perdió el control de la empresa. La decisión generó un conflicto entre los Rocca y el entonces mandatario venezolano.
CNN se comunicó con los voceros de los empresarios para conocer sus reacciones ante la decisión judicial pero aún no tuvo respuesta.