Nota del editor: John W. Dean es colaborador de CNN y exasesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Richard Nixon. Sígalo en Twitter en @johnwdean. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor.
(CNN) - Le voy a contar cómo fue ser informante de la Casa Blanca.
En 1973, unas pocas semanas antes de mi testimonio ante la Comisión Watergate del Senado, su presidente, Sam Ervin de Carolina del Norte, comenzó a preocuparse por mi seguridad. Había habido una retahíla de amenazas de muerte en mi contra que él sintió no debían ser ignoradas. La comisión había pensado que la policía del Capitolio me protegería durante las audiencias, pero Ervin no creyó que fuera suficiente.
Habló con el recientemente designado investigador especial de Watergate, Archibald Cox, sobre la situación. Existía un programa relativamente nuevo, autorizado en 1970, para proteger a los testigos federales. Estaba dirigido por el Servicio de Alguaciles de EE.UU., una agencia del Departamento de Justicia, que respondía al presidente Richard Nixon. Ervin y el secretario de justicia, Elliot Richardson, confiaron en que si bien yo era un testigo en contra del presidente, los alguaciles protegerían tanto mi seguridad como mi privacidad.
Mi esposa y yo estuvimos de acuerdo. Estuve bajo la protección de dos alguaciles, a veces día y noche, durante los siguientes 18 meses. Esos alguaciles eran profesionales consumados, y estoy seguro de que sus sucesores también lo son. El Servicio de Alguaciles es una organización que se enorgullece mucho de su trabajo silencioso pero eficaz.
Ahora tenemos otro presidente y otro informante. El presidente Trump dice que quiere averiguar quién es la persona que completó una denuncia de 7 páginas en agosto acusando al presidente de “usar el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses del 2020”. Pero gracias a la Ley de Protección del Informante, Trump no tiene el derecho legal de saber el nombre de esta persona.
El secretario de Justicia William Barr, que fue mencionado por el presidente Trump en la llamada telefónica y en la denuncia del informante, se ha rehusado a retirarse de este caso. Entonces su sombra planea sobre las interacciones del Departamento de Justicia con el informante.
El Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, investigó la queja y la halló “creíble” y también de “urgente preocupación”, un término empleado por la Ley de Protección del Informante para designar un “problema, abuso, [o] violación seria o flagrante de una ley o decreto ejecutivo…” Cuando el director nacional interino de Inteligencia solicitó la asesoría del Departamento de Justicia de Barr sobre la conclusión de Atkinson, el departamento no estuvo de acuerdo. Decidió que la Ley de Protección del Informante no era aplicable y que el caso no debía ser investigado penalmente.
Esto es tan inquietante dado el papel destacado de Barr en esos documentos, que el razonamiento del departamento de Justicia lacera severamente la credulidad.
A primera vista, las acciones reportadas por el informante y el memorando de la conversación de Trump con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky se ven como soborno, extorsión y violación de las leyes de campaña. Trump, que estaba reteniendo unos US$ 400 millones en asistencia militar a Ucrania en el momento de su llamado, le pidió a Zelensky un “favor”: ayuda para investigar una desacreditada teoría conspirativa de derecha de que Ucrania, no Rusia, había estado detrás del ciberataque a los servidores de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata.
Trump también quiso que Zelensky investigara si el ex vicepresidente Joe Biden había influido en la investigación del fiscal ucraniano de una empresa para la que trabajaba el hijo de Biden, Hunter. No hay pruebas de conductas delictivas por parte de Joe ni de Hunter Biden.
De hecho, todos estos asuntos han sido previamente investigados sin producir resultado alguno del agrado de Trump, por lo que parece que Trump quería que Ucrania creara una información falsa. Como señaló el informante, el llamado a Zelensky era una clara prueba del uso del poder presidencial por parte de Trump, para obtener una ventaja personal. (Trump ha negado toda conducta delictiva.)
El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, lo comparó con un “chantaje” mafioso. La posición del Departamento de Justicia de “no hay nada malo” es insostenible. Parece que William Barr está profundamente involucrado en intentar desacreditar el trabajo de la comunidad de inteligencia de EE.UU.; una traición extraordinaria y sin precedentes. (La vocera del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, señaló que el presidente “no ha hablado con el secretario de Justicia sobre el hecho de que Ucrania investigue nada relacionado con el ex vicepresidente Biden ni con su hijo”.)
Dadas las circunstancias, es comprensible que los abogados que representan al informante estén preocupados por la seguridad de su cliente, y que le hayan escrito una carta al director nacional de Inteligencia interino en busca de asistencia. Según entiendo, hay solo una entidad federal capaz de brindar seguridad a los testigos: el Programa de Seguridad para Testigos de los alguaciles de EE.UU. Sin embargo, este programa está dirigido por el Departamento de Justicia, y no es probable que Barr le brinde protección a un testigo al que no le cree, de hecho, a un informante o, mejor dicho, a alguien contra quien Trump ya está buscando vengarse.
El presidente Schiff ha expresado públicamente su preocupación por los testigos involucrados en esta investigación, dada la amenaza implícita expresada por Trump de que los informantes deberían ser ejecutados. Schiff debería dirigirse al vicesecretario de Justicia Jeff Rosen, que no parece tener conflicto, para solicitar la protección de los alguaciles de EE.UU. para el informante, y para cualquier otro testigo que se vea amenazado.
David Gergen tenía razón en contarle a CNN que, si algo le ocurriera al informante, será culpa de Trump. Entonces, el Departamento de Justicia no debería alertar al presidente, que abusó de su cargo y que probablemente lo hará otra vez.
No debería publicarse ningún comunicado de prensa. En su lugar, esto debería tratarse de una manera simple y silenciosa. Es difícil imaginar un testigo federal más importante que uno que ofrece testimonio en un procedimiento de juicio político. Ese testigo debe estar protegido.
Traducción de Mariana Campos