(CNN Español) – En Nicaragua, cientos de policías antimotines cercaron este jueves un centro financiero ubicado en el centro de Managua, donde la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia convocó a la llamada “Marcha de la Burla”.
La actividad se convirtió en un plantón demandando la liberación de más de 130 manifestantes opositores detenidos y que el Gobierno considera reos comunes.
Los manifestantes también piden cambios en el sistema democrático y la unidad de todas las expresiones opositoras en el país para poder lograrlos.
También expresaron su solidaridad con el pueblo de Bolivia, donde la Organización de Estados Americanos inicia una auditoría a las elecciones presidenciales del 20 de octubre que dan ganador a Evo Morales y con la cual está en desacuerdo el candidato presidencial opositor Carlos Mesa.
“Estamos aquí protestando por la liberación de los presos políticos, para que dejen de reprimirlos, queremos democracia, como quiere el pueblo de Bolivia, también lo queremos nosotros, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Nicaragua, Cuba, todos queremos la liberación de estos tiranos”, dijo Tyna García, quien participó en la manifestación.
“Es verdad que queremos unirnos, que lo demostremos, que los partidos políticos demuestren de qué lado están es el momento que estuvieran apoyando a la población a la ciudadanía nicaragüense y que nos vayamos todos de frente contra el frente”, dijo Zayda Hernández.
CNN llamó a la Oficina del comisionado mayor César Cuadra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, sobre el operativo realizado jueves en carretera a Masaya, pero no responde a las solicitudes de información.
Desde hace un año, la institución prohibió las protestas opositoras, bajo el argumento que los convocantes alteran el orden público y participaron en lo que llaman fallido intento de golpe de Estado, aunque la reunión y manifestación pacífica son derechos constitucionales.
Nicaragua continúa en una crisis sociopolítica que inició en abril de 2018 y que ha dejado según la CIDH 328 muertos y decenas de miles de exiliados. El gobierno de Daniel Ortega reconoce, oficialmente, 200 fallecidos y ha exhortado a los que llama auto exiliados, sin precisar el número, a regresar al país.