(CNN Español) – El Congreso de Guatemala reformó el Código Penal para otorgar beneficios procesales a procesados por delitos graves, como los de corrupción, entre otros.
Este martes en el pleno y sin mayor discusión, 81 de 158 diputados aprobaron las modificaciones, incluidas la Ley de Aceptación de Cargos, cuya primera versión data de 2017.
La propuesta inicial buscaba disminuir la mora judicial. Los acusados debían aceptar parcial o totalmente los cargos, con garantías y sin generar impunidad,
según publicó en su cuenta la extinta Comisión Contra la Impunidad en Guatemala.
Esta vez, los congresistas aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos con enmiendas que otorgan rebajas a las penas desde un 20% hasta un 50%. Beneficia
a quienes hayan cometido delitos de corrupción, como financiamiento ilícito, peculado, cohecho e incluso lavado de dinero. El beneficio se otorga a quienes decidan colaborar con el Ministerio Público, antes o durante un proceso penal. Gran parte de los casos de la extinta CICIG incluye este tipo de delitos por lo que decenas de exfuncionarios enfrentan cárcel y proceso penal por muchos de estos señalamientos. Con esta medida sus delitos podrían ser conmutables.
Los legisladores excluyeron de estos beneficios a quienes hayan sido acusados de genocidio, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura,
homicidio, parricidio, asesinato, violación, secuestro, extorsión y narcoactividad, entre otros delitos.
Pero mientras esto sucedía dentro del hemiciclo, en el exterior varios miembros de la sociedad civil, diputados electos, activistas y estudiantes de la Universidad de San Carlos protestaban contra la decisión de los diputados.
Manfredo Marroquín, excandidato presidencial por el partido Encuentro por Guatemala, dijo a CNN que con estas reformas “los diputados están creando las condiciones para que Guatemala sea gobernada por las redes criminales y mafiosas”. Marroquín, dice “que esta modificación abre las puertas de las cárceles y también a la impunidad”.
El diputado Leonel Lira, del mismo partido, dijo que votó a favor de esta ley “porque la iniciativa es más fuerte y tiene mayores restricciones y elementos que le dan más fortaleza al Ministerio Público y al Organismo Judicial”.
Aunque los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, esta debe ser publicada en el diario oficial y tres meses después entraría en vigor.
Sin embargo, las cosas podrían cambiar, tal y como sucedió en septiembre de 2017, cuando esta misma legislación modificó el código penal, favoreciendo a quienes cometieran graves delitos, con penas conmutables. Pero un amparo en la Corte de Constitucionalidad frenó la ley antes de que fuera publicada.